Recetas de la OCDE para que la Autoridad Fiscal evite ser “víctima de sus éxitos”: Presupuesto plurianual, lenguaje llano y más twitter
La OCDE ha efectuado una evaluación externa del principal órgano fiscalizador en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en la que advierte de que hay “un riesgo” de que esta institución “se torne víctima de sus éxitos”. Se refieren a la tentación de rebajar el perfil de quien se encarga de calificar y fiscalizar los presupuestos de todas las administraciones públicas, incluido el Estado.
Para evitarlo, entre otras recomendaciones la OCDE sugiere presupuestos plurianuales, no anuales como hasta ahora, que eviten la posibilidad de que en algún momento la AIReF pueda verse abocada a suavizar su trabajo a cambio de estar adecuadamente financiada. “Se evita que el presupuesto se pueda ligar a presiones políticas” que pongan límite a su independencia, ha dicho el director de Gobernanza Pública de la OCDE, Marcos Bonturi.
Otra de las recomendaciones del organismo internacional es que la AIReF intente hacerse más conocida. Y para eso le recomienda empezar a utilizar un lenguaje menos técnico y más divulgativo en sus comunicaciones, y tener más presencia en medios como Twitter y la televisión.
La AIReF es probablemente uno de los organismos económicos menos acusados de politización en España. A ello han contribuido decisiones como demandar en los tribunales al Ministerio de Hacienda, del que depende, por poner trabas a sus demandas de información, y que no hayan ahorrado críticas al ministro Cristóbal Montoro cuando no han estado de acuerdo con sus pronósticos. Este mismo miércoles, el presidente del organismo, José Luis Escrivá, ha considerado “muy ajustado” que se pueda cumplir con el objetivo de déficit público del 2,2% del PIB en 2018.
La mácula más significativa en el expediente del órgano fiscalizador creado por mandato de Bruselas para garantizar la estabilidad presupuestaria es un informe del Tribunal de Cuentas que a principios de este año detectó supuestos de infracción legal y carencias en materia de gestión. Entre estos problemas, señalaba la falta de publicidad interna de las cantidades recibidas por cada empleado en concepto de productividad o incumplimientos en publicidad de su actividad concursal.
Presupuestos que adolecen de transparencia
Además, la comparecencia ha servido para que Escrivá haga un primer repaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que registró Montoro este martes en el Congreso de los Diputados. A su juicio la reducción del déficit público del 3,07 al 2,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 es una meta “exigente”, cuyo cumplimiento va a estar “muy ajustado” tal y como están diseñados los presupuestos, informa Efe.
En concreto, ha dicho que bajar al 0,7 % en la Administración Central y al 1,1 % en la Seguridad Social va a ser bastante difícil.
A falta de estudiar en detalle el gasto, Escrivá ha avanzado que las proyecciones de ingresos son “realistas, razonables y globalmente plausibles”, y se ha referido en concreto a las de la Seguridad Social, cuyos ingresos estimados cree que están en línea con lo que la AIReF puede anticipar, después de que el año pasado fueran sobrestimados.
No obstante, Escrivá ha criticado que a los PGE les falta mayor información y que adolecen de transparencia, lo que les obligará a pedir mayores aclaraciones al Ministerio de Hacienda.
Respecto al déficit de 2017 (3,07 % del PIB), ha dicho que está en línea con lo esperado y que lo fundamental es no salirse de la senda de estabilidad presupuestaria a medio plazo, dado que el elevado nivel de deuda pública hace que un déficit en el entorno del 2 % del PIB aún no permita generar un margen de actuación suficiente para períodos de “vacas flacas”.
No obstante, ha subrayado que aunque hay que “apuntar” a niveles de deuda más bajos, él “no haría ningún juicio severo” sobre los aumentos de gasto que incorporan los presupuestos de este año, no sólo del Estado sino también de otras administraciones públicas.
En cualquier caso, ha querido dejar claro que la AIReF no juzga las decisiones de ingresos y gastos que responden a políticas redistributivas, ya que su función sólo pasa por ver que las cuentas cuadran y van en la senda correcta.
Ha añadido que las decisiones políticas sobre a dónde dirigir el gasto son competencia del Gobierno y el Parlamento, y que la AIReF no tiene legitimidad democrática para pronunciarse al respecto.
Preguntado por la posibilidad de que las cuentas no lleguen a superar el trámite parlamentario por falta de apoyos, Escrivá ha dicho que lo deseable desde un punto de vista de buen gobierno es que haya nuevos presupuestos, pero ha reconocido que de mantenerse prorrogados los de 2017 podría ser más fácil lograr los objetivos de déficit. Aún así, ha insistido en que la ausencia de presupuestos no puede interpretarse como algo positivo.
