Guggenheim Urdaibai: deberes pendientes

La paralización definitiva del proyecto Guggenheim Urdaibai ha sido presentada por las instituciones como una decisión técnica, casi inevitable, fruto de obstáculos administrativos, judiciales y ambientales. Así lo explicaron Etxanobe y Bengoetxea, diputada general y vicelehendakari y consejera de cultura del gobierno vasco, junto a la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es lo que dijeron, sino lo que decidieron no decir.

En ninguno de los discursos y declaraciones posteriores, se reconoce el factor determinante que ha hecho inviable el proyecto: el rechazo social sostenido, organizado y articulado por la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop. Durante tres años, hemos advertido de los impactos ecológicos, legales y socioeconómicos del proyecto, hemos llenado las calles, hemos recurrido al mundo de la ciencia, la cultura y a los tribunales y hemos demostrado que este proyecto no contaba con legitimidad social participando activamente en el proceso de escucha y dejando dicho rechazo documentado. Ignorar este hecho no es un descuido: es una decisión política.

Reducir la caída del proyecto Guggenheim Urdaibai a problemas “técnicos” es una forma elegante de eludir responsabilidades. Las dificultades administrativas, judiciales o de descontaminación no aparecieron de repente. Eran conocidas desde el inicio. Aun así, se insistió en que el museo se haría “sí o sí”, despreciando la opinión ciudadana, minimizando las advertencias científicas y despilfarrando dinero público en busca de dicha viabilidad.

Cuando ahora se apela a su inviabilidad, se está reconociendo implícitamente que se impulsó un proyecto sabiendo que no cumplía las condiciones básicas para ser viable. Sabiendo que era ilegal.

En ese contexto, conviene recordar uno de los discursos más reiterados por las instituciones para defender el proyecto: la supuesta restauración ambiental que traería consigo. Representantes de distintas administraciones insistieron en que el Guggenheim Urdaibai permitiría intervenir sobre zonas contaminadas, especialmente la parcela ocupada por Astilleros de Murueta, situada en zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Itxaso Atutxa nos dijo que el museo acabaría con el Astillero, porque este solo era una “chatarra” y “amenaza ecológica” para la reserva. Se llegó a presentar el museo como la vía para desbloquear una situación ambientalmente inaceptable desde hace décadas. El mensaje era claro: el museo era el único camino a la restauración.

Hoy, el proyecto no existe. Y con él parece haberse desvanecido también ese compromiso. La pregunta es inevitable: ¿qué compromisos concretos existen ahora para garantizar la salida del astillero de la zona núcleo, tal y como exigen la normativa ambiental, la lógica ecológica y el sentido común? El riesgo es evidente: que el Guggenheim Urdaibai haya sido utilizado como coartada política para una restauración que nunca se quiso afrontar de forma directa y sí como un negocio expeculativo.

Conviene decirlo con claridad: la permanencia de una actividad industrial pesada en el corazón de una Reserva de la Biosfera es incompatible con sus objetivos de protección. No es una opinión ni una posición ideológica. Es un hecho respaldado por la legislación ambiental, por la ciencia y por los propios criterios de la UNESCO…y hasta el 16 de diciembre,también por todas las instituciones gobernadas por el PNV. Si durante años se reconoció implícitamente este problema —al prometer su corrección a través del museo—, ahora no es aceptable fingir que deja de existir solo porque el proyecto “cultural” ha caído.

Pero hay además una cuestión que sigue sin una respuesta clara y que resulta ineludible: ¿qué va a pasar con los 80 millones de euros de dinero público que estaban comprometidos para este proyecto? La Diputación Foral de Bizkaia “blindó” 40 millones de euros para cuando se construyera, y el MITECO otros 40 millones, de los cuales una parte sustancial estaba destinada al derribo, la descontaminación y la restauración ambiental de los terrenos que ocupa actualmente Astilleros de Murueta SA.

Durante años se justificó el Guggenheim Urdaibai como el motor económico de la comarca y como una oportunidad para la regeneración ambiental de Urdaibai. Si ese diagnóstico era real —y no un simple argumento defensivo—, entonces ese dinero debe ser invertido donde estaba la supuesta prioridad: en la comarca. No vale ahora desviar los fondos ni diluirlos en partidas genéricas sin impacto real en Busturialdea.

La ciudadanía tiene derecho a exigir que los 40 millones de la Diputación se inviertan en proyectos públicos, sostenibles y consensuados en la comarca. Y tiene el mismo derecho a exigir que la parte proporcional de los fondos del MITECO destinada a la descontaminación de la parcela astillera se ejecute igualmente, con o sin museo. La mejora ambiental de una Reserva de la Biosfera no puede depender del éxito o fracaso de un proyecto “cultural”.

Si las instituciones quieren cerrar este episodio con un mínimo de credibilidad, deben hacerlo cumpliendo lo prometido: invertir en Busturialdea, ejecutar los fondos comprometidos, proteger la Reserva de la Biosfera y garantizar la recuperación de la zona núcleo de Murueta, incluida la salida del astillero. Todo lo demás será confirmar que la “restauración” nunca fue el objetivo, sino solo el argumento. Y esa, más que la caída de un proyecto, sería la verdadera derrota institucional.