El conserje de un centro de discapacitados de Cáceres, condenado a tres años por abusar de un usuario
El PP de Extremadura ha exigido a la Junta explicaciones sobre lo ocurrido en un centro ocupacional de Cáceres, en el que uno de sus usuarios, con discapacidad y bajo su tutela, sufrió abusos sexuales reiterados por parte del conserje del mismo, también con discapacidad, que ha sido condenado a tres años de prisión.
La diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha pedido estas explicaciones en base a la información que publicaba el diario “El Mundo”, en la que se relata que la condena a esta persona ha sido rebajada de 8 años y medio, que pedía el fiscal, a 3 años, tras un acuerdo entre el gabinete jurídico de la Junta y los abogados del Centro Ocupacional Novaforma, subvencionado por la Junta.
Rodríguez Píriz ha señalado que el Gobierno regional debe aclarar cuál ha sido su actuación en este asunto, ya que “da la sensación que se le ha querido dar carpetazo” al pactar una condena, que, en su opinión, “a todas luces perjudica” los intereses de este joven con discapacidad y al que la Junta tiene la obligación de proteger.
Respuesta de la Junta
La directora general del SEPAD, Consolación Serrano, ha lamentado “la frivolidad” con la que se tratan estos temas y ha recordado que existe una ley de protección de datos, que obliga a la Junta a proteger los datos personales de las personas bajo su tutela “y que el PP parece que no tiene claro”.
Consolación Serrano ha explicado que desde el momento en el que las personas que están al cargo de este joven presentaron la denuncia, la Comisión Tutelar de Menores ha tenido conocimiento de los hechos y ha estado detrás de la defensa de esta persona.
En cuanto a las críticas del PP porque los abogados de la Junta hayan pactado con los del centro ocupacional una rebaja en la condena de cárcel que pedía la Fiscalía, ha precisado que hay que tener en cuenta que el acusado de los abusos sexuales es una persona con discapacidad, una circunstancia que ha influido “a la hora de exigir la respuesta judicial”.
No obstante, ha añadido que sí se consiguió que la cuantía económica recogida en la sentencia (30.000 euros) haya sido casi el doble que la que pedía la Fiscalía, y ha defendido la postura del gabinete jurídico de la Junta porque siempre ha buscado conseguir lo mejor para la persona tutelada.
“Nos parecía que podía ser más favorable para nuestro tutelado, el acuerdo entre los abogados y en principio estamos satisfechos”, ha señalado la directora general del SEPAD.
La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, cree por su parte que “estaría bien que alguien con autoridad” en el PP de Extremadura, que “no es cualquier partido”, pues tiene “una importante representación institucional y también ha sido gobierno de la comunidad”, “revisara las ruedas de prensa de algunos de sus diputados”.
