Reducir el debate del Guggenheim Urdaibai a lo técnico es eludir la responsabilidad política

Las recientes declaraciones de la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe en las que pone en duda la viabilidad del Guggenheim Urdaibai a corto y medio plazo por los problemas judiciales, administrativos y de descontaminación que enfrenta el proyecto, merecen una reflexión más profunda. No por lo que dicen, sino por lo que callan. Reducir un asunto de tal magnitud a una serie de obstáculos técnicos es, en el fondo, una forma de evasión política. Hablar solo de plazos, permisos o complejas descontaminaciones convierte un debate de enorme trascendencia ambiental, social y democrática en un mero problema de gestión burocrática. De ese modo, se evita abordar la pregunta de fondo: ¿debe realmente construirse un museo en una Reserva de la Biosfera?

La ausencia de toda referencia al manifiesto firmado por más de 370 científicos de 31 países resulta también especialmente llamativa. Ese documento, por su autoridad y alcance, debería haber sido argumento suficiente para cuestionar la idoneidad del proyecto. Sin embargo, las instituciones prefieren centrarse en los obstáculos técnicos, eludiendo el verdadero fondo del problema: la incompatibilidad del proyecto Guggenheim Urdaibai con la conservación de la Reserva de Urdaibai y el cumplimiento de sus figuras de protección. Si las decisiones públicas no se sustentan en la evidencia científica, ¿en qué se basan entonces?

Al mencionar el proceso de escucha ciudadana promovido por las propias instituciones, se habla con contundencia de la no obligatoriedad de las instituciones de poner en marcha dicho proceso. Es un acto de bondad política… El primer informe del proceso muestra un rechazo mayoritario al proyecto y una clara percepción generalizada de falta de transparencia por parte de las instituciones. Restar importancia a dicho resultado o tratar el proceso como una mera formalidad dejando en todo momento claro que no será vinculante ni tenido en cuenta en la toma de decisiones, es un gesto profundamente antidemocrático.El Convenio de Aarhus obliga a garantizar una participación ciudadana real, no decorativa. Decir que se “escucha” al pueblo para luego ignorarlo es, sencillamente, propaganda institucional. Hablar de viabilidad sin hablar de sentido es manipular el debate.

Discutir si el Guggenheim es “posible” mientras se evita discutir si es pertinente, necesario o sostenible demuestra una peligrosa desconexión entre política y realidad social, apetencias privadas y necesidades públicas. Los problemas técnicos no son casuales ni inevitables: son consecuencia directa de haber querido imponer un proyecto en un territorio protegido, sabiendo desde el principio sus limitaciones legales y ecológicas. El verdadero debate no es si el Guggenheim Urdaibai puede construirse, sino si tiene sentido hacerlo. Y mientras las instituciones sigan evitando esa reflexión, seguirán demostrando que lo técnico no es más que un escudo para ocultar una decisión política tozuda y equivocada.