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El Tribunal de Cuentas exige la devolución de los 5,3 millones irregulares que Bizkaia concedió al Bilbao Basket

Gorka Arrinda, en su día máximo accionista del Bilbao Basket

Iker Rioja Andueza

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado ha iniciado un “procedimiento de reintegro por alcance” contra la Diputación de Bizkaia por la ayuda irregular de 5,3 millones de euros concedida en abril de 2013 al Bilbao Basket, siendo José Luis Bilbao (PNV) diputado general, y que fue decisiva para que la entidad deportiva entonces con Gorka Arrinda como máximo accionista afrontara los impagos a jugadores y personal y no se viese abocada a una desaparición casi segura. El objetivo de este tipo de procedimientos del Tribunal de Cuentas –no es el primero que se abre después del verano en el País Vasco- es que los responsables políticos de determinadas decisiones económicas irregulares o imprudentes afronten de su bolsillo una devolución del dinero público incorrectamente gastado.

El polémico rescate de la Diputación vizcaína al Bilbao Basket llegó a finales de abril de 2013, con el club negro sumido en impagos a jugadores y con el enésimo fiasco en la búsqueda de patrocinios estables (entonces los problemas los daba Uxue). La misma institución que meses atrás había suspendido las ayudas públicas al deporte de elite por la crisis, lo que precipitó por ejemplo la desaparición del Euskaltel-Euskadi de ciclismo, decidió salvar a la entidad de Arrinda ofreciéndole una inyección económica directa de 1,9 millones más otros 3,4 millones por vía indirecta a través de la cancelación de sus deudas con la Hacienda foral. Todo ello se disfrazó como un patrocinio publicitario para la “promoción integral” de la provincia, cuyo logotipo en forma de hoja de roble luce en las camisetas del equipo.

La actuación del Tribunal de Cuentas del Estado viene impulsada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, curiosamente dirigido ahora por el propio José Luis Bilbao después de que en 2015 abandonara la Diputación y fuera recolocado allí por el PNV. Pero la auditoría de este órgano fiscalizador que da origen al procedimiento de reintegro de las ayudas irregulares se aprobó en 2015, cuando la institución todavía estaba en manos del ahora profesor universitario José Ignacio Martínez Churiaque.

El Tribunal de Cuentas autonómico, sin votos en contra, aseguró que la promoción de Bizkaia a la que estaba vinculada la ayuda “no estaba desglosada ni valorada”, por lo que no veía “justificado” el importe abonado. ¿Por qué 5,3 millones? ¿Por qué un doble fórmula de pago? Aquel informe también descubrió el incumplimiento de dos cláusulas del convenio a la hora de formalizar los pagos y, sobre todo, cuestionó “la concesión directa de estas ayudas” desde el Gobierno foral cuando lo habitual era que fueran visadas “por las Juntas Generales de Bizkaia, con su inclusión en el presupuesto anual”.

El Tribunal de Cuentas del Estado, a diferencia de su homólogo autonómico, tiene competencias para enjuiciar las irregularidades y para reclamar la devolución del dinero. Se trata de una jurisdicción “contable” que no evalúa delitos pero sí que se ha mostrado de gran utilidad para resolver casos de mala gestión como el oneroso contrato de alquiler de San Antonio en Vitoria, el desfalco de las cuentas del concejo de Aretxabaleta o, recientemente, las irregularidades en torno a la incineradora de Gipuzkoa.

Polémica en Gipuzkoa con las deudas a la Real Sociedad

Por otro lado, según ha informado este lunes la Cadena Ser, un juzgado de San Sebastián sigue adelante con la querella interpuesta por el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola contra el diputado general entre 2007 y 2011 y también ahora, Markel Olano, y contra otros altos cargos de aquel Gobierno foral, como los diputados Iñaki Galdos y Pello González (de EA y luego en Hamaikabat). Badiola denunció que aquel Ejecutivo condonó al club 'txuri-urdin' 6,4 millones de euros en deudas con Hacienda.

Olano, en una entrevista en la misma emisora, ha pedido que se matice el asunto. Primero, porque defiende la legalidad de sus políticas de apoyo al deporte, segundo, porque no fue una “condonación de una deuda, sino de una multa”al club y, finalmente, porque no da credibilidad alguna a Badiola.

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