“La sociedad ve los crímenes machistas como un desastre natural ante el cual poco se puede hacer”

“Es necesario detenernos en los feminicidios porque a pesar de su carácter extremo no se están tomando las medidas adecuadas para su prevención. La sociedad y las instituciones parecen aceptarlos, como si se tratara de un desastre natural ante el cual poco se puede hacer”. Eso es lo que creen Joana Etxano y María Viadero, de la organización Mugarik Gabe, quienes han analizado el feminicidio en Euskadi y Navarra a través de casos, tratamiento en prensa y análisis de sentencias en el periodo 2010-2015.

En primer lugar, han hecho un registro y datos significativos de todos los casos. Después, han realizado un análisis del tratamiento que la prensa ha dado a los mismos y han concluido analizando las sentencias judiciales emitidas en estos crímenes.

El estudio, presentado en los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco (UPV), registra 30 feminicidios y tres  asesinatos de mujeres por robo cometidos en los seis años. De estos, 30 fueron cometidos en Euskdi  y tres en la Comunidad Foral. El dato es significativamente mayor que la cifra oficial: el Ministerio de Igualdad reconoce como víctimas de violencia de género solo a 14 de estas mujeres. El número de casos del País Vasco también es muy superior a los reconocidos como violencia machista por el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, que son solo 16. “Es importante”, puntualizan las autoras del trabajo, “comprender que estas disparidades no son solo cifras, sino que delatan el no reconocimiento político y social de una buena parte de las víctimas”.

Los tipos de feminicidio más relevantes son el feminicidio íntimo, que son el 52%, (tres de ellos no forman parte de las cifras oficiales); el feminicidio familiar, con seis casos, el 18 %; y el feminicidio infantil, el 9 % del total, porcentaje superior al que se observa en el resto de España, que es del 5%.

 Tratamiento mediático

“Los medios tienen un papel fundamental en la construcción del imaginario social en torno a las violencias machistas, por eso hace años que organizaciones feministas e instituciones publican códigos deontológicos y guías de comunicación que persiguen regular su tratamiento informativo”, recalcan las expertas.

El análisis del tratamiento de prensa recogido se ha realizado sobre 279 piezas informativas en castellano y 90 en euskera, que han sido contrastadas con las indicaciones recogidas en el Código deontológico y de autorregulación de la comunicación y la publicidad no sexistas de Emakunde-Begira, publicado en 2016. De él se desprende que “el buen tratamiento de la violencia machista responde a la apuesta política de determinados medios que todavía son minoría. La mayor parte continúa incurriendo en malas prácticas que hace tiempo deberían estar superadas”.

Los problemas encontrados en el estudio son viejos conocidos. “Se continúa desvinculando la violencia machista de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y los asesinatos se abordan como si fuesen parte de la crónica de sucesos”. Así, el 44 % de las piezas informativas analizadas no ubicaron los asesinatos en el marco de la violencia contra las mujeres y no utilizaron terminología específica. “Esto ocurre particularmente en aquellos asesinatos cometidos en el marco de relaciones que no se corresponden con la de pareja, como si por ello no estuvieran mediatizadas por el género. Pero más grave incluso es el hecho de que algunos medios publicaron informaciones que justificaban, de modo sutil, los feminicidios, o llegaron incluso a culpar a las víctimas”.

Sentencias

Por otro lado, se ha realizado un estudio de las 18 resoluciones judiciales encontradas, en base a una tabla de indicadores aplicados desde una mirada feminista. El interés del análisis reside en que de él se infieren conclusiones que pretenden ser útiles de cara a valorar la labor preventiva de la justicia, así como el alcance de sus sanciones.

Una de las conclusiones más preocupantes es que “la justicia no está cumpliendo con su cometido relativo a la protección de las mujeres, como ciudadanas de pleno derecho que somos”. En este sentido, el análisis constata que en al menos seis casos hubo agresiones previas al feminicidio, y que en cuatro de ellos estas habían sido denunciadas, e incluso en tres había vigente una orden de alejamiento. Por otro lado, en dos casos las amenazas de muerte denunciadas ante la justicia “habían sido ignoradas o minimizadas”, denuncias las autoras.

En lo que se refiere a las penas impuestas a los agresores, en términos generales puede afirmarse que no hay impunidad, ya que todas las condenas a los victimarios incluyen penas de privación de libertad de una media de 19 años. Sin embargo, del estudio se desprende que “existen algunas parcelas de impunidad para estos hombres”. De los ocho feminicidios íntimos juzgados, tan solo en uno de los juicios se investigó y condenó al acusado no solo por el feminicidio, sino por la violencia habitual previa y asociada a este. “Estos asesinatos nunca son el primer y último acto violento que los victimarios ejercen sobre las víctimas, sino que constituyen el resultado de procesos, a veces muy largos, de maltrato y agresiones reiteradas. Por eso es imprescindible que se investigue y responsabilice a estos agresores de todas las violencias ejercidas”.

Del mismo modo, y a pesar de que en al menos dos de los casos la sentencia relata que víctima y victimario mantuvieron algún tipo de relación sexual poco antes del asesinato, “no se investigó si esas relaciones habían constituido un delito contra la libertad sexual de la víctima. Evidencia los prejuicios sexistas que siguen perviviendo en el sistema de justicia y su funcionariado, así como las enormes carencias en lo que a la aplicación de la perspectiva de género se refiere”.