Murueta: urbanismo a la carta

En Murueta no ha cambiado ni el valor del territorio, ni la legislación que lo protege, ni la realidad ambiental que lo define. Lo que ha cambiado, de forma llamativa, es el discurso político. Y, más recientemente, algo aún más preocupante: el intento de reescribirlo. Porque ahora, con el nuevo movimiento del PGOU (Deia, 21-04-26), el Ayuntamiento de Murueta sostiene que el plan “no responde a proyectos externos”. Una afirmación que, vista de forma aislada, podría parecer razonable. El problema es que llega después de varios años en los que el planteamiento urbanístico estuvo claramente condicionado por uno muy concreto: el Guggenheim Urdaibai. Y ahí es donde la memoria importa.

Murueta no es un suelo cualquiera. Está dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sujeta a normativas que establecen con claridad que la protección ambiental debe prevalecer sobre cualquier desarrollo urbanístico. No es una cuestión de opinión, es una obligación legal. Y, sin embargo, en los últimos años, la planificación del municipio ha ido adaptándose con una flexibilidad difícil de justificar desde el interés general. Cuando en 2021 se inicia la revisión del PGOU, el argumento oficial es la adaptación a la normativa vigente. Nada que objetar. Pero basta con leer el propio documento de avance para entender que hay algo más: la modificación del planeamiento territorial está directamente vinculada a la ampliación del Museo Guggenheim en Gernika y Murueta. Es decir, el urbanismo no se plantea desde una reflexión autónoma sobre el futuro del municipio, sino condicionado por un proyecto concreto. En ese contexto aparece una decisión clave: cambiar la calificación del suelo ocupado por Astilleros de Murueta SA, de industrial a dotacional (equipamental). No era un ajuste técnico menor. Era la condición necesaria para que el museo pudiera existir. Sin ese cambio, el proyecto no era viable. Y, por tanto, el planeamiento dejaba de ser una herramienta de ordenación para convertirse en un instrumento al servicio de una operación específica. Y junto a esa decisión, un relato: el astillero pasaba a ser un elemento a desplazar, una actividad incómoda dentro del nuevo modelo que se pretendía implantar. El museo, en cambio, se presentaba como una oportunidad estratégica incuestionable y garante de restauración y descontaminación.

Todo parecía alineado para justificar una transformación profunda del uso del suelo. La respuesta ciudadana fue contundente. Miles de alegaciones presentadas en diciembre del 2023 (aun por responder) a este avance del PGOU pusieron en duda no sólo la oportunidad del proyecto, sino su encaje legal en un entorno de máxima protección. No era una oposición emocional. Era una advertencia jurídica, ambiental y social. Después llegó el 16 de diciembre del 2025 y el proyecto Guggenheim se retiró. Y junto con ello perdían interés las modificaciones en curso del Plan Territorial Parcial Gernika-Markina y el Plan Especial de Compatibilización firmado por los Alcaldes de Murueta, Gernika y Forua con Diputación. Desaparece así, el elemento que había condicionado el planeamiento. Es en ese momento cuando el relato da un giro que cuesta no calificarlo de oportunista. El mismo espacio que se estaba reconfigurando para hacer viable el museo vuelve a ser reconsiderado. El astillero, que antes parecía incompatible con el futuro del municipio, pasa ahora a ser defendido como una actividad a preservar. Se evita hablar de traslado. Se reorienta el discurso.

No es que cambiar de opinión sea un problema. Lo preocupante es la facilidad con la que se cambia y, sobre todo, lo que eso revela. Porque la conclusión es difícil de esquivar: el criterio no ha sido ni el territorio, ni la normativa, ni el interés de los vecinos. El criterio ha sido la existencia o no de un proyecto concreto. Porque si el planeamiento se modificó para hacer viable un proyecto concreto, resulta difícil sostener que ahora ese mismo plan sea ajeno a cualquier influencia externa. Más bien parece que el documento urbanístico ha ido adaptándose en función de las prioridades políticas del momento: primero para encajar un museo, ahora para justificar su ausencia.

No es que cambiar de criterio sea ilegítimo. Lo preocupante es la falta de coherencia en el criterio mismo. Porque todo apunta a una lógica sencilla y poco edificante: cuando había museo, el astillero sobraba; cuando el museo desaparece, el astillero vuelve a ser imprescindible. Eso no es planificación. Es oportunismo.

El PGOU debería ser el documento que fija el modelo de municipio a medio y largo plazo, un marco estable que dé coherencia a las decisiones. Pero en este caso ha funcionado más bien como un instrumento flexible, capaz de ajustarse a prioridades cambiantes sin que medie una explicación convincente. Y eso tiene consecuencias, porque erosiona la confianza en las instituciones y en la propia idea de planificación. Al final, lo que queda no es solo el debate sobre un museo o un astillero.

Lo que queda es una pregunta incómoda: ¿para quién se está diseñando el futuro de Murueta? Porque cuando las decisiones urbanísticas parecen responder más a intereses externos o coyunturales que a un proyecto sólido de municipio, la sensación es que el territorio se convierte en una pieza más de un tablero que se mueve desde fuera. Quizá lo más llamativo de todo no sea el cambio de postura, sino la aparente confianza en que nadie lo recordará. Pero la memoria, en este caso, no está en juego. Los documentos existen, las declaraciones están publicadas y las decisiones han sido demasiado claras como para pasar desapercibidas. Murueta no necesita un urbanismo que se adapte al proyecto de turno. Necesita coherencia, rigor y respeto por un entorno que no es sustituible. Todo lo demás, por mucho que se intente vestir de planificación, suena más a improvisación y a estrategia.