Acordar era el objetivo

En la Comisión de Educación del Parlamento de Vitoria se viene trabajando estos últimos días con el informe que el Consejo Escolar de Euskadi elaboró sobre el documento 'Bases para el Acuerdo', emitido por la Consejería de Educación a lo largo del curso pasado. Con ese motivo, y en el caso de CCOO Irakaskuntza, invitados por el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, acudimos en calidad de agente socioeducativo con presencia en ese órgano consultivo de la educación vasca.

Según la propia propuesta y el protocolo que marca el funcionamiento de la citada Comisión, dispusimos de poco más de una hora para exponer e intercambiar con el resto de grupos parlamentarios la posición de nuestro sindicato, crítico con el informe del Consejo Escolar que avaló el documento del Departamento y que provocó nuestra presentación de voto particular.

La argumentación empleada respondió a dos objetivos de fácil comprensión. Uno: desmontar la explicación departamental de que estábamos ante un documento que recogía las cuestiones básicas que deben acordarse en el inicio de una negociación plural y abierta; dos: valorar el alcance de la aprobación del Informe del propio Consejo Escolar a tenor del resultado final obtenido.

Para explicar el primer planteamiento, a lo largo de unos veinte minutos fuimos desgranando las cincuenta páginas del documento Bases para el Acuerdo, producto final al que habían llegado cinco grupos de misteriosos expertos y expertas, designados por la administración educativa para iniciar ese trabajo. De este hecho provino nuestra primera crítica, al empeñarse la Consejería en ocultar el nombre de las personas que pese a ser –teóricamente- especialistas en el mundo educativo vasco- permanecían en el más oscuro anonimato.

No era un buen comienzo. A la escasez informativa sobre la composición de los grupos se sumaba la limitación de los temas propuestos. Que no se entrase a valorar la importancia de la segregación escolar actual, la financiación, el futuro del mapa escolar actual, la relación entre las dos redes educativas vascas actuales,… señalaba nítidamente por qué caminos quería el Departamento de Educación transitar y cuáles ignorar sin saber durante cuánto tiempo.

Nuestro siguiente paso fue analizar el documento presentado a partir de ideas señaladas en la presentación por la propia consejera. Señalo dos: el amplio consenso obtenido con la ley actual, la de la Escuela Pública Vasca de 1993 –no queda claro si como espejo en el que medirse o como meta imposible de alcanzar- y la fe del equipo político actual en los valores de Heziberri 2020, ignorando las críticas realizadas por las organizaciones sindicales y educativas representantes de la escuela pública vasca.

El documento Bases para el Acuerdo se estructura en torno a cinco principios (Modernización del sistema, Convivencia, Evaluación, Lenguas y Autonomía de centros) que siguen un patrón común (Punto de partida, Objetivo general y Principios fundamentales). Así, el producto final presenta 20 retos imprescindbles (¿únicos?) para poder acordar, consensuar el inicio de una nueva ley educativa, fin último que persigue esta estrategia.

En el primer principio se insiste en la necesidad de modernización a partir de generar una cultura organizativa proclive a la innovación, pero se detiene en ese punto, sin dar pistas de cómo lograrlo y haciendo recaer el peso de tal transformación en el profesorado, instalando la idea de revisar su perfil competencial para empoderarlo y prestigiarlo. ¿Cabe suponer, entonces, que la ausencia de apoyos explícitos actuales de la administración hacia este colectivo es consecuencia de considerarlo incompetente, sin empoderamiento y desprestigiado? ¿Se pretende modernizar el sistema sólo con los cambios señalados? ¿Dónde quedan ideas de modernización de la gestión, de la inspección educativa, de los equipos de apoyo? ¿Alguien está analizando las razones por las que no se completan las convocatorias de comisiones de servicios en los berritzegunes? ¿Por qué no aparecen personas dispuestas a solicitarlas?

Con todo, la parte más sangrante de este punto es la referida a detallar el nuevo perfil docente. Quien decida dar un paso para desarrollar sus competencias y habilidades en la educación vasca deberá poseer un amplio abanico de estrategias y habilidades, tales como la estimulación, la orientación, la gestión de la diversidad, el uso de las nuevas tecnologías, dominio de varias lenguas, la coordinación con otros docentes y el desarrollo de una visión ética frente al alumnado. Y bien, ¿qué piensa la Administración educativa que se está haciendo día tras día en sus aulas? ¿Sospecha que deberemos esperar a que la nueva ley esté en vigor para descubrir que se hace lo mismo que con la anterior? Por cierto, ¿por qué no se ha recogido ni una sola recomendación de la necesidad de modificar los currículos actuales de las Escuelas de Magisterio y de las Escuelas de Educación que forman a personas futuras docentes?

El reto de la Convivencia es un dechado de buenas intenciones hacia las ventajas de la sociedad plural, pero no incide ni una sola vez en la situación actual de segregación educativa entre las dos redes –pública y concertada- a la hora de escolarizar a la población inmigrante, ni –lo que es peor- en cómo erradicarla. Faltan, además, referencias concretas en este apartado para intentar solucionar los problemas de convivencia en las aulas. Qué hacer con conatos racistas, cada vez más abundantes, con la xenofobia, con la incitación al odio, o con la degradación de la mujer o de religiones no cristianas, por señalar algunas de las realidades que nos muestra la lectura de la prensa diaria.

