Declive del patronato de Urdaibai

Urdaibai está perdiendo su protección poco a poco. El riesgo avanza silencioso: se debilita la estructura encargada de protegerla, se reduce su capacidad técnica y se impulsan propuestas para modificar los usos del territorio. La pregunta ya no es solo si existe un deterioro administrativo premeditado, sino si se está preparando, paso a paso, un cambio de modelo que relega la conservación a un segundo plano. La Ley 5/1989 establece en su artículo primero un mandato inequívoco: proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, la flora, la fauna, el paisaje, las aguas, la atmósfera y los ecosistemas de Urdaibai. No es una declaración decorativa. Es la razón de ser de la Reserva y debería orientar y condicionar todas las decisiones sobre su futuro. Se perciben señales inquietantes: faltan proyectos ambiciosos de restauración ecológica, no se conoce una estrategia clara que sitúe la conservación en el centro de la gestión, persisten dudas sobre la actividad sancionadora y sigue pendiente la revisión integral del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). A todo ello se suman cambios en la dirección y en la plantilla que, considerados en conjunto, dibujan una tendencia difícil de ignorar.

Me explico…El caso de la dirección es especialmente revelador. Nicolás García-Borreguero cesó como director-conservador con efectos del 21 de diciembre de 2024. En esa misma fecha pasó a ocupar la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno vasco. No corresponde atribuir intenciones sin pruebas, pero la secuencia plantea una pregunta inevitable: ¿por qué se prescinde de quien dirigía la Reserva y, al mismo tiempo, se le sitúa al frente de una dirección ambiental del propio Gobierno vasco, mientras la plaza que deja en Urdaibai continúa sin cubrirse de forma estable? Desde febrero de 2025, la dirección de la Reserva permanece en manos de un responsable provisional, sin que se haya convocado la plaza para su cobertura definitiva. La provisionalidad se prolonga mientras se toman decisiones relevantes sobre el territorio. No parece una forma razonable de garantizar continuidad, liderazgo ni estabilidad en la gestión de un espacio protegido. ¿A quién beneficia que una responsabilidad tan central permanezca sin una dirección titular? ¿Acaso preocupan los perfiles independientes, vocacionales y realmente comprometidos con el medio ambiente que pudieran presentarse a ese puesto?

Los cambios en la plantilla apuntan en la misma dirección. Se ha confirmado la amortización de una plaza de técnico de medio ambiente para reforzar el perfil arquitectónico. No se trata de enfrentar profesiones, puesto que una Reserva necesita conocimientos diversos. Sin embargo, los organigramas también reflejan decisiones políticas y, al modificar la composición de un equipo, cambia su capacidad de gestión y sin duda, tiene consecuencias. Reducir el perfil técnico ambiental debilita la vigilancia, la elaboración de informes y la capacidad de organizar y proteger la Reserva. Este tipo de decisiones resulta difícilmente justificable cuando hablamos del órgano encargado de gestionar la única reserva de la biosfera que tenemos en la comunidad autónoma. Todas estas decisiones deberían ir acompañadas de explicaciones públicas sobre el rumbo de la institución. En cambio, predominan el silencio y la discreción, lo que transmite la impresión de que, muy a su pesar, las instituciones se ven obligadas a mantener vivo el órgano gestor, aunque sea mediante soluciones provisionales y paliativas. En un momento en que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad ocupan un lugar central en el debate público, haría falta valentía para explicar con sinceridad qué importancia se concede realmente a un órgano que, dependiendo de quién lo dirija y de la orientación que adopte, puede no plegarse a los intereses institucionales. En este caso, el Patronato pierde todo interés para las instituciones y pasa a ser, una piedra en el camino. El Patronato no es un órgano ornamental. La ley le encomienda velar por los fines de la Reserva, promover actuaciones para defender sus valores, informar sobre el PRUG y sus revisiones, y pronunciarse sobre planes, proyectos y usos que afecten al territorio. Sin embargo, preocupa que su papel parezca cada vez más limitado mientras se impulsan desde otros ámbitos decisiones que condicionan el futuro de Urdaibai. Una Reserva no se protege únicamente manteniendo una ley en vigor: necesita instituciones con capacidad real para aplicarla y hacerla cumplir.

