“Subir las ayudas sociales no desincentiva el empleo, lo hace trabajar por 400 euros al mes”
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vasca es el mejor sistema de protección social que hay en España. Es algo reconocido por los expertos, pero aun así ofrece algunas flaquezas. En la última semana se han puesto en huelga de hambre en Bilbao ocho personas que reclaman una subida de la RGI en la misma proporción que lo ha hecho el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir un 8%, y la supresión del recorte del 7% que aplicó el Gobierno vasco a la ayuda en 2012 y que se mantiene en el tiempo. Además, el Ejecutivo de Vitoria ha anunciado la implantación de la huella dactilar como método de control para los usuarios del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, que es el organismo que gestiona la RGI. Por lo tanto, ese control incidirá directamente sobre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Una medida que, según los colectivos sociales, solo persigue la criminalización de los perceptores.
Con este caldo de cultivo, una de las personas en huelga de hambre y dos miembros de Ekain-Redes para la Inclusión Social de Euskadi han comparecido en el Parlamento vasco para explicar sus reivindicaciones. Los tres forman parte del colectivo 'No tragamos. RGI Murrizketarik Ez-Recortes No’'. “Se parte de una presunción: cualquier persona que se acerca a una oficina de Lanbide a solicitar una prestación social es culpable o cuando menos sospechosa de estar cometiendo fraude”, según el abogado de Argilan-ESK, Iñaki Carro, informa Efe.
Según Carro, Lanbide incumple de manera sistemática la ley y deja fuera del sistema a miles de familias. ¿Cómo? “Exige documentos innecesarios o deniega peticiones de manera injustificada. Partiendo de la idea de que existe el fraude, que lo hay y es de un 1% se opta por tratar al 99% restante como si fueran defraudadores”.
Isabel García, una de las activistas que está en huelga de hambre, refutó la idea de que aumentar la cuantía de las ayudas sociales desincentiva la búsqueda de empleo por parte de los perceptores. Un argumento al que en su día recurrió el Gobierno vasco para no fijar nunca una cuantía de la RGI superior al SMI. Según García, “subir la RGI no desincentiva el empleo. Lo que sí lo desincentiva es la esclavitud: trabajar por 400 o 500 euros al mes”.
Prueba de la precariedad laboral es que una cuarta parte de los perceptores de la RGI tiene trabajo, pero los salarios son muy bajos y necesitan complementarlos con las ayudas sociales.
Para Alfonso López, otro de los integrantes de los colectivos sociales que intervino en el Parlamento, el sistema vasco de protección social “ha hecho aguas”. “Podemos seguir pensando que somos la Noruega de España, pero en la Noruega de España una de cada cinco personas lo está pasando mal”.
