El ICO pagó la máxima indemnización a dos directivas cuyo cese pudo salirle gratis y luego las volvió a contratar
El Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público adscrito al Ministerio de Economía, se gastó casi 100.000 euros (96.630 euros) en indemnizar a dos directivas cuyo cese, en enero y febrero de 2012, le habría salido gratis de haberse producido sólo unos días después, tras la entrada en vigor de la reforma laboral por la que el Gobierno de Mariano Rajoy abarató drásticamente el despido.
En vísperas de aprobarse esa reforma (en uno de los casos, el mismo día), el ICO cesó a esas dos directivas, que habían sido nombradas por el anterior Gobierno del PSOE, y les indemnizó con el máximo previsto entonces en la legislación para el despido improcedente, 45 días por año, más tres meses de sueldo por falta de preaviso, en virtud de sus contratos de alta dirección. Con la reforma laboral que entró en vigor unos días después, las dos directivas, que a día de hoy todavía están en la empresa pública en cargos inferiores, no habrían tenido derecho a indemnización.
Así se desprende del informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012-2014, publicado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas.
Las directivas despedidas y ‘recontratadas’ por el ICO llevan años en la empresa pública. La primera, Rosario Casero, actual subdirectora de Estrategia y Evaluación, fue directora general de Negocios del banco desde junio de 2008 hasta el 10 de febrero de 2012. Fue cesada el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba la reforma laboral que entró en vigor dos días después. Recibió, según el Tribunal de Cuentas, una compensación de 62.967 euros: 40.525 euros de indemnización por cese y otros 22.422 euros por falta de preaviso.
Por su parte, Susana de las Heras, actual jefa del Área de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del ICO y directora general adjunta a la Presidencia hasta el 17 de enero de 2012, recibió una indemnización de 33.663 euros (22.422 euros por falta de preaviso y otros 11.241 euros de indemnización por cese) tras ser relevada de ese puesto.
Ambas fueron degradadas tras la llegada a la presidencia del ICO de Román Escolano, nombrado por el Gobierno de Rajoy el 5 de enero de 2012. Escolano dejó el ICO en septiembre de 2014 para sustituir a la socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Su sustituta en el ICO fue la exdiputada del PP Irene Garrido, que abandonó el cargo en noviembre pasado para volver a las listas del PP por Pontevedra en las elecciones del pasado 20 de diciembre. Garrido dio paso a Emma Navarro, exjefa de Gabinete del ministro de Economía, Luis de Guindos.
El Tribunal de Cuentas no cuestiona la legalidad de las indemnizaciones a esas dos directivas, pero destaca que si sus ceses “se hubiesen producido sólo unos días más tarde”, a partir del 12 de febrero, “no hubieran tenido derecho a percibir indemnización alguna, ya que se reintegraron a su puesto de trabajo en el mismo ICO”. Los otros dos directivos despedidos en esas fechas (también antes de la reforma laboral) habrían recibido una indemnización “muy inferior”.
Fuentes del ICO señalan que, en el caso de esas dos directoras, “se daba la circunstancia de que eran personal de ICO cuando fueron nombradas, y producido el cese tenían la potestad de reincorporarse a la plantilla”. “En ningún momento el ICO fue advertido del cambio de la normativa en ceses que se iba a producir para poder haber actuado en el retraso de mismos”, aseguran. La reforma laboral de Rajoy se venía anunciando desde su toma de posesión, aunque sus condiciones sólo se desvelaron el 10 de febrero de 2012. Un día antes, De Guindos había prometido en Bruselas que sería “extremadamente agresiva”.
El Comité de Empresa del ICO, muy crítico con estas prácticas, subraya que, en el caso de la ex directora general de Negocios, “también había realizado un curso de formación para directivos de 25.000 euros con cargo al Plan de Formación del ICO”, y destaca que el informe del Tribunal de Cuentas “apunta a retribuciones variables del 36% que se acaban consolidando parcialmente en el fijo de los Directores Generales, que año tras año se embolsaban el máximo de sus respectivos bonus”.
“Las máximas retribuciones y la máxima seguridad que se otorgaron al equipo directivo contrastan con los recortes sufridos por la plantilla, el más reciente de ellos en su carrera profesional. Curiosamente, estos pagos al equipo directivo no fueron cuestionados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) que tanto se afana en recortar los derechos de los trabajadores de los entes públicos (Consorcio de Compensación de Seguros, Puertos del Estado, entre otros) que supervisa”.
“Manga ancha”
El Comité de Empresa señala que el pasado 19 de mayo, en una reunión con la presidenta y la directora de Recursos Humanos, los trabajadores “recriminaron a la dirección su manga ancha para los directivos mientras se vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores que habiendo sido temporales en la casa se les niega el cómputo de esos años para su carrera profesional”.
El Comité subraya “las contradicciones de la CECIR”, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “El mismo órgano que por un lado no cuestiona esas indemnizaciones al equipo directivo, a la vez no permite la reposición e indemnización de esta vulneración de derechos fundamentales a pesar de contar con un informe favorable de la Abogacía del Estado”.