Y, en relación con ese deber de hacer cumplir la ley, sería conveniente conocer qué ocurre con los expedientes sancionadores y con los informes solicitados por particulares, asociaciones o municipios que acuden al Patronato en busca de autorización, asesoramiento u orientación. Un caso especialmente relevante es el de los municipios que tramitan sus planes generales de ordenación urbana. Murueta, por ejemplo, se encuentra redefiniendo su planificación urbanística tras la anulación del proyecto Guggenheim Urdaibai. En estos momentos está tramitando la adenda correspondiente a la parcela ocupada por Astilleros de Murueta, una zona de gran valor ecológico sobre la que sería importante conocer el criterio del Patronato. En este contexto surgen preguntas que merecen respuesta: ¿cuántos expedientes se han iniciado, tramitado y resuelto? ¿Llegan a los ayuntamientos los informes técnicos elaborados por el Servicio de la Reserva? ¿En qué plazos? La transparencia no es opcional. Una norma que no se controla pierde capacidad protectora; un informe que no llega a tiempo deja de influir en las decisiones.

Otra cuestión pendiente es la revisión integral del PRUG. Pese a que el plan vigente fue aprobado en 2016 y ha experimentado modificaciones posteriores, sigue faltando una revisión global que responda a las necesidades actuales y futuras de la Reserva. Urdaibai necesita una visión a largo plazo: qué ecosistemas deben recuperarse, qué presiones pueden soportar y qué actividades son compatibles con sus valores. La planificación debe anticiparse a las demandas y garantizar que la economía se adapte a los límites ecológicos, no que la protección se acomode a cada nueva oportunidad económica, por mucho que esta se presente bajo la etiqueta de proyecto de interés superior. En este contexto debe entenderse la proposición de ley presentada por el PNV y el PSE en junio de 2026 para simplificar y agilizar procedimientos relacionados con la actividad económica sostenible. La iniciativa también modifica la Ley de Urdaibai y plantea cambios en determinados usos del estuario, entre ellos la navegación recreativa y las instalaciones náuticas. Resulta difícil comprender tanto el objetivo perseguido -abrir la puerta a usos que la legislación vigente de Urdaibai no permite- como el procedimiento elegido, que vuelve a situarnos ante la lógica del “sí o sí”. Se pretende modificar la ley específica de la Reserva sin que se haya consultado previamente al Patronato ni se haya contado con el conocimiento técnico de los expertos que participaron en las comisiones. Se opta por una mayoría parlamentaria que puede aprobar la iniciativa, pero que no debería sustituir la búsqueda de un consenso amplio en una cuestión tan sensible. ¿Qué sentido tiene modificar las reglas de protección de Urdaibai sin escuchar previamente al órgano llamado a velar por sus valores? No se trata de atribuir al Patronato un poder de veto que no tiene, sino de exigir que su conocimiento técnico y su función institucional se tengan en cuenta antes de cambiar las reglas. Está en juego, además, el espíritu de consenso político que hizo posible la Ley de 1989. La coincidencia de estas decisiones no demuestra por sí sola la existencia de un plan deliberado. Pero tampoco puede despacharse cada una de ellas como un hecho aislado. Si no se cubre de forma estable la dirección, se reduce el personal ambiental, se refuerza otro perfil, el Patronato pierde protagonismo y, al mismo tiempo, se promueven cambios en los usos del territorio, el efecto conjunto puede ser un desplazamiento progresivo del modelo de protección. Las intenciones deben demostrarse con hechos; las decisiones y sus consecuencias, en cambio, deben examinarse con rigor. Por eso es legítimo preguntarse si estamos ante un declive intencionado y exigir explicaciones.

Si la finalidad de Urdaibai es proteger y recuperar sus ecosistemas, ¿por qué las decisiones que condicionan su futuro parecen dedicar tanta energía a facilitar nuevos usos y tan poca a reforzar los instrumentos de conservación? Defender Urdaibai no significa estar en contra de la actividad económica ni del desarrollo de la comarca. Significa recordar que el desarrollo sostenible sólo existe si respeta los límites ecológicos del territorio. Hacen falta más garantías, no menos. Empecemos por cubrir de forma estable la plaza de director-conservador, mantener y reforzar la capacidad técnica ambiental y confiar en el buen hacer de los mismos que son los que saben, publicar los datos sobre vigilancia y sanciones, garantizar que los informes se tramiten y lleguen a sus destinatarios en los plazos adecuados, devolver al Patronato una función activa y transparente e impulsar una planificación centrada en la restauración ecológica. Cualquier modificación legal debe contar con información pública, una evaluación rigurosa y una participación efectiva.

Urdaibai no necesita que la conservación siga figurando en los discursos. Necesita que vuelva a ser la prioridad real de la gestión, de la planificación y de las decisiones políticas. Urdaibai solo hay una. Protegerla es obligación de todos.