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El juicio penal contra la mujer que ocupó una vivienda social en Badajoz se celebra a finales de mes

Juliana, vecina de Montijo, pide una vivienda para ella y para su familia tras su desahucio / Jesús Conde

Jesús Conde

Menos de un día ha tardado la justicia en llamar a declarar en vista previa a Juliana, una mujer de 55 años, vecina de Montijo. Desahuciada y en la calle, este martes entró en una vivienda social vacía, propiedad de la Junta de Extremadura en la barriada Suerte de Saavedra en Badajoz, y la intentó ocupar; Manuel Cañada, miembro del Campamento Dignidad, se ha inculpado de ser el responsable del intento.

Se trata de una de las siete mujeres que acampa, desde hace casi un mes en Badajoz, frente a la urbanización donde vive José Antonio Monago, solicitando ‘pan, trabajo y techo’.

La Junta de Extremadura sostiene que Juliana accedió a la casa rompiendo un tabique y produciendo daños por 900 euros, y subraya que Juliana y su marido disfrutaron de una vivienda social en La Roca de la Sierra, que dejaron para irse a vivir en Montijo pero dejando sin pagar 17 años de recibos, y que luego en esa última localidad no se presentó a la reciente adjudicación de viviendas en 2012.

Lleva meses viviendo en el trastero del bloque de pisos del que fue desahuciada en Montijo. Allí permanecen hacinados, sin luz ni agua, algunos de los integrantes de la familia. El espacio es demasiado pequeño para los seis miembros de la familia y parte de ellos (un hijo de 20 años y una hija de 25, con un bebé de 6 meses) han sido recogidos en La Roca de la Sierra por otros familiares. El resto sigue en el desván, durmiendo en cartones, sufriendo las inclemencias del frio, la humedad y el desamparo.

Al Juzgado de lo Penal, el día 27

En la vista previa de este martes, por lo ocurrido en Suerte de Saavedra, ni Juliana ni Manuel Cañada han aceptado el delito de ocupación que se les imputa. Se le instaba a pagar una responsabilidad civil de 961 euros más una multa de 180 euros. Finalmente el Juzgado de lo Penal ha llamado a ambos a juicio para el próximo 27 de febrero, un juicio oral en el que la Fiscalía pide 270 euros de multa, más los 961 euros de responsabilidad civil.

Y es en este sentido en el que los letrados de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas montarán su defensa. José Luis Murillo, abogado de los acusados, ha explicado a este diario que Juliana no le dio ninguna patada a la puerta para acceder al interior, de manera que no aceptan la responsabilidad civil que se les exige.

Además, cuestionan la actuación policial en este caso, que tan solo unas horas más tarde de que Juliana accediera al interior, y sin mostrar ninguna orden judicial, según afirma, “se la llevaron a las bravas, a rastras”.

Manuel Cañada ha mostrado el apoyo explícito de todos los Campamentos Dignidad en el caso de Juliana. “Aquí a la justicia le interesa hablar de orden público, pero no opina del orden social, que implica ver a una familia entera desahuciada, y literalmente en la calle”.

La Consejería de Fomento aclara que el inmueble de Badajoz que ha intentado ocupar Juliana es uno de los pisos vacantes que en los próximos días se van a entregar a las familias que se han presentado al proceso de selección abierto en la ciudad de Badajoz, “respetando todos los cauces reglamentarios”, y cuyas necesidades han sido puntuadas por los servicios sociales municipales y la Junta.

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