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La regulación del alquiler y la partida de Vivienda complican la negociación presupuestaria entre el Gobierno y Podemos

La formación que lidera Pablo Iglesias aboga por establecer un índice de precios máximos de subida, tal y como ocurre en Berlín

Consideran insuficiente volver a una duración de los alquileres de cinco años (más tres de prórroga) y proponen contratos de seis años con prórrogas de cuatro

Salvo cambios, el presupuesto siguen siendo los 474 millones presupuestados por el PP, una cantidad que no garantiza una mejor política de vivienda social, advierte la formación morada

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen el jueves en la Moncloa

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados EFE

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Gobierno han incluido las medidas que se quieren adoptar respecto a la Vivienda en las negociaciones abiertas para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Las últimas semanas se han celebrado distintos intercambios de propuestas entre las partes, y aunque la intención es enviar a Bruselas un borrador pactado de presupuestos el 15 de octubre, este lunes la formación morada ha advertido de que "estamos en el no".

Entre las razones para el desencanto de los de Pablo Iglesias, y junto a cuestiones como las pensiones o el salario mínimo, los escasos avances de Vivienda. "El Gobierno se tiene que comprometer a una regulación de precios en zonas tensionadas. No puede ser que los alquileres sigan subiendo", ha defendido el secretario de Organización, Pablo Echenique. 

Lo cierto es que las subidas de precios inmobiliarios, sobre todo del alquiler en las grandes ciudades, es un aspecto que preocupa tanto al PSOE como a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El repunte de los impagos de las cuotas de alquiler por parte de los inquilinos ha hecho aumentar un 1,7% los desahucios practicados en España entre abril y junio, después de cuatro trimestres a la baja, según datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pedro Sánchez anunció una norma para blindar "la función social de la vivienda, configurando la vivienda social como servicio público para garantizar la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional". 

Hay consenso en esta intención de dotar a la vivienda de un carácter social. Sin embargo, sigue habiendo importantes escollos para llegar a un acuerdo en las medidas para alcanzar ese objetivo, explican varias fuentes conocedoras de las negociaciones a eldiario.es. Las principales diferencias se concretan en torno a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que Unidos Podemos pretendería mucho más ambiciosa, y en el propio presupuesto para estas políticas. Otro punto fundamental es cómo limitar las subidas abusivas de precios del alquiler. Unidos Podemos sería partidario de establecer índices de subida máxima de precios, al igual que se hace en Berlín, pero el Ejecutivo parece no estar por la labor. Mientras tanto, estos son algunos de los asuntos que se están debatiendo en esta mesa de negociación sobre Vivienda:

Longitud de los contratos de alquiler

El Gobierno pretende volver a la fórmula anterior a la reforma de la LAU del PP en 2013. De este modo, volverían los contratos de cinco años (frente a los tres actuales) con prórrogas por otros tres. 

Por su parte, Unidos Podemos defiende contratos de seis años con prórrogas de cuatro, en línea con la propuesta del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Esta es una propuesta de mínimos, ya que en realidad defenderían alquileres de mayor duración, sobre todo para los inmuebles propiedad de personas jurídicas.

Coto a las subidas de precios

El Gobierno se decanta por limitar la proliferación de pisos turísticos con una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que faculte a las comunidades de vecinos a vetarlos por una mayoría de tres quintos. Creen que esto tendrá un impacto en evitar las subidas de los precios del alquiler. 

También quieren fomentar la salida al mercado de pisos vacíos (hay 3,5 millones en España, según el último censo del INE). Para ello, contemplan medidas "de estímulo" y otras fiscales. Estudian establecer un régimen distinto para las viviendas vacías de particulares y de determinadas personas jurídicas (normalmente se trata de bancos, fondos de inversión y sociedades).

En Comú Podem considera una "línea roja" el establecimiento de índices de precios para evitar las subidas abusivas de precios del alquiler. Recuerdan que el PSOE se ha mostrado en el pasado a favor de estos precios de referencia, con los que los ayuntamientos pueden determinar cuánto puede subir el precio de un alquiler en una zona concreta sin ser abusivo. 

La idea de Unidos Podemos es que dado un indicador oficial de precios de mercado, los precios pactados por las partes no pueden subir por encima de un determinado porcentaje. Lo que no quiere decir que no crezcan, sino que moderen su alza.

Vivienda social 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció que el Gobierno facilitaría  la puesta en disposición de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles y limitados "en cuatro o seis años". Los inmuebles se levantarán en las ciudades con más tensiones en este mercado y en colaboración con las comunidades y ayuntamientos correspondientes. 

Además, han anunciado que se prohibirá la venta de vivienda protegida a "fondos buitre" y que se intentará evitar la especulación con este tipo de inmuebles.

A Unidos Podemos estas medidas le parecen bien, pero de mínimos e insuficientes. Para empezar porque a su juicio debe aumentarse el presupuesto destinado a vivienda. En la actualidad, según lo aprobado por el anterior Ejecutivo, asciende a 474,24 millones de euros, un 0,2% menos que un año antes.

En cuanto a las viviendas de alquiler social, la portavoz de Vivienda de esta formación, Lucía Martín, le ha señalado en varias intervenciones al ministro Ábalos, que las 20.000 previstas les parecen "absolutamente insuficientes" y que solo en Barcelona se van a construir 5.000 esta legislatura. 

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