Los trabajadores de la industria reclaman ante el Congreso una solución al elevado coste energético que amenaza sus empleos

Al ritmo de ¿dónde está el estatuto, el estatuto dónde está?, ¡Energía, solución! o ¡Ministra Maroto no vendas la moto!, los  trabajadores de la industria electrointensiva, que aglutina a sectores como el siderúrgico, el cementero o el químico, se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para reclamar un pacto estatal por la industria que garantice la competitividad del sector, lastrada por el elevado precio de la electricidad en comparación con sus homólogos europeos. Un diferencial que oscila entre los 15 y 20 euros por megavatio-hora (MWH) frente al precio que paga la industria francesa o alemana.

La principal demanda de los sindicatos UGT FICA Federación de Industria, FI-USO y CC.OO de Industria, es la firma del Estatuto de Consumidores Electrointesivos, que el PSOE prometió tener aprobado hace nueve meses y que aún sigue sin hacerse efectivo. Según los sindicatos, el estatuto garantiza un marco jurídico estable para que la industria española pueda acceder a una tarifa energética con la que poder competir con el resto de los países de nuestro entorno.

Tras las reuniones llevadas a cabo con todos los grupos parlamentarios, los sindicatos han trasladado a los trabajadores que el Gobierno les ha trasmitido su disposición a llevar dentro de unas semanas el nuevo estatuto al Consejo de Ministros. “Están llevando a cabo las últimas modificaciones técnicas y pasando los últimos filtros”, aseguran desde UGT. 

“Tenemos un problema muy gordo, nuestras empresas tienen la factura de la luz más cara de Europa. No pueden competir y por ende los trabajadores estamos afectados”, explica Joaquín Barrera, representante de los trabajadores de las cuatro cementeras que operan en Andalucía. Cerca de 1.000 trabajadores que trabajan en 6 fábricas, según apunta Barrera, quién tras las promesa fallidas y alegaciones no se fía mucho de lo que vayan hacer. 

“Es fundamental el estatuto para el futuro de la industria del País. En Euskadi estamos hablando de más de 150.000 trabajadores directos”, afirma Antonio Ríos, secretario general de industria de Esukadi de UGT. “Hay que tratar de que las empresas sean competitivas sino van ha derivar en un recorte en condiciones y salarios para los trabajadores”, comenta Riós. Estos recortes se pueden producir en caso de que decidan quedarse, ya que como apunta el sindicalista, las empresas en las que trabajan no son españolas, son multinacionales. Si se lo ponen más barato en otro país se van a ir. 

Los trabajadores gallegos de Alcoa también apuntan en la misma dirección: “Queremos el precio de la energía eléctrica a la altura de Alemania o Francia. En la industria del aluminio el 40% del coste es energético”, afirma Xosé Paleo, representante en el comité de empresa de Alcoa. “Ahora mismo tenemos una espada de damocles encima, el tiempo corre en nuestra contra y si esto no se soluciona en breve Alcoa va tomar decisiones que no nos van a gustar. Estamos hablando de 2.000 trabajadores directos afectados”, comenta.

Reducción en las subastas

La gran industria también se ha visto perjudicada por una reducción de más de 1.000 MW en las subastas de los servicios de interrumpibilidad. Una herramienta que se activa cuando en el sistema eléctrico no hay suficiente generación (por motivos meteorológicos o económicos) como para satisfacer toda la demanda. A orden del regulador, la denominada gran industria reducce su consumo  para que al resto no les falte electricidad, percibiendo a cambio una retribución económica. Estas compensaciones sirven a las empresas para abaratar el coste total de la energía.

En el manifiesto conjunto “Salvemos la Industria” que los sindicatos han trasmitido a las delegaciones de los grupos parlamentarios se pone de manifiesto esta reivindicación. “Tras los resultados de la última subasta gestión demanda interrumpibilidad, por una parte, y de la falta de medidas concretas que garanticen la continuidad de la industria gran consumidora de energía, ahora más que nunca es necesario que todos los grupos parlamentarios se comprometan a desarrollar legislativamente una política industrial global en nuestro país, desarrollar una estrategia global que garantice la competitividad de la industria española”, reza el texto.

La ministra asegura que esta casi listo

La ministra de Industria Reyes Maroto, adelantó en la presentación de los datos de turismo de 2019, que la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva está tan solo a la espera de unos informes preceptivos. Según la ministra, el objetivo final del nuevo reglamento es que la industria española mejore su competitividad, un elemento que considera “primordial” y uno de los ejes que vertebrará la acción del nuevo Gobierno durante toda la legislatura.

Estas medidas son tuteladas por la Comisión Europea, por lo que el Gobierno también está intentando alinearlo con ese marco de ayudas que establece Bruselas, con el fin de generar certidumbre y que, cuando se apruebe, se haga con todas las garantías. A la espera de los informes preceptivos, entre los que se encuentra uno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Maroto, según recoge Europa Press, pidió confianza y puso en valor las acciones realizadas en la legislatura previa. 

En concreto, aludió al “esfuerzo” de trabajar con unos PGE prorrogados del anterior Ejecutivo, en el que considera que la política industrial estaba “ausente”, como, por ejemplo, el aumento de la partida destinada a las subvenciones para compensar costes de dióxido de carbono (CO2) de los electrointensivos, que pasó el año pasado de los seis millones incluidos en esos presupuestos a los 172 millones de euros, con el fin de atender el 100% de las peticiones.