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Opinión - El Tribunal Constitucional y los ERE. Por Javier Pérez Royo

La principal empresa adjudicataria de las ambulancias vascas acumula 23 sanciones de la Inspección de Trabajo en un año

Una ambulancia del Grup La Pau, este lunes en Vitoria

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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La pasada semana, la principal empresa adjudicataria del contrato externalizado de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, recibió nuevamente un “acta de infracción” de parte de la Inspección de Trabajo. En esta ocasión, la inspectora constataba nuevas irregularidades en el servicio de prevención de riesgos laborales, pero en la resolución se alertaba de que había un “agravante” en la “multiplicidad” de sanciones ya interpuestas a Grup La Pau. Fuentes oficiales señalan que, en el último año, la Inspección de Trabajo ha planteado 23 propuestas de sanción, 22 con calificación de infracción “grave” y una de ellas “muy grave” por retrasos en el pago de las nóminas. Son casi dos por mes.

Sostiene la Inspección de Trabajo que Grup La Pau acumula numerosos “requerimientos incumplidos” lo cual demuestra una “intencionalidad en la conducta empresarial”. La larga lista de sanciones -algunas de las cuales ya son firmes- abarcan temas tan dispares como problemas en materia de salud laboral o abonos inadecuados de las cotizaciones de la Seguridad Social. El expediente más relevante, el único con la consideración de “muy grave”, recoge media docena de denuncias por retrasos en los salarios. Precisamente el sindicato UGT se ha valido de esta resolución para recurrir la renovación del servicio de transporte sanitario no urgente o programado para los próximos años. Iba a entrar en vigor en mayo pero se ha paralizado cautelarmente porque el sindicato sostiene que las compañías con este tipo de infracciones no pueden acceder a adjudicaciones públicas, como adelantó este periódico.

Creada en 1983, Grup La Pau llegó en 2020 a Euskadi. En la actualidad es la empresa encargada del transporte sanitario urgente y no urgente de Bizkaia y de Álava, mientras que Ambulancias Gipuzkoa es la adjudicataria en ese territorio. Son dos grandes contratos de 147 y 135 millones de euros, respectivamente, y la firma catalana percibe del orden de dos tercios del total. El contrato de ambulancias urgentes (las de color amarillo) fue renovado en agosto de 2023 y tocaba renovar ahora en mayo el de las programadas (azules y blancas).

A la sucesión de sanciones de la Inspección de Trabajo se le unen otras irregularidades constadas por organismos como la Agencia Vasca de Protección de Datos, que acaba de denunciar la instalación de un sistema de grabación de vídeo y audio de 360 grados en los vehículos. Grup La Pau también tiene abierta una investigación penal en la Fiscalía, entre otras cosas por haber elegido como gerente al excargo del Departamento de Salud Ibon Etxeberria. Sin embargo, también ha salido victoriosa de otras querellas interpuestas por sindicatos como ESK. La compañía se siente víctima de una campaña de desprestigio orquestada por las centrales.

A dos días de las elecciones vascas, el 19 de abril, sindicatos y empresa alcanzaron un acuerdo para la mejora de los salarios en hasta un 30% y que ponía fin a una larga huelga en las ambulancias. Sin embargo, Grup La Pau ha decidido romper esos compromisos al no haber podido acceder al nuevo contrato en mayo, que mejoraba un 24% la financiación pública. Además, ha adelantado ya su deseo de aplicar un 'descuelgue' del convenio, es decir, una rebaja unilateral de las actuales condiciones laborales. Su situación económica es crítica.

Grup La Pau culpa a UGT de haber generado esta situación y, por el momento, Osakidetza arropa también a la empresa, aunque se espera en pocas semanas un relevo político al frente de Salud dentro del nuevo Gobierno de Imanol Pradales. Hay voces que pretenden hacer ver que los trabajadores y otros sindicatos tampoco comparten la maniobra de UGT, ya que ha 'impedido' aplicar las subidas. Sin embargo, el preacuerdo firmado en abril nunca vinculó el nuevo convenio a una adjudicación más ventajosa para la compañía y otras centrales han respaldado la postura de UGT. Esta organización, de su lado, llegó a denunciar la existencia de fuertes “presiones”.

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