Vivir más para cobrar menos pensión
Una buena noticia: en 1991 la esperanza de vida en España estaba en 77 años y según publicó recientemente el INE, en 2011 alcanzaba ya los 82 años. Una mala noticia: si la esperanza de vida continúa aumentado, los trabajadores se tendrán que jubilar más tarde, los empresarios tendrán que pagar más cotizaciones o se cobrará menos cuantía de prestación.
Esta es la consecuencia de la aplicación del conocido como “factor de sostenibilidad”, una variable que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó introducir con los agentes sociales con el fin de garantizar la viabilidad del sistema en el futuro. Este factor ya se utiliza en muchos países europeos, como Portugal, Finlandia o Alemania, entre otros, y la ley contemplaba que se comenzara a utilizar en España a partir de 2027. De hecho, la nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2013, abría la puerta a que su fórmula de aplicación se desarrollara en diálogo con los agentes sociales, que tenían nada más y nada menos que tres lustros para pensar en cómo podría ser la vía más correcta para utilizar este sistema.
Sin embargo, al Ejecutivo de Mariano Rajoy le urge comenzar a aplicar el factor cuanto antes, para quitarse el “marrón” de tener que revisar cada año las pensiones en línea con la inflación. Después de tres años en los que el los dos Gobiernos no han podido cumplir con sus compromisos en materia de pensiones, al Ejecutivo conservador le apremia frenar futuras polémicas sobre si incumple con los pensionistas, una de sus reservas de voto más importantes.
Por eso, aunque la ley dejaba de margen quince años para aplicar esta variable, el Ejecutivo quiere llevar una propuesta en el primer semestre de 2013 al Pacto de Toledo, el órgano parlamentario encargado de debatir la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Hasta ahora, lo previsto era que una vez que los agentes sociales y el Ejecutivo cerran la fórmula para aplicar el factor, el cálculo sobre su impacto en las pensiones se realizara cada cinco años. Las variables macroeconómicas que se pueden elegir para influir en las pensiones pueden ser no solo la esperanza de vida, sino también la evolución del PIB en los últimos años, o el número de pensionistas que quieren acceder al sistema. En este último caso, la llegada de los babyboomers entre los años 20230 y 2040 marca el momento de más tensión demográfica sobre el sistema de pensiones español, momento para el cual la reforma había previsto tener el factor en pleno desarrollo.
En principio, la intencionalidad de la reforma en vigor era que el factor de sostenibilidad estuviera principalmente ligado a la esperanza de vida a los 65 o 67 años. El número de años de esperanza de vida al nacer o en el momento de la jubilación es significativamente diferente porque influyen elementos como la siniestralidad en la carretera.
Los expertos defienden que estos mecanismos de ajuste automático despolitizan la gestión del sistema y lo ligan a la longevidad, una de las variables que más le afectan. Fuentes gubernamentales dicen que aunque se apruebe este factor la desvinculación con la evolución de los precios no sería completa, sino que se haría algún tipo de aplicación mixta.
El IPC como referencia del sistema
Según acordaron todos los grupos políticos en el Pacto de Toledo en 1995, las pensiones tienen que subir en línea prevista con la inflación, que a raíz de la entrada del euro y hasta el inicio de la crisis se había considerado el 2% por que es el objetivo de precios que se marca el Banco Central Europeo. Sin embargo, esta referencia se ha cuestionado durante los últimos cuatro años ya que el BCE lo contempla como un “techo” en la evolución de precios. Por otro lado, el Pacto de Toledo recogía que los pensionistas tenían derecho a ver actualizar sus prestaciones en línea con la inflación real que finalmente se hubiera registrado. Para ello se toma como referencia el IPC oficial del mes de noviembre.
Por otra parte, el Gobierno está intentando aprobar contrarreloj un Real Decreto que prácticamente elimine la jubilación anticipada y la jubilación parcial. Las prisas viene oficialmente de que no tendría sentido que en enero entrara en vigor una reforma que fuera enmendada casi nada más nacer. Sin embargo, los agentes sociales dicen que lo que pretende Bruselas es cumplir con las condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento firmado con Europa y que aborda también la necesidad de reducir el gasto en materia de pensiones.
Fuentes sindicales recuerdan que la reforma que está a punto de entrar en vigor ya ata muy corto la posibilidad de acceder a la jubilación parcial. En cualquier caso, lamentan la insistencia del Ejecutivo popular de elimiar la jubilación anticipada una figura en la que se refugian muchos trabajadores mayores cuando ya no pueden acceder al mercado de trabajo.
Trabajadores mayores desprotegidos
Así, la reciente reforma recogía dos tipos de jubilación anticipada. Una voluntaria a los 63 años, que indicaba criterios muy estrictos para su cumplimiento y que penalizaba fuertemente al asalariado que se quisiera acceder de forma anticipada, pero también una jubilación a los 61 años pensada para aquellos que habían sido despedidos en edad avanzada.
Los sindicatos advierten de que si se elimina esta posibilidad, miles de trabajadores que se encuentran en este momento en el paro y están a punto de acceder a este tipo de jubilación se quedarían casi un lustro más sin poderse retirar oficialmente, cuando no estarían ya cubiertos por ningún tipo de protección social. Con los datos que maneja CCOO, al menos un 40% de los pensionistas que acceden a los 61 a la jubilación lo hacen con poca (los famosos 400 euros) o ninguna protección social.
Los expertos consultados inciden en que esto no supone un ahorro real al sistema y que solo vale para demostrar en Bruselas que el Ejecutivo hace esfuerzos para alargar la edad efectiva de jubilación. Paradójicamente, España tiene una de las edades efectivas de jubilación más alta de la UE, al arañar casi los 64 años.
