Euskadi se queja pero no recurrirá al Supremo el veto al pasaporte COVID

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha recibido con “sorpresa” e “incomprensión” el auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que deniega la autorización para implantar el denominado pasaporte COVID en determinados locales de ocio. Pero, una vez más, acata la decisión y no hará nada más, esto es, no recurrirá ante el Tribunal Supremo a pesar de ser consciente de que hay un precedente favorable a sus pretensiones, el del caso de Galicia. “Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno vasco no judicializará esta cuestión. No presentará recurso a este auto. Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia”, ha explicado el Ejecutivo autonómico en una nota enviada casi cinco horas después de un varapalo judicial que se suma a otra media docena en lo que va de pandemia.

Se surgiere, por lo tanto, que llegarán nuevas medidas alternativas pero no se concreta ni cuáles serían ni cuándo se anunciarían. Eso sí, está prevista una comparecencia de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Ofrecerá una rueda de prensa este martes a mediodía tras el Consejo de Gobierno.

El pasaporte COVID era la medida estrella de un paquete más amplio presentado la pasada semana ante el repunte de casos en Euskadi, que encara ya una séptima oleada tras las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y las que siguieron a la Navidad y a la Semana Santa y la del verano en 2021. El resto pasaban por ser meras recomendaciones para municipios con una tasa superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, como es el caso de suspender eventos con afluencia masiva o limitar las reuniones en domicilios o interiores. Euskadi, de hecho, mantiene formalmente desactivada la emergencia sanitaria desde octubre aunque ahora mismo la tasa es cinco veces más alta que el umbral que se consideró para su final, 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

“A diferencia de otros Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, a Euskadi se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia. Euskadi no puede esperar para tomar medidas de este calado a que los niveles que pongan en riesgo el cuidado de la salud de la ciudadanía vasca, con una alta presión sobre los hospitales y las UCI, y con la cifra de personas fallecidas creciendo. Las medidas se deben tomar antes. Ese era el objetivo de la solicitud realizada al TSJPV, como así lo ha sido desde el 13 de marzo de 2020 al adoptar la declaración de emergencia sanitaria y todas las medidas propuestas y adoptadas desde entonces”, explica el Gobierno de Urkullu. En otros momentos de la pandemia ha visto cómo esta misma sala de lo contencioso- administrativo ha tumbado cierres de hostelería, posibilidad de estirar el toque de queda sin estado de alarma y hasta ha ampliado los aforos del fútbol. Solamente ha permitido prohibir las palomitas en los cines.

Sobre el contenido de la polémica decisión judicial -que ha tenido el voto particular del presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, el juez Luis Garrido-, el Gobierno remarca que se ha apoyado en criterios “científicos y técnicos” y niega que se vulneren derechos como los de reunión, libertad ambulatoria o hasta la creación artística o el libre desarrollo de la personalidad ya que se podrían ejercer en los locales en que se pediría el certificado simplemente o con una vacuna o habiendo superado una PCR negativa, que también ofrece un pasaporte temporal. Insiste, asimismo, en que en otras fases de la pandemia se han previsto medidas más drásticas en restaurantes u ocio nocturno y que ahora, con un 90% de los vacunables con la pauta completa, se pretendía “evitar que el 10%” sin vacunar “condicione” al resto. Igualmente, no se comparte la tesis de que no es posible una aplicación generalizada en toda la comunidad autónoma. Las medidas -recalcan las autoridades sanitarias- deben ser “uniformes” en todo el territorio porque la movilidad permitiría eludir el pasaporte COVID en zonas de más incidencia viajando a las de menos. “En audiencia previa con los sectores afectados se compartió este aspecto”, insiste el Gobierno.

“En lo que a la creciente presión del sistema sanitario (hospitalizaciones y UCI), el tribunal se acoge a que el indicador en estos momentos no es tan grave como en otras ocasiones. Ciertamente ahora mismo no lo es. Lo que se trata de evitar es que aumente esa presión pudiendo llegar a comprometer el sistema”, insiste el Ejecutivo en un día en que se ha conocido una fuerte subida de los ingresos. En concreto, con la misma incidencia que en la ola anterior, hay un 80% más de casos que han precisado hospitalización.