“Necesitamos vuestra colaboración”: la CNMC pide ayuda a los funcionarios para detectar concursos públicos amañados

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide “colaboración” a los funcionarios de las distintas Administraciones para detectar posibles manipulaciones de concursos públicos. “Necesitamos vuestra colaboración. Con la competencia en la contratación ganamos todos”, dice el organismo en una guía en la que ha recopilado una decena de posibles indicios de prácticas irregulares en estos procedimientos.

El documento que acaba de publicar en su web contiene un decálogo dirigido a los órganos de contratación con los “principales indicios de manipulación de concursos”. El primero es el reducido número de licitadores: “Si a una licitación se presentan pocas, una o ninguna empresa de las muchas que podrían hacerlo o lo han hecho en pasadas licitaciones”. 

En 2022, año en el que las denuncias de corrupción y fraude en los contratos públicos batieron un nuevo récord, la competencia en las licitaciones públicas en España cayó a mínimos históricos, con 3,22 licitadores por contrato y un récord de concursos públicos con un único ofertante, de en torno al 40% del total, según los últimos datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

En su último informe anual de Supervisión, cuya versión íntegra acaba de publicar, OIReScon, encargada de velar por el buen funcionamiento de la contratación pública en España, dice que, para evitar prácticas colusorias en la contratación pública, debe “ahondarse en la vertiente preventiva de cara a favorecer la competencia en las Administraciones Públicas”, y dotarles “de elementos y conocimientos suficientes en la detección de posibles prácticas colusorias de los licitadores”.

“Por ello, las acciones formativas y divulgativas adquieren en esta materia una especial relevancia”. El folleto que acaba de publicar la CNMC va en esa línea.

El segundo indicio que menciona el decálogo de Competencia para detectar posibles prácticas anticompetitivas en las licitaciones es la presentación de ofertas incoherentes de un mismo licitador: cuando una misma empresa “presenta ofertas con diferencias sustanciales y no justificadas en precios o condiciones técnicas con respecto a licitaciones previas de similar o idéntico contenido”.

Otro posible indicio son las “similitudes sospechosas en las ofertas presentadas”: si varios licitadores “presentan ofertas con idénticos o cuasi-idénticos importes en su oferta económica y/o técnica sin aparente justificación”. 

La CNMC insta a estar alerta a las “sospechas de boicot”: cuando “los licitadores habituales se abstienen de presentar oferta alguna con vistas a lograr una modificación de las condiciones de licitación. Por ejemplo: conseguir que procedimientos abiertos sean declarados desiertos con el objeto de ir al procedimiento negociado”.

Y también son motivos de sospecha las “ofertas no competitivas”: ofertas “falsas”, también llamadas de “acompañamiento” o “de cobertura, que claramente no pretenden ser adjudicatarias y buscan simular concurrencia competitiva. Para ello, se sirven de sospechosos incumplimientos de las condiciones establecidas en los pliegos, o de precios nada competitivos. Pueden ser indicativas de una manipulación de la licitación previamente acordada con los competidores”. 

Un ejemplo reciente es el cártel de las consultoras desmantelado en 2021. En él, las infractoras intercambiaban correos para amañar ofertas y presentarlas “muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…”

El sexto indicio que apunta el organismo son los patrones de comportamiento “sospechoso” entre las licitadoras: cuando “una misma empresa resulta siempre la adjudicataria del mismo contrato, de los mismos lotes, del contrato, en los mismos territorios, o existe una rotación apreciable entre las empresas adjudicatarias”.

El séptimo indicio es la subcontratación no justificada a una tercera empresa. Esto “puede ser una compensación a cambio de no haber presentado una oferta competitiva y, por tanto, a cambio de no competir efectivamente en la licitación”.

También insta la CNMC a desconfiar de las ofertas presentadas por las mismas personas físicas: “Si una misma persona física o jurídica presenta las ofertas en nombre de varias licitadoras, sin relación alguna entre ellas, puede indicar un posible acuerdo para acudir conjuntamente sin rivalizar”. 

Y son sospechosas las ofertas económicas de idéntica redacción, formato o errores, como ocurrió recientemente con los contratos de carreteras que se repartía un cártel en Andalucía en el que participaban, entre otras, Eiffage y Urbaser, y cuyas integrantes copiaban los pliegos de las ofertas sin molestarse en corregir las mismas erratas. 

El décimo indicio sospechoso que menciona la CNMC es la creación de uniones temporales de empresas (UTEs) “sin justificación aparente”. Esta figura “debe ser objetivamente necesaria e indispensable para concurrir a la licitación por razones económicas, geográficas, técnicas u otras según reciente jurisprudencia”.

“Una UTE creada por varias empresas capacitadas para competir individualmente, sin aparente justificación, puede ser indicio de manipulación de la licitación, especialmente si el número de licitadores es muy reducido”.

La CNMC recuerda a los órganos de contratación que están obligados a comunicar al organismo, a través del canal habilitado en su sede electrónica, cualquier hecho o indicio que pueda ser contrario a la libre competencia. Deben hacerlo en cualquier momento de la tramitación de un contrato. Y “es vital” que esos órganos guarden “el máximo sigilo”.

“En ningún caso deberá advertir a los licitadores de sus sospechas, ni de sus contactos con la CNMC, ni de que ha suspendido el procedimiento”. Este órgano, subraya, “es el mejor posicionado para detectar manipulaciones en licitaciones públicas”.

El organismo que preside Cani Fernández recuerda que la contratación pública supone el 15% del PIB de España y que la competencia en este área permite obtener mejores productos y servicios para los ciudadanos. Una utilización más eficiente del dinero público permite “hacer más, destinar recursos a otros sectores y servir mejor al interés general”.