El Gobierno creará una “lista negra” de prácticas prohibidas por ley entre intermediarios y agricultores

Las protestas agrícolas de principios de año dieron lugar a la aprobación, en febrero, de un real decreto de medidas urgentes para evitar situaciones de abuso entre intermediarios y productores.

El punto más importante era la obligatoriedad de firmar un contrato en el primer eslabón de la cadena —de productor a mayorista— que incluyera los costes de producción, de forma que el comprador tuviera que pagar siempre por encima de ese precio. La fórmula pretende evitar la venta a pérdidas en el campo, una de las principales reivindicaciones del sector.

Ahora, el Ministerio de Agricultura ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto por el cual se modificará la ley de la cadena alimentaria de 2013. En ella se adoptarán varias disposiciones de una directiva de la Unión Europea relativas a las prácticas comerciales desleales.

Según ha indicado el ministro Planas en rueda de prensa, el Gobierno ampliará el número de prácticas prohibidas mediante una “lista negra”. En ella estarán, por ejemplo, la cancelación del contrato de productos perecederos en un plazo inferior a treinta días. También habrá una “lista gris”, en la que se incluyen actos como que el comprador exija al proveedor que pague por por la publicidad. El anteproyecto adapta la tipificación y las sanciones a la legislación europea.

Al ser una directiva comunitaria, la nueva ley ampliará el marco de referencia espacial a toda la Unión. “Cualquier transacción en el ámbito de la cadena alimentaria tendrá cobertura no solo española, sino comunitaria”, ha señalado el ministro. Asimismo, se ampliará la lista de productos objeto de cobertura.

La directiva prevé que los Estados miembros designen a una autoridad que garantice el cumplimiento de las normas. En España, esta autoridad será la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA). La AICA tiene capacidad de investigación y sancionadora en las infracciones que encuentre en la cadena alimentaria, aunque las responsables últimas de aplicar esa sanción son las comunidades autónomas. “Las CC.AA son las responsables de aplicar la ley”, ha dicho Planas. Con la nueva ley esto no cambiará, pero la AICA pasará a ser una autoridad de referencia en la Unión y podrá investigar infracciones en el marco europeo.