El Gobierno vasco y las tres diputaciones acuerdan diez años después un ajuste en la ley de aportaciones

El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han alcanzado un preacuerdo sobre la nueva Ley de Aportaciones para el periodo 2022-2026. Este texto regula la financiación autonómica y foral, ha sido objeto de disputas territoriales -Álava y Gipuzkoa han denunciado estar infrafinanciadas- y llevaba pendiente de actualizar desde 2011. El sistema se basa en que las instituciones provinciales recaudan pero el principal gastador es el Gobierno autonómico. El nuevo modelo, en verdad, mantiene los denominados coeficientes horizontales -cuánta paga cada territorio a la caja común- y ajusta levemente los coeficientes verticales -cuánto de lo recaudado se quedan las arcas vascas- del 70,04% al 70,81%. Eso sí, el límite máximo del fondo de compensación en caso de desequilibrios aumenta hasta el 1,45% de los recursos y establece un porcentaje mínimo del 39,23% en la participación de las entidades locales en los tributos concertados.

Según han informado desde las cuatro instituciones vascas, han logrado un preacuerdo para renovar la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026. ¿Cómo se articulará? El Consejo Vasco de Finanzas Públicas se convocará, de forma extraordinaria, el próximo 15 de julio para aprobar esta nueva metodología que sustituirá a la de la actual ley, prorrogada desde 2011. Posteriormente, el Consejo de Gobierno tendrá que aprobar el proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento Vasco para su aprobación, informa Europa Press.

Desde el Gobierno y las diputaciones han destacado que contar con la ley aprobada antes del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de octubre posibilitaría que las instituciones vascas elaboren los presupuestos del ejercicio 2022 aplicando esta nueva metodología. Según han explicado, “el preacuerdo alcanzado recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, sobre todo, pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal”.

Entre sus principales puntos, el coeficiente vertical se incrementa del 70,04% al 70,81% fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Gobierno Vasco en los últimos años. Este coeficiente, han precisado, atiende al reparto competencial de los distintos niveles institucionales y, además, refleja la integración de la cuantía correspondiente al Fondo de Servicios Sociales en el modelo de distribución vertical que se amplía hasta los 35 millones, desde los 20 millones actuales. Los coeficientes horizontales de aportación, por su parte, mantienen “en sus mismos términos” la metodología para el cálculo vigente.

Por que respecta al Fondo General de Ajuste, se mantiene el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación foral alcance el 99% de su coeficiente horizontal. El límite máximo del Fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos que se distribuyen entre las instituciones vascas, frente al 1% fijado por la Ley de Aportaciones vigente. Según han destacado desde el Gobierno Vasco y las diputaciones, “el incremento en la cuantía máxima del Fondo General de Ajuste aumenta las garantías para los territorios históricos”. Finalmente, se establece un porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados, en concreto en un 39,23%. De este modo, han subrayado, entidades locales de los tres Territorios Históricos “consolidarán un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al vigente en la Ley 2/2007”.