La sutil diferencia entre el 'caso De Miguel' y el 'caso Guateque'
La investigación del 'caso De Miguel' se inició cuando en diciembre de 2009 la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi acudió al despacho del fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, para denunciar que había sido extorsionada, que dos dirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, le exigían una comisión de 100.000 euros por un contrato 'a dedo' que su empresa había obtenido en el parque tecnológico de Miñano. Aportó como pruebas algunos correos electrónicos y, sobre todo, 24 pistas de audio tomadas con una grabadora marca Olympus en las que se escuchaban cosas como que el pago de mordidas entraba “dentro de lo normal” o que “de un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda; es así, porque si no lo tenemos jodido”.
Este jueves se ha celebrado en Vitoria la tercera sesión del juicio por corrupción -ahora con una dimensión mucho más amplia que aquel contrato de Miñano- y, en este fase aún relativa a cuestiones previas de índole formal y jurídico, nuevamente los letrados de los imputados han insistido en reclamar la nulidad de los archivos sonoros, luego incorporados a la causa tras una transcripción oficial elaborada por la Ertzaintza. La novedad es que uno de ellos ha solicitado al tribunal, compuesto por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, que imiten a los jueces del 'caso Guateque' de Madrid, en el cual 30 acusados acabaron exonerados porque las grabaciones que lo originaron todo eran irregulares.
El que ha sacado a colación este precedente, resuelto en el verano de 2017, ha sido el penalista Ferran Marsol, que sustituye como abogado de dos empresarios catalanes encausados a Cristóbal Martell, reputado letrado que ha actuado como defensor de los implicados, entre otros, en los casos Neymar, Pujol o Gürtel. Masol ha calificado de “impecable” ese fallo de la Audiencia Provincial de Madrid. A su juicio, lo “ilustrativo” de la resolución es que aborda una cuestión “idéntica” a lo que se discute en la Audiencia de Álava y ha recordado la importancia de contar con archivos “íntegros” y en su soporte original.
En un documento de 89 folios, la Audiencia de Madrid efectivamente anuló los audios y eximió a los acusados por corrupción. Pero se da la circunstancia de que en aquel 'caso Guateque' fue la propia Policía, en este caso la Guardia Civil, quien entregó una grabadora a un empresario y le instó a que forzara una conversación sobre irregularidades. En esa grabación hecha sin conocimiento del interlocutor se hablaba sobre una supuesta petición de dinero realizada por un funcionario del Ayuntamiento de Madrid para tramitar con rapidez un expediente.
Tres días después, la Guardia Civil tomó declaración como denunciante al empresario sin hacer referencia a que le habían dado los medios para hacer la grabación. De hecho, se dejaba constancia incluso de que el denunciante había decidido grabarla por sus propios medios. Además, ni la grabadora ni la cinta llegaron nunca al juzgado, sólo la transcripción policial.
Juicio suspendido hasta el jueves
El fiscal Izaguirre ha solicitado al tribunal el plazo de siete días para dar respuesta a ésta y a todas las alegaciones de los abogados de los 26 imputados, que nuevamente han ocupado este jueves sus lugares en el banquillo pero sin tomar aún la palabra. Precisamente una de las peticiones de las partes es que ellos sean los que cierren el juicio y no, como es costumbre, que sean los primeros en declarar.
La sala presidida por Tapia resolverá estas cuestiones técnicas a partir del próximo jueves -hasta cuando queda suspendido el proceso-, aunque lo podrá hacer bien ese día, bien con un auto específico antes del inicio real del juicio el 19 de febrero o bien al final del caso, en la sentencia. Para evitar precisamente que, como en el 'caso Guateque', una hipotética nulidad llegue una vez completado todo el proceso -éste tiene una duración estimada de diez meses-, Izaguirre ha rogado al tribunal que las cuestiones nucleares se resuelvan antes los interrogatorios. Aludiendo a la “pena de banquillo”, muchos de los defensores se han adherido a esta propuesta.
