Parece que se clarifica el futuro de la LOMCE, la ley educativa en vigor más contestada de cuantas se han creado en España desde la llegada de la democracia. Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimaba el recurso interpuesto por el PSOE sobre la posible inconstitucionalidad de la ley en base a cuatro aspectos: la concertación pública a centros privados que discriminan por razón de sexo, la valoración académica de la asignatura de Religión, la pérdida de presencia de las familias en los consejos escolares y la pronta separación por itinerarios formativos en la ESO.
Pues bien, victoria rotunda: 4-0. Todos y cada uno de los apartados incluidos en el recurso han sido desestimados por la mayoría que otorgan ocho votos a favor sobre los de cuatro magistrados/as que han decidido presentar voto particular. No ha habido partido –que diría el cariacontecido hincha, lamiéndose las heridas de la derrota-. Es lo que suele ocurrir cuando se enfrentan en el mismo espacio dos tendencias con fuerzas tan dispares, diseñadas a través de decisiones partidistas que otorgan mayorías amplias al bloque favorecido por el gobierno de la Nación, en este caso el flanco conservador del TC.
Todo indica, por tanto, que desde las filas del Partido Popular habrán brindado con cava por la decisión judicial (hasta es posible discernir al inefable Wert, autor del engendro educativo, sonriendo complacidamente desde su privilegiada atalaya parisina). Y no es para menos: esta victoria les llega en el momento en que su credibilidad estaba más en entredicho y el futuro de la que se concibió como santo y seña educativa de la legislatura anterior de Rajoy era inquietante.
El vía crucis en que se encontraba el partido del gobierno -desde antes de la propia aprobación de la ley- había ido subiendo de intensidad hasta límites difícilmente soportables: la respuesta contundente de la comunidad educativa, la que con más rapidez y perseverancia ha actuado en contra (sindicatos, Marea Verde, Plataformas por la Escuela Pública), el rechazo de todos las fuerzas parlamentarias en la oposición (salvo Ciudadanos), diversas Proposiciones No de Ley reprobatorias, los variados recursos de partidos políticos y de gobiernos autonómicos con mayorías alternativas al PP… auguraban un futuro de exigente negociación para salvar la esencia de la norma. Ese ha sido siempre el objetivo principal del ministro de educación, Méndez del Vigo: limar los aspectos más ásperos de la LOMCE, dejar macerando las reválidas, por ejemplo, hasta conocer decisiones de tribunales o conseguir modificar el estado actual de los bandos parlamentarios que permitiera desatascar la comprometida situación de la ley. Y en ambas, el éxito –si no total, sí suficiente- parece estar de su lado.
Sobre la decisión del Tribunal Constitucional, poco hay que añadir: no es compartida por la mayoría de la comunidad educativa española, que se siente, en estos momentos, un poco más huérfana del apoyo cercano de la Justicia, que pensaba. Tener que aceptar que desde un punto de vista exclusivamente jurídico no se debe privar de concertación pública a un centro, cuando su ideario impide la convivencia cotidiana entre chicas y chicos en las mismas aulas, es un acto de fe, sólo al alcance de los más devotos integristas. ¿Es que acaso los magistrados/as de ese Tribunal conocen pruebas pedagógicas irrefutables que demuestren la ventaja que supone una educación diferenciada? ¿Una niña aprende más –y sobre todo, mejor- integrales, la composición química del agua o la tectónica de placas de la Tierra en un entorno únicamente femenino? ¿Dónde queda la complementariedad física, sentimental, cognitiva que aporta el niño en ese aprendizaje, necesario para una formación integral de la persona? Estará reservada, si interpretamos bien al Constitucional, a la familia, las amistades o las relaciones laborales y sociales que tenga, pero excluida de ese centro privado, que además estará subvencionado con dinero público.
Sentenciar, como hace el TC, que se trata tan solo de una diferenciación jurídica y no de segregación por sexo, abre un sinfín de posibilidades para que esos mismos centros –u otros que anden avispados- señalen también la imposibilidad de aceptar a inmigrantes, sintoístas o personal pelirrojo mezclado con el resto del alumnado, aduciendo simplemente ser contrario a su propio ideario. Porque –y siguiendo las explicaciones de la sentencia- siempre habrá centros (públicos) que ofrezcan otro método pedagógico susceptible de ser elegido por la familia oportuna; es decir, siempre le quedará la red de centros públicos, que le garantice un centro escolar en España.
Esta argumentación, en absoluto jurídica, solo pretende recoger desde el sentido común, el punto de vista de cuantas personas nos henos visto defraudadas por la letra de la sentencia. Este desahogo realizado, desde la impotencia y el respeto democráticos, pretende expresar simplemente la indignación de quienes creemos estar ante verdaderos casos de impunidad con la concesión de concertación a este tipo de centros privados, dueños de sus idearios, pero también de sus flagrantes carencias igualitarias en lo que supone de aprendizaje cívico y equitativo. Pero que, desde ahora, quedan ratificados por tal sentencia del Constitucional.
Dejo sin comentario el resto de asuntos aludidos por el máximo tribunal (aunque no debe entenderse que lo hago por considerarlos de menor trascendencia; habrá tiempo de volver sobre ellos) para mencionar el otro gran motivo de malestar entre la comunidad educativa: las alternativas posibles a la LOMCE, concretamente, la creación y puesta en marcha del Pacto Social y Político por la Educación, el popular Pacto Educativo. Un acuerdo que nació hace dos largos años en el Parlamento –y en contra de la disposición del propio Partido Popular, que no se nos olvide, siempre dispuesto a proteger su ley- para hacer, precisamente, lo que la LOMCE había ignorado: a) partir de un consenso básico entre distintos, ideologías, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales e instituciones académicas; y b) construir un norma lo suficientemente abierta para hacerla perdurable en el tiempo.
La Subcomisión nombrada en el Congreso, tras una primera fase, prorrogada en dos ocasiones, para escuchar la opinión de más de un centenar de expertos/as, se encerró para debatir sobre los grandes temas que cualquier nueva ley educativa debe tratar: currículo, profesorado, tratamiento lenguas, redes educativas, innovación, éxito y abandono escolar, financiación. Pues bien, al llegar a este último precepto, PSOE y Unidos-Podemos, a los que siguió la mayoría de partidos políticos, decidieron salir del equipo de trabajo argumentando falta de negociación veraz por parte del PP. En tales circunstancias, la Subcomisión se mantiene tan solo con la representación del propio partido del gobierno y de Ciudadanos, lo que invalida el principal objetivo con el que fue creado el posible Pacto: responder a la demanda social de construir las bases de un acuerdo que posibilite continuidad legislativa a una nueva ley, más allá de los cambios que las elecciones políticas pueden provocar cada cuatro años.
Un posible pacto firmado únicamente por estas fuerzas introduciría demasiados recelos en una comunidad educativa cansada de la lucha partidista, pero dispuesta a seguir reclamando soluciones alternativas a una ley, la LOMCE, que no quiere mantener por insolidaria, injusta, segregadora e inequitativa. Más allá de opiniones partidistas o judiciales.
Se acercan tiempos de conflicto en los que veremos nuevamente el agitar de camisetas, rojas, verdes y amarillas reclamando, esperemos que definitivamente “Una Escuela de y para tod@s”.
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