Se retrasa la sentencia del 'caso De Miguel': sin fecha para la resolución del mayor caso de corrupción en Euskadi
Se acaba septiembre, el mes inicialmente fijado para la sentencia del denominado 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi y que durante todo 2018 sentó en el banquillo a 26 personas, tres de ellos exdirigentes del PNV de Álava acusados de cobrar comisiones ilegales, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Uno de sus socios, Josu Arruti, llegó a confesar la existencia de mordidas en la operación urbanística de Zambrana, al sur de Álava. Y se acaba septiembre sin noticias. La resolución de este caso se retrasará todavía unas semanas, quizás hasta noviembre, aunque el tribunal compuesto por los magistrados Elena Cabero (la redactora del fallo), Jaime Tapia y Raúl Aztiria aún no tiene fijada la fecha definitiva.
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Fuentes judiciales insisten en la complejidad de la preparación de esta resolución -que ocupará varios centenares de páginas- y en que todavía se requieren “ajustes” hasta tenerla rematada. El caso se subdividió en 12 tramas que, por sí solas, tienen una gran variedad de aristas. El sumario del caso podría ocupar la altura de una sala y el juicio se prolongó durante todo un año con horas y horas de trabajo cuyas grabaciones han de ser revisadas. Además, los refuerzos llegados a la Audiencia Provincial de Álava han acabado ya -la magistrada Ana Jesús Zulueta, por ejemplo, ha regresado a su juzgado y es la nueva encargada del caso de las oposiciones de Osakidetza-. Igualmente, la repetición de las elecciones generales obligará a uno de los miembros del tribunal, a Tapia, a participar en la Junta Electoral.
Varias voces dan por seguro que el fallo no se conocerá hasta después de esas elecciones, previstas para el 10 de noviembre, aunque las fuentes consultadas remarcan que no hay un día predefinido y que el calendario político no tiene por qué condicionar en ningún modo el judicial. De ser así, habrán pasado exactamente 10 años desde que la empresaria Ainhoa Alberdi acudiera a la Fiscalía de Álava a denunciar que De Miguel la había presionado -incluso reuniéndose con su padre- para cobrarle una comisión de 100.000 euros después de que su empresa, Urbanorma Consulting, recibiese un contrato en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública a cuyo frente estaba otro peneuvista, Alfonso Arriola. Y casi un año entero desde que el caso quedó visto para sentencia.
Tampoco está claro cómo se dará a conocer la sentencia. No hay precedentes en Euskadi de un caso de semejante naturaleza. La voluntad del tribunal es que los acusados la conozcan de primera mano, sin que antes se haya publicado en medios de comunicación. Una de las opciones sobre la mesa es hacerla pública en una audiencia con los imputados presentes, aunque el formato tampoco está decidido.
Sin pistas sobre el sentido del fallo
De lo no hay ninguna pista es del sentido de la sentencia. El principal acusado, De Miguel, conocido por todos como Txitxo y que fue 'número dos' del PNV de Álava y diputado de Urbanismo, se expone a una pena de cárcel de 29 años y 9 meses, que serían 12 de cumplimiento efectivo (el triple de la pena más alta por cada uno de los delitos individuales) por más de una docena de delitos de corrupción, incluido el cohecho, la prevaricación, las coacciones o la malversación de caudales. Asimismo, deberá afrontar multas por valor de 1.185.306 euros.
Respecto a la posición original del ministerio público antes del juicio, a la luz de las pruebas practicadas en casi un año de sesiones, la petición respecto a De Miguel bajó de 54 años de cárcel a algo más de la mitad. El descenso no es tan significativo en cuanto a cumplimiento efectivo, ya que se pasa de 15 a 12 años. En el caso de Tellería y Ochandiano, la condena solicitada es de 13 años y 7 meses de cárcel, 9 efectivos, con una responsabilidad económica de 606.342 euros.
La empresa pantalla para el cobro de las presuntas comisiones era Kataia Consulting, a nombre de las tres esposas de los políticos. Para Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia la acusación reclama 5 años de cárcel (de cumplimiento íntegro) y unos 350.000 euros. Están acusadas de asociación ilícita y blanqueo de capitales por haberse lucrado con los fondos irregulares que obtuvo la mercantil. La hermana de De Miguel, Aintzane, era la contable y rechazó a última hora un acuerdo de absolución para no incriminar a sus familiares. Se expone ahora a dos penas de 21 meses de prisión y a una pequeña multa de 5.400 euros, pero sin antecedentes podrá eludir la entrada en la cárcel. Se pueden consultar aquí los detalles de las penas solicitadas para todos los acusados.
En este compás de espera, la Fiscalía hizo constar en la memoria del año 2018 que al menos en Álava hay “una marcada tendencia de los órganos jurisdiccionales” a “archivar” los casos de delitos económicos o contra la administración pública que son investigados o, si llegan a juicio, a “absolver” a los imputados. El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, añade que “causa especial preocupación” la “tendencia” a que varios de esos archivos tengan la forma de “sobreseimiento provisional”. Después de que una investigación haya encontrado indicios de delito, la Audiencia Provincial cierra los expedientes “por supuestos dudas contrariando el criterio del correspondiente juzgado de instrucción” con una fórmula que no permite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
