El Gobierno de Urkullu reclama a Instituciones Penitenciarias el acercamiento a Euskadi de hasta 800 presos por la pandemia

El área de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, dependiente de Presidencia, ha enviado dos informes a Instituciones Penitenciarias en los que plantea un acercamiento a las prisiones de Zaballa (cerca de Vitoria), Basauri (en Bizkaia) y Martutene (en Donostia) de los presos “cuyo origen, residencia habitual o entorno familiar” se encuentre en Euskadi. El motivo: la especial situación originada en las cárceles por la pandemia. El consejero-portavoz del Ejecutivo de PNV y PSE-EE, Josu Erkoreka, ha enfatizado que es una propuesta basada en la protección de la salud pública -para evitar desplazamientos en las visitas y la diseminación del coronavirus- y no exclusiva para condenados por delitos de terrorismo, por lo que los afectados serían unos 800 -según datos al Parlamento de 2019- a 327 -según la estimación actual más ajustada-.

Además, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha desvinculado esta iniciativa de la huelga de hambre iniciada por el recluso Patxi Ruiz, entre rejas en Murcia por el asesinato de Tomás Caballero y que denuncia también las condiciones carcelarias durante esta crisis. En su nombre se han realizado decenas de sabotajes en los últimos días contra sedes de partidos políticos (sobre todo de PNV y PSE-EE) y contra la vivienda particular de la líder socialista y candidata a lehendakari Idoia Mendia. El primer informe fue enviado el 27 de abril -tiempo antes de que Ruiz iniciara su campaña- y el segundo es del 14 de mayo.

Aunque muchas veces son considerados como “presos vascos”, los reclusos de ETA representan menos del 25% del total de alaveses, guipuzcoanos o vizcaínos condenados en cárceles del resto de España. Según Etxerat, son 194 los reos en España -sin contar los internos en Zaballa y los recluidos en casa- y, según datos actualizados por EH Bildu a diciembre de 2018, la población reclusa de Euskadi era de 1.314 personas más 824 en centros de fuera de la comunidad autónoma. Según el Gobierno vasco, 327 personas podrían reunir los requisitos.

Según un informe de marzo de 2019, la red penitenciaria vasca, que tiene un presupuesto anual de unos 22,3 millones de euros para su mantenimiento y es gestionada por 600 funcionarios, dispone en su mayor cárcel, la de Zaballa, de 720 celdas y 304 más complementarias, ocupadas aproximadamente al 50%. Algunos módulos completos están cerrados. Siguen operativas dos cárceles más antiguas, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia. Allí se prevé la construcción de un nuevo centro, Zubieta. La vieja cárcel de Nanclares de la Oca es ahora un CIS, un centro destinado a la reinserción de presos en tercer grado. 

“El objetivo principal [es] evitar y limitar al máximo tanto desplazamientos largos de grupos de personas como el encuentro y contacto en recintos comunes y espacios cerrados de personas que proceden de zonas geográficas alejadas y que pueden contribuir a aumentar el riesgo de una alta diseminación de contagios, con alto grado de dificultad para el control y aislamiento de contactos”, argumenta el Ejecutivo, que se ha apoyado en un dictamen del área de Salud Pública. Y abunda: “No se hace distinción entre presas y presos condenados por terrorismo o por cualquier otro tipo de delito y tampoco se circunscribe al ámbito vasco [...]. La política de alejamiento tiene ante sí un serio problema de salud pública”.

El principal partido de la oposición ha dado la “bienvenida” a la propuesta del Gobierno de Urkullu y espera que acarree “hechos concretos”. “EH Bildu siempre ha considerado que el acercamiento de los presos vascos y el que se respeten todos sus derechos es una reclamación compartida por la gran mayoría de la sociedad vasca”, ha indicado la coalición en una nota. EH Bildu recuerda que hace unas semanas, en el Congreso, varias formaciones rubricaron un manifiesto en la misma línea. 

Retraso de tres meses en la transferencia de Prisiones

Por otro lado, el Gobierno vasco ha dado más detalles de la conversación que mantuvieron este lunes el propio Erkoreka, que es consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El asunto sobre la mesa era el calendario pactado en febrero para acometer en 2020 y 2021 la totalidad de las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, salvo la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que se rebaja a un “estudio”.

Si en 2019 un cronograma anterior quedó en agua de borrajas por la doble convocatoria de elecciones generales, en 2020 la COVID-19 hizo estragos. Así las cosas, los tres primeros traspasos -muy menores, de apenas 468.000 euros y referentes a productos farmacéuticos, seguros escolares sanitarios y ayudas a jubilados en ERE- se trasladarán de marzo a junio, “en cuanto empiece la fase 3” de la desescalada, en principio a partir del 7 de junio.

Erkoreka ha indicado que calculan un retraso similar, de tres meses, en el resto de bloques, lo que llevaría de junio a septiembre el inicio de las negociaciones de otras materias como Prisiones. Ello retrasaría su materialización efectiva a marzo de 2021. El proceso se tendría que completar, según estas estimaciones, en septiembre del año próximo.