Sindicatos vascos convocan el 30 de enero manifestaciones en contra de la reforma laboral

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde han convocado para el próximo 30 de enero manifestaciones en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona en contra la reforma laboral pactada por el Gobierno central, CEOE, CCOO y UGT. Bajo el lema “No a esta reforma laboral”, las movilizaciones han sido dadas a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por representantes de estos seis sindicatos convocantes, entre ellos el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la secretaria general de LAB, Garbiñe Araburu, que han sido los encargados de tomar la palabra, según informa Europa Press.

A estas cuatro marchas, previstas para las doce del mediodía, los convocantes han anunciado que sumarán otras reivindicaciones, como la defensa del marco vasco de relaciones laborales y el rechazo “al despido barato”. Además, según han anunciado, también llevarán a cabo concentraciones de protesta en los centros de trabajo el día previo a la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

Tanto Aranburu como Lakuntza, en nombre de los sindicatos convocantes, han denunciado que el Gobierno español “no ha cumplido su palabra” porque no ha derogado la reforma laboral “impuesta unilateralmente” por el Partido Popular en 2012. Ni siquiera, han remarcado, ha hecho lo prometido, porque “no ha revertido los elementos más dañinos de aquella reforma laboral y, en cambio, han preferido un acuerdo con la CEOE a través del Diálogo Social en lugar de cumplir con el compromiso adquirido con los trabajadores”.

Desde su punto de vista, esta reforma laboral pactada por PSOE, Unidas Podemos, CCOO, UGT y CEOE mantiene el esqueleto de las reformas laborales de 2010 y 2012 porque “prácticamente, todas las herramientas que buscaban el empobrecimiento de la clase trabajadora se mantienen a partir de ahora”.

Marco propio de decisión

En este punto han trasladado su preocupación, especialmente en torno a dos elementos, el hecho de que se mantiene el marco estatal “impositivo” en la negociación colectiva, por un lado, porque no se ha dado “seguridad jurídica” a los convenios negociados en Euskadi y Navarra, y, por otro, que no se tocan los procedimientos de despido. Tras exigir el derecho a negociar “sin ninguna injerencia externa” la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores vascos, han considerado necesario disponer para ello de un marco de decisión en la negociación colectiva.

En relación con esto, han calificado de “trampa” lo relacionado con la prevalencia de los convenios sectoriales y piden que esos convenios sectoriales sean mínimos en su totalidad por encima de los convenios laborales de empresa, no sólo en salarios, sino en todos sus elementos. En cuanto a los procedimientos de despido, entienden que todo lo aprobado en 2012 “sigue intacto” porque la patronal ha impuesto “el veto” a su modificación.

Para estos seis sindicatos vascos, la aprobación de este acuerdo es “muy grave” porque el diálogo social solo ha servido de “excusa” para no cumplir el programa electoral de los dos partidos de la coalición de gobierno. En su opinión, han dado “derecho de veto a la CEOE para que, a cambio de pequeñas mejoras, se convalide de nuevo la reforma laboral de 2012, desdeñando la posibilidad de cambios de fondo”.

Por ello, piden a los partidos vascos con representación en las Cortes Generales que voten en contra y trabajen por la derogación total de las reformas laborales de 2010 y 2012, especialmente, de los puntos que permitan la estatalización de los convenios laborales y los despidos “fáciles y baratos”. Para Mitxel Lakuntza, “en síntesis, con esta reforma, Gobierno central y UGT y CCOO han dado lo que la patronal quería, porque se mantiene prácticamente como estaba la anterior. Esa es una buena noticia para la patronal y una mala noticia para los trabajadores, porque no se recuperan derechos laborales que fueron arrebatados en su día y este diálogo social solo sirve para cumplir el guión de lo que la patronal dicta”, ha puntualizado.

La “mentira” de PSOE y Unidas Podemos

Tras acusar a PSOE y Unidas Podemos de “mentir e incumplir su palabra con esta gran renuncia”, ha calificado de “inaceptable” que, además, “cierren” la posibilidad de mejorar el acuerdo, al tramitarlo mediante decreto ley para dejarlo todo “atado y bien atado” como quiere la CEOE. En este punto ha reclamado a los partidos vascos que “se opongan a este fraude y mantengan viva la posibilidad de que la reforma se derogue, y la mejor manera de hacerlo es votar no” a su entrada en vigor.

Respecto al visto bueno que Confebask da a los contenidos del acuerdo porque mantiene la vigencia de los convenios provinciales, Mitxel Lakuntza ha afirmado que su presidente, Eduardo Zubiaurre, “oculta deliberadamente una lectura sobre la gravedad de esta reforma” y es que “quieren dar a entender que los convenios vascos tienen prioridad sobre los del Estado y eso no es así”.

Desde su perspectiva, “nadie se puede creer que los servicios jurídicos de Confebask no sepan algo tan evidente”. Lo que, en su opinión, ocurre es que, “posiblemente, lo que la patronal vasca intenta es vestir una reforma que con otros mimbres no se podría vestir porque mantiene la inseguridad jurídica en torno a los convenios firmados aquí y no garantiza el reconocimiento que en esa reforma no se incluye”.

Por su parte, Garbiñe Aranburu ha afirmado que, con esta reforma, ha quedado demostrado que, “sin presión social, no hay derechos sociales ni laborales ni una derogación ni modernización del propio mercado laboral”. En su opinión, el acuerdo entre Gobierno, CEOE y UGT y CCOO “mantiene tal cual las esencias de la reforma del PP y no responde a los intereses y las reivindicaciones de los trabajadores vascos y por eso no es un buen acuerdo, porque no servirá para transformar las relaciones laborales”.

La secretaria general de LAB ha llamado a rechazarla en Euskadi y Madrid, en el Congreso, en la calle y en los centros de trabajo durante lo que ha calificado como “semanas decisivas para lograr impedir su aprobación, dejarla sin efecto y obstaculizar su aplicación en Euskadi”.

En la comparecencia, ambos dirigentes han denunciado que se tomen “en Madrid las decisiones sobre un tema de tanta importancia” para los trabajadores vascos, lo que, a su juicio, “pone de manifiesto los límites del autogobierno” de Euskadi y Navarra, e instan a las instituciones de ambas comunidades autónomas a “que dejen de ser simples espectadores y den pasos hacia un marco propio de relaciones laborales”. Las manifestaciones del 30 de enero partirán en Bilbao de la Plaza Moyúa, de Alderdi Eder en San Sebastián, de la Plaza Bilbao en Vitoria-Gasteiz y de la antigua estación de autobuses en Pamplona.