El Ararteko se siente “desbordado” ante las más de 8.200 quejas recibidas en 2016, la mayoría por prestaciones sociales. Desde que se inició la crisis, este tipo de protestas no ha dejado de crecer. Manuel Lezertura, el 'ararteko', asegura que una gran parte de las quejas se dirigen al “mal funcionamiento” del Servicio Vasco de Empleo- Lanbide y a su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Es una de las principales conclusiones del informe anual de la institución, en este caso correspondiente al balance de su actividad en 2016.

su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Según ha informado, a lo largo de 2016 se han atendido 8.171 quejas. “Respecto al año 2010, en el que se comenzaron a visibilizar los efectos más graves de la crisis, se ha producido un incremento de quejas ciudadanas de un 70% debido a múltiples razones, pero, principalmente, al gran peso de las quejas relativas a las prestaciones sociales de contenido económico”, ha señalado.

Las demandas relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social han llegado hasta las 790 frente a las 755 de 2015. “Están lejos de las quejas registradas por este motivo en 2012 que ascendieron a 1.100, pero hay que reconocer que son más complejas y están volviendo a subir como se constató ya el año pasado”.

En concreto, el 96% de esas reclamaciones se refieren a problemas diversos relacionados con el mal funcionamiento de Lanbide y a sus actuaciones en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Diagnóstico

El Ararteko tiene previsto presentar “de manera inminente” al Gobierno vasco un informe diagnóstico sobre su experiencia en la última legislatura en relación con la RGI. “Esto puede ayudar a comprender las cosas que no funcionan y que se puedan corregir”, ha puntualizado Lezertua. “Euskadi cuenta con una legislación compleja que impone condiciones y requisitos. De esta forma, no se da la RGI a cualquiera”.

Por eso, la legislación lleva a que en ocasiones se produzcan discrepancias. “Las personas piensan que tienen derecho, pero Lanbide se lo suspende porque considera que no ha presentado determinada documentación o porque entiende que ha cobrado demasiado. La gestión de los ingresos indebidos son las cuestiones que más casos genera”.

Huella digital

Sobre la implantación de la huella digital como método de control para todos los usuarios de Lanbide (lo que incluye a los perceptores de las prestaciones sociales), Lezertua ha recordado que los perceptores de las ayudas son personas “en riesgo de exclusión o en exclusión”. Así, “cualquier medida que se adopte no debe ser aplicada de manera que estigmatice a quienes ya llegan estigmatizados por situaciones de pobreza”.

“Este sistema de huella digital”, ha añadido, “no está relacionado con la lucha contra el fraude, que apenas llega al 1% de los casos”.

Además, ha aclarado que los pagos indebidos “en muchas ocasiones no se derivan de pagos a personas que han defraudado o escondido documentos o datos” sino que se producen por la propia gestión de Lanbide que “va por detrás de la gestión de los ingresos que se reciben por parte de otras fuentes, y a veces, necesita un tiempo para adaptar las cantidades”. “Si paga demasiado un mes, al siguiente debe reclamarlo y esta es la inmensa mayoría de los cobros indebidos que se plantean”, ha concretado.

Por otra parte, el Ararteko presentará próximamente un informe diagnóstico sobre la accesibilidad de los hospitales vascos para las personas con discapacidad; también trabaja en la implantación, asentamiento y supervisión de los servicios y programa de mediación; y está elaborando un informe sobre la transición en Euskadi a un modelo energético más sostenible y con menores emisiones de carbono.