Carpetazo judicial al 'caso de la lonja de Pasaia'
El juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha acordado el sobreseimiento provisional del conocido como 'caso de la lonja de Pasaia', que investigaba cinco presuntos delitos que se habrían cometido durante la ejecución de las obras de construcción de la nueva lonja pesquera del puerto de Pasaia. En estas diligencias figuraban como investigados varios de los técnicos de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) y de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de la lonja. El Tribunal de Cuentas del Estado ya decretó el año pasado el archivo de las diligencias.
El Consejo de Administración de la APP solicitó a Puertos del Estado en el mes de marzo de 2016 una auditoría integral para decidir en función de sus conclusiones la exigencia de responsabilidades, incluso en la vía penal, ante “irregularidades” en esta actuación.
La Abogada del Estado forzó la convocatoria de un Consejo extraordinario en abril para proponer el inmediato traslado del expediente a la Fiscalía, lo que no fue aprobado por el Consejo, que se remitió a su acuerdo de marzo. A pesar de ello, la Abogada del Estado se personó en la Fiscalía y realizó una declaración que dio lugar a la apertura de las diligencias previas.
La APP ha indicado que “a lo largo de la instrucción se han practicado numerosas pruebas”, entre ellas el registro de sus oficinas, de la UTE y de la asistencia técnica por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
En este sentido, ha explicado que se personó en las actuaciones y aportó “toda la documentación que se ha ido generando, en especial la auditoría elaborada por Puertos del Estado, y la resolución del Tribunal de Cuentas que concluyó que no se había producido perjuicio al erario público”.
Posteriormente el Juzgado de Instrucción ha solicitado dos informes periciales y ha tomado declaración a los investigados y a diferentes testigos, entre ellos el anterior presidente de la APP, Ricardo Peña.
La Fiscalía solicitó el pasado 5 de marzo el sobreseimiento de las actuaciones, a lo que ha accedido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 en el auto notificado este pasado martes.
Sin desvío de dinero
La APP ha indicado que en el mismo “se considera acreditado que no se ha producido desvío de dinero público”, al tiempo que se constata que “se han producido irregularidades administrativas, que se consideran justificadas a la vista del interés público en no paralizar la actividad de subasta de pescado”.
“Todas las cantidades abonadas por encima de lo presupuestado y adjudicado se deben a mayor obra ejecutada, y esa obra adicional responde a necesidades puestas de manifiesto durante la ejecución”, ha añadido. La APP ha indicado que con esta resolución “se pone fin a un procedimiento que ha afectado negativamente a la imagen de la Autoridad Portuaria, de las empresas constructoras y de los técnicos investigados y que no se hubiera iniciado de haberse seguido el plan de trabajo acordado por el Consejo de Administración en marzo de 2016”.
