El Gobierno vasco apremia a la oposición para que la RGI suba ya desde enero de 2023

Mendia, Gurpegui y Buesa, este martes en el Parlamento Vasco

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha propuesto este martes en el Parlamento Vasco que la mejora prevista en las cuantías de la renta de garantía de ingresos (RGI) se pueda aplicar desde el 1 de enero de 2023, esto es, sin que sea necesario aguarda para este punto los tres meses de 'vacatio legis' (tiempo entre la promulgación de una norma y su entrada en vigor) que se plantearon hace solamente una semana. Además, esas cuantías ya no serán las presentadas ya que se calcularon con datos de 2022 como referencia y, necesariamente, serán ajustadas al alza de cara al próximo ejercicio.

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“No pretendemos marcar los tiempos parlamentarios. Pero como saben, la ley está previsto que entre en vigor tres meses después de su aprobación. Si conseguimos ponernos de acuerdo antes de que cierre el año, mi compromiso es que las cuantías previstas sean aplicables, vía presupuestos, desde el 1 de enero, para quienes ya tienen reconocido el derecho. Les ofrezco este primer acuerdo, una primera enmienda con la firma de todos los grupos, que podemos hacer constar también en la ley. Pero para eso, como les digo, esta ley debe aprobarse a tiempo, y si es así, se incluirá en los presupuestos que llegarán antes a la Cámara”, ha explicado Mendia. El margen, en realidad, es de cinco meses ya que en octubre ya entran en la Cámara los presupuestos, que es donde aparentemente se regulará esta cuestión. Además, el Ejecutivo podría adoptar esas medidas unilateralmente ya que goza de mayoría absoluta.

El de las cuantías es un punto clave de la reforma. Suben todas las pagas actuales -“hasta un 40% más en las cuantías, y también donde los titulares son pensionistas, hasta un 17% más”, según datos de Mendia- pero no se alcanzan los compromisos de la ley vigente, de 2008, no aplicada 'de facto' desde hace años. El modelo es nuevo y desvincula ya totalmente la RGI del salario mínimo interprofesional (SMI). No obstante, la responsable de Trabajo y Empleo ha señalado que ley “tiene una visión integral” y no solamente consiste en abonar un dinero cada mes, sino que también incide en medidas “para que quien la percibe tenga derecho a su inclusión social y laboral”.

“Sólo quiero que sepan que en cada uno de los 151 artículos y en las disposiciones transitorias y finales, este Departamento ve la oportunidad que tienen para mejorar sus vidas muchas mujeres, los menores, los pensionistas, los jóvenes, las personas refugiadas, las víctimas de trata, las personas con discapacidad, o las víctimas del terrorismo. Que está en nuestra mano, en la de todos los que estamos aquí poder ofrecerles una respuesta política. Hablo de política con mayúsculas, para que acceder a su derecho a ser protegidos por la sociedad y a no quedarse descolgados sea un proceso más accesible”, ha solemnizado Mendia, acompañada en la Cámara por el viceconsejero Alfonso Gurpegui y la directora de RGI de Lanbide, Sara Buesa, que han tomado la palabra para explicar algunos aspectos más técnicos del proyecto.

Desde la bancada de EH Bildu, Nerea Kortajarena se ha referido a estos datos y ha criticado que se perpetúan 'de iure' algunas medidas de los últimos años, aunque ha admitido mejoras con respecto de la situación actual. “No hay que perder de vista que deroga la ley de 2008. No se puede obviar que la RGI ha sufrido un endurecimiento de condiciones muy importante y que se han venido realizando una serie de recortes. Se llegó a desindexar el SMI de la RGI. El SMI era la referencia para las cuantías. Éste es el punto de partida. [...] No se recuperan las cuantías si se aplicara la ley de 2008 como estaba prevista. [...] A partir de ahí, observamos avances”, ha señalado. Y ha criticado la vinculación de la RGI con el ingreso mínimo vital (IMV) estatal. Ha explicado que ahora puede haber “sintonía” en la interconexión con el Gobierno central, del que la coalición es socio habitual, aunque ha mostrado su preocupación por si cambian las mayorías en España. “Un tercio de quienes están en situación de pobreza no percibe la RGI”, ha añadido David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, aunque ha asegurado que su formación será “responsable”. Laura Garrido (PP+Cs) ya participó en la elaboración de la ley de 2008 y ahora insiste en que las ayudas no han de ser un fin en sí mismo sino un puente hacia el mercado laboral.

Tras escuchar a la oposición, Mendia ha apelado a los acuerdos. “No obstante su mayoría absoluta, el Gobierno considera que es un proyecto de ley muy importante y merecedora de unos consensos mucho más amplios. No sobran las opiniones de nadie”, ha enfatizado considerando la RGI uno de los pilares del autogobierno vasco. Y ha recalcado “la necesidad de que esta ley se apruebe en el menor plazo posible”. Ha confiado también en que la economía mejore, se cree empleo y que “haya menos personas que tengan que acudir a la red de seguridad”.

En el debate, la única representante de Vox se ha descolgado con la frase de que Lanbide lleva “mucho tiempo, muchas décadas” sin ser “útil” para los usuarios. El Servicio Vasco de Empleo, a diferencia de la Ertzaintza, EiTB u Osakidetza, es uno de los organismos más jóvenes de la autonomía vasca y fue creado hace apenas una década, en 2011, fruto de la transferencia de las políticas activas de empleo. Fue unos meses después cuando asumió la gestión de la RGI también, que previamente era tramitada desde ayuntamientos y diputaciones.

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