Forestalia renuncia a tramitar 800 MW de renovables pero sigue adelante con el 90% de sus proyectos

Forestalia es uno de los grupos que han aprovechado la ventana que ha abierto el Gobierno durante unas semanas para permitir a los promotores de energías renovables renunciar a proyectos en tramitación que tenían pocas posibilidades de prosperar.

Hasta ahora el Ministerio de la Transición Ecológica no ha informado del volumen de megavatios (MW) que se ha presentado ante esa ventana, que se cerró el pasado domingo. Acudiendo a ella, las empresas han podido renunciar a seguir tramitando parques que tenían concedido un punto de acceso a la red, pero eran conflictivos desde el punto de vista ambiental o social, recuperando a cambio los avales que habían depositado como garantía, de 40.000 euros por cada MW previsto.

Forestalia, sobre el papel uno de los promotores más activos, ha renunciado a más de una veintena de proyectos ubicados en Catalunya y Aragón. Según fuentes del grupo, tenían una potencia prevista de más de 800 MW. Su objetivo era abastecer la demanda eléctrica de Catalunya y su tramitación correspondía al Ministerio para la Transición Ecológica (por abarcar dos comunidades autónomas) o a la Generalitat.

La cifra es pequeña si se compara con la que tiene en tramitación el grupo (supone un 10% de su cartera, de 8 gigavatios) o teniendo en cuenta los más de 2.000 MW que se ha adjudicado esta empresa en los últimos años a través de las diferentes subastas organizadas por los sucesivos gobiernos. 

Según fuentes de Forestalia, el desistimiento de esos proyectos no significa que renuncie definitivamente a ellos y obedece a que el grupo entiende que es necesario otro horizonte temporal para ellos: se enmarca en “el interés por explorar vías de consenso con un nuevo plazo de tramitación más amplio, que permita encauzar los procesos de participación y concertación social abiertos de manera más sosegada por parte de todos”.

La pretensión del grupo aragonés de tender cientos de kilómetros de líneas de evacuación para transportar la energía generada por esas instalaciones ha generado un fuerte rechazo social en algunos territorios en los últimos meses, en un momento de creciente sensibilidad por el impacto ambiental y paisajístico de las macroplantas.

Ex altos cargos

Para tratar de vencer esas resistencias, el grupo que preside el empresario Fernando Samper, que forjó su fortuna en el negocio porcino, fichó el año pasado como asesores a tres ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya: los exconsellers Felip Puig y Josep Grau y el ex director general de Energía Pere Palacín.

“La sorpresa fue mía cuando abrí la puerta y me encontré con dos exconsejeros trabajando por una empresa especulativa”, declaró en octubre a Ara Josep Lluís Cusidó, alcalde de Vallmoll, un pueblo de 1.800 habitantes en Tarragona, tras recibir la visita del presidente de Forestalia acompañado de Grau y Puig.

Forestalia, que no detalla a qué proyectos ha renunciado, sí confirma que mantiene otros que también prevén utilizar cientos de kilómetros de líneas para evacuar energía desde Aragón hasta Euskadi. 

Un vistazo al BOE da idea del aluvión de MW que tiene esta empresa en tramitación ambiental. Solo desde septiembre, se han publicado más de una treintena de proyectos promovidos por sociedades de Forestalia que suman más de 7.000 MW y que comprenden cerca de 140 parques eólicos y fotovoltaicos.

Destacan los casi 700 MW de uno denominado PEol-482-AC, que agrupa catorce parques eólicos de 49,5 MW cada uno, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de Teruel y Zaragoza.

Tras irse de vacío en la subasta de renovables celebrada en enero de 2021, Forestalia fue uno de los grandes ganadores de la última convocatoria celebrada hasta ahora, el pasado octubre, junto con Capital Energy, y ya arrasó en las de 2016 y 2017, cuando fue la gran sorpresa.

Como señala diplomáticamente una fuente del sector, el grupo aragonés se ha caracterizado en los últimos años más por su “perfil financiero” que por la explotación de los proyectos. Y en los últimos años se ha especializado en dar el pase a muchos de ellos a terceros operadores, como BP, CIP, Bruc Energy, Repsol, o grupos locales como la constructora aragonesa Sumelzo o los De Yarza, propietarios del Heraldo de Aragón.

También Capital Energy, la gran ganadora de la última subasta con más de 1.500 MW, casi la mitad del total adjudicado, ha renunciado a proyectos conflictivos como los de Lalín (Pontevedra), donde ha desistido de seguir con la tramitación de dos parques eólicos con una potencia conjunta de 112 MW, según anunció el pasado fin de semana el alcalde de esa localidad.

El grupo del empresario Jesús Martín Buezas está analizando “en detalle” la declaración de impacto ambiental desfavorable que publicaba el BOE este jueves para el parque eólico Biota (58,7 MW) que promovía en esa localidad zaragozana.

Invitación del Gobierno

La semana pasada, en vísperas de que venciera el plazo para renunciar voluntariamente a los proyectos, en virtud de un Real Decreto-Ley convalidado esta semana en el Congreso, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio, Ismael Aznar, invitaba a los promotores a desistir de determinados proyectos dado que “recuperar el aval es un incentivo para retirar esos proyectos más conflictivos”.

En declaraciones a El País, Aznar advertía de que “la Administración no puede descartar proyectos porque sí, tiene que hacerlo de manera motivada, y para hacerlo de manera motivada debe seguir unos trámites y contar con un expediente completo: tiene que analizar el proyecto, el estudio de impacto ambiental e incluso la información pública que llega de los procesos de consulta abiertos”.

Para ilustrar el colosal atasco generado en los últimos años, baste decir que en la actualidad el ministerio ha recibido solicitudes para instalar 66.000 MW renovables, de los que menos del 30%, unos 19.700 MW, están en fase de tramitación ambiental, y que están repartidos en 697 proyectos: 467 fotovoltaicos, de los que ni una cuarta parte (113) han llegado a la fase de evaluación de impacto ambiental; 211 eólicos (34 en evaluación); dos hidroeléctricos (en evaluación) y 17 de hibridación (tres en evaluación). Y a ellos se suman los proyectos menores de 50 MW, que tramitan las comunidades autónomas.

En la actualidad hay solicitudes de acceso y conexión a red por unos 150 GW de renovables, pero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) solo prevé añadir hasta 35 GW en 2025 y 60 GW en 2030. Ese atasco ha llevado al sector a pedir subcontratar algunos trámites para agilizar el despliegue de los parques que sí son viables, y el Gobierno, además de abrir esa ventana que acaba de cerrar, ha dado, como pedía el sector, y de común acuerdo con las comunidades autónomas, una moratoria de nueves meses a la caducidad de los permisos que había impuesto para frenar la enorme bolsa de especulación de los últimos años. 

Un plazo extra concedido ante la tesitura de tener que ejecutar los avales de los promotores por no llegar a tiempo a la tramitación, que habría puesto en bandeja una catarata de reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración por no poder cumplir los plazos.