Una aseguradora de Gibraltar transfiere 286.000 euros para cubrir los impagos en la subcontrata vasca de ambulancias

La compañía Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited, con base en Gibraltar, ha transferido al Gobierno vasco la cantidad de 286.531,52 euros para afrontar los impagos que sufren unos 80 trabajadores de las empresas privadas subcontratadas por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para el servicio de ambulancias. La UTE dio la espantada en la Nochevieja de 2019, lo que motivó esta situación. Se da la circunstancia de que esta aseguradora, que había expresado a través de un intermediario que no iba a afrontar las obligaciones de los seguros de caución que tenía contratados, realizó la transferencia el 15 de febrero, cuatro días después de que el asunto fuese denunciado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y de que se publicara en los medios de comunicación.

“No es cierto que mi mandante, por sí misma o a través de ningún representante, manifestase a la Administración que no tenía intención de ingresar los importes reclamados. Lo único que solicitó fue tiempo”, expresa María Ruiz López, una abogada barcelonesa que ha contactado por burofax con este periódico en nombre de Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited. Ello contradice la versión oficial del Gobierno vasco, que dio a entender claramente en un informe que las empresas no pagaban y que no había modo de ejecutar un aval no ya en el extranjero sino, después del Brexit, fuera de la Unión Europea. Es más, se recalcaba que está “en la lista de entidades británicas que dejan de estar autorizadas para suscribir nuevos contratos en España desde el 1 de enero de 2021”. Esta letrada insiste en la suya es una compañía “de elevado prestigio y reputación intachable” y que “en estos años no ha dejado de hacer honor a una sola de sus obligaciones”. “Ha emitido a lo largo de los últimos años centenares de pólizas de seguro de caución, en garantía de todo tipo de obligaciones adquiridas por empresas del sector privado frente a Administraciones públicas locales, autonómicas y estatales”, insisten.

Según fuentes judiciales, hay constancia de la transferencia pero el dinero no ha llegado a las cuentas del juzgado de Vitoria que analiza la mayoría de reclamaciones de los trabajadores, por lo que formalmente aún no han cobrado. Como en febrero, el dinero que ya ha sido recuperado procede de otros embargos a una de las empresas implicadas, Ambulancias Maíz, procedentes de facturas para Fremap o para la Sanidad pública aragonesa. Sin embargo, cobran con normalidad por otros trabajos con la Administración vasca. “Probablemente no se llegará a cobrar toda la deuda”, explican desde la defensa letrada de los trabajadores afectados, que confirman que, por el momento, no han recibido nada del dinero transferido desde Gibraltar. En todo caso, añaden: “Es llamativo que, después de tanto tiempo esperando, se hayan movido cuando ha salido en el Parlamento y en prensa”.

Por otro lado, Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited deja claro que quiere recuperar el dinero. “Debo apuntar que ya se han iniciado las correspondientes acciones judiciales frente a las empresas tomadoras de la póliza de seguro para recuperar las sumas que mi mandante ha abonado a la Administración pública”, explican sus abogados, que se esfuerzan en dejar claro que las responsabilidades son de la UTE subcontratada y no de esta compañía.