Este apartado también produce sonrojo a cualquier profesional docente despierto en lo referente a la admisión de alumnado mediante los mecanismos de acceso garantizados. Y es que es contradictorio reconocer que no están equilibrados en estos momentos y seguir confiando en que, sin introducir cambios, sean las actuales Comisiones de garantías las que realicen esta función. ¿Se puede aceptar que salgan voces desde la red educativa concertada -desde las ikastolas- reconociendo que podrían aceptar más alumnado inmigrante si desapareciese el sistema actual de modelos lingüísticos, cuando de facto ya está superado? ¿Por qué calla la Administración educativa ante tal discurso, en vez de explicar las dificultades que desde esta red se imponen continuamente para aceptar tales colectivos? ¿Para cuándo un estudio realista que profundice en el itinerario de escolarización seguido durante cuatro, cinco años por estas familias inmigrantes que inicialmente fueron asignadas a centros concertados? ¿Cuántas se mantienen en tales centros y no acaban recalando en la red pública?

Del reto de las Lenguas, señalar dos rápidas constataciones que aparecen en el documento de Bases: la primera, la preocupación –compartida- de que el euskera no consigue expandirse más allá de las paredes escolares, aunque se vislumbre una sociedad futura en veinte años euskaldunizada en más del 90% de su población. Quizás sea el momento de buscar soluciones para afianzar ese proceso de euskaldunización tan rápido que la sociedad vasca exigió al profesorado, pero que no ha ido paralelo en el resto del sector público.

La segunda, aunque parezca innecesaria por creerse superada, sigue generando controversia. El mundo nacionalista ha tenido tiempo de acostumbrarse a convivir con el castellano, no solo en cuanto a idioma cooficial vasco que avala el propio Estatuto de Autonomía, sino para incluirlo también dentro del concepto amplio de integrante de cultura vasca. Chirrían notablemente en pleno siglo XXI la exclusividad del término vasco únicamente hacia lo que se mueve en torno al mundo del euskera.

Sobre el reto de Evaluación, consignar que ha sido el más transformado por el grupo de trabajo que analizó el primer borrador que se le entregó, lo que redunda en su favorable visión final. La mención última (conseguir un marco propio de evaluación que mejore nuestro sistema educativo) debe pasar inexorablemente por integrar a todos los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnado, profesorado, currículo, direcciones, centro escolar, familias, comunidad y sistema educativo). Es de lo más satisfactorio de las 50 hojas analizadas del documento, si no se queda solo en teoría.

La autonomía de los centros es el último reto del estudio. Todo el apartado se mueve en la ambigüedad de teorizar entre las ventajas de potenciar tal facultad y la escasez de la práctica conocida. Es curioso que se acuda a esta cuestión –prácticamente un mantra ya de los distintos sistemas educativos- cuando una prueba sencilla como es realizar un cuestionario entre los centros para conocer los limites que debería tener no aparece nunca entre las prioridades de la Administración (Para profundizar, Larruzea, Gonzalo 'La autonomía de los centros escolares. Análisis y propuestas en clave de servicio público y equidad'. Círculo Rojo, 2013). Además se ignora que la autonomía de centros está ampliamente tratada, aunque no desarrollada en la ley de 1993, actualmente en vigor y que bastaría, en un primer momento, con implementar lo establecido en la citada norma.

En conclusión, el documento Bases para el Acuerdo, que se está analizando en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, es un intento fallido para concitar consensos entre la comunidad educativa. Cuando deliberadamente cuestiones como la financiación y su distribución entre redes, el futuro del entramado normativo o la segregación escolar se deciden orillar de análisis en esta fase, se está menospreciando el papel que los distintos agentes educativos y sociales debemos jugar. La consejera no puede pretender alejarse de críticas como las que recibió el Partido Popular en la fase de elaboración de la LOMCE (no consensuada, ajena a la realidad escolar, centralizadora…) actuando de la misma manera. No es de recibo lanzar a los cuatro vientos el argumento de que la Consejería cuenta con el aval de la comunidad educativa –a través del informe favorable que emitió el Consejo Escolar de Euskadi, donde votó en contra la totalidad de consejeros/as representantes de la Escuela Pública actual- cuando cuestiones tan significativas para el futuro de la educación vasca como las señaladas anteriormente estén sin tratar.

O quizás, sí. Quizás la pretensión última, no confesada, sea construir un consenso falso, que evite la confrontación y disparidad de ideas, que no busque polemizar para evitar la afloración de diferencias molestas que puedan desencadenar una tormenta política y mediática en este final de legislatura tan preelectoral. El tiempo nos dirá por cuál de estas tendencias se inclina el Departamento de Educación.

Pero, no se nos olvide: acordar era el objetivo inicialmente buscado. Y no se ha conseguido.