El juzgado de Azpeitia ordena el desalojo “inmediato” de los okupas del local de la Iglesia en Zestoa

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Azpeitia ha estimado la demanda interpuesta por la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Zestoa frente a dos personas y “demás desconocidos” ocupantes del edificio Elizondo de esta localidad guipuzcoana para usarlo como 'gaztetxe'. La sentencia, conocida este viernes tras el juicio de este miércoles, reconoce el derecho de la Iglesia católica a recuperar la posesión de esa finca y condena a los demandados a “proceder al inmediato desalojo del inmueble y entrega a la parte actora, bajo apercibimiento de proceder en otro caso a su lanzamiento”.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia de Gipuzkoa, señala además que los demandados, miembros de la Gaste Asanblada de Zestoa, deben “abstenerse de observar o promover cualquier conducta, activa o pasiva, directa o indirecta, que pueda constituir una perturbación de los derechos” de la parroquia “sobre la finca objeto de pleito”.

Uno de los jóvenes condenados, que ocuparon el local en febrero de 2023, argumentó en la vista que “no está dando ninguna utilidad al inmueble y que utiliza una pequeña parte del inmueble para dormir” por carecer de medios económicos. Sin embargo, el juez admite la propiedad del local por parte de la Iglesia y que con anterioridad a la ocupación “estaba destinado a usos pastorales y en el mismo se impartían clases de catequesis”. En cuanto al debate sobre “si son más merecedoras de protección las actividades desarrolladas por parte de la Gazte Asanblada que las que venía desarrollando la parroquia, si se trataba de un local abandonado o si los jóvenes de Zestoa tienen derecho a un espacio para la realización de actividades de carácter cultural”, considera el juez que exceden del ámbito del procedimiento y “deberán ser propuestas ante la autoridad competente”, por lo que admite íntegramente la demanda y ordena el desalojo del local.

La sentencia de condena llega después de una serie de actos contra la Iglesia que tuvieron su máximo apogeo el pasado domingo, 21 de enero, cuando durante la misa en la parroquia de Zestoa “varias personas enmascaradas que portaban una pancarta interrumpieron el acto religioso con gritos y subieron al altar”. “La gente mayor y, por tanto, más vulnerable, sufrió mucho con ese abuso por parte de ese grupo que los intimidó con su actuación. Una clara violación de los derechos humanos fundamentales de las personas, como la libertad religiosa y el derecho de reunión”, han señalado desde la Diócesis de San Sebastián.

En el comunicado del obispado se recuerda que entre finales del año 2022 y febrero del año 2023, el Ayuntamiento de Zestoa mostró interés ante el obispado por la casa Elizondo “con la intención de reubicar un gaztetxe situado en otro lugar del pueblo, utilizado por el colectivo denominado Gazte Asanblada de Zestoa”. “Los jóvenes debían abandonar el lugar en el que se encontraban, por las obras que el ayuntamiento iba a empezar en dicho espacio. Antes de llegar a ningún acuerdo entre el ayuntamiento y el obispado, se produjo la ocupación de los locales parroquiales en uso de la casa Elizondo”. El obispado mantiene que “ha estado dispuesto en todo momento a hablar con los jóvenes de la Gazte Asanblada, pidiendo como única condición que, primeramente, dejaran el local de manera voluntaria y pacífica”, algo que no se ha producido por lo que presentaron la demanda que ahora les ha dado la razón.

La diócesis guipuzcoana considera que “la violencia sistemáticamente ejercida dentro de una actuación estratégicamente programada crea un clima cívico-social que es gravemente perjudicial para una convivencia pacífica y arrastra consigo la pérdida de los valores ético-morales”, por lo que anuncia que “no tiene intención de cambiar su parecer con respecto a la ocupación violenta y abusiva del edificio Elizondo”. A su vez reclama a la alcaldía de Zestoa -de EH Bildu- y demás autoridades “que cumplan con su deber ante estos hechos y que, además de hacer respetar las propiedades de la comunidad cristiana, protejan a estos ciudadanos de Zestoa, que requieren la misma atención y protección que el resto de conciudadanos”.

En el pasado, la Iglesia católica inmatriculó ocho propiedades en Zestoa. Se trata de cuatro fincas o edificios en 1983 y otros tantos en 1990. Estos datos formaban parte de un informe sobre decenas de localidades enviado al Parlamento Vasco.