Los alcaldes de la mina acusan al Ministerio de Industria de distanciarse del problema
Los cuatro alcaldes de la zona de la mina Aguablanca volvieron ayer de Madrid decepcionados con la actitud “bastante distante” que el Ministerio de Industria mantiene respecto al cierre anunciado por la empresa Río Narcea. No pudieron ver al ministro José Manuel Soria, sí estuvieron con la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín, que les dijo que es una decisión económica de la empresa, y que ellos tienen pocas posibilidades de influir en ella.
“¿Falta de voluntad por parte del Ministerio? Lo que sí puedo decir es que los veo en una actitud bastante distante”, ha explicado a eldiarioex el alcalde de Monesterio Antonio Garrote; viajó a Madrid junto a sus compañeros de El Real de la Jara, Santa Olalla del Cala y Cala, localidades donde también viven los trabajadores que se quedan en la calle.
Una entrevista con resultado “decepcionante”, también porque aunque la mina es al 50% de titularidad pública, en un consorcio, “la directora general nos dijo que prácticamente es de gestión privada según las estipulaciones del contrato”.
El Ministerio según Garrote también se ha visto sorprendido por el anuncio de cierre, ya que es conocedor de épocas muy prósperas en esa explotación cuando la tonelada de níquel estaba a 52.000 euros y según el alcalde “se estaban forrando”.
Poner en la balanza, para equilibrar y aguantar al año final de explotación previsto, 2018, tanto esa alta cotización como la actual de 8.400 euros es lo que tendría que forzar el Ministerio a Río Narcea.
La reforma laboral cae sobre ellos
Aparte de las cartas de aviso de un ERE extintivo para toda la plantilla, 400 personas, y la presentación del expediente de regulación al comité de empresa, Río Narcea aún no ha aportado más documentación al Ministerio, que espera todo el plan de cierre y su motivación, incluido el programa de restauración ambiental de la zona.
El expediente laboral es competencia de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, que “poco podrá hacer” según el alcalde de Monesterio dada las facilidades que da la reforma laboral de 2012 actualmente vigente. “Seguramente es uno de los factores que la empresa ha manejado para dar carpetazo ya mismo a la mina, y en el Ministerio son conscientes, porque puede haber cambio de gobierno y casi todos los partidos han anunciado que van a derogar o cambiar la reforma laboral”.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también se ha referido a la influencia de la reforma laboral en este problema, al lamentar que la misma “haya traído cosas como ésta”. “En otro contexto reglamentario y legal esto no se hubiera hecho, pues cuando una empresa está teniendo beneficios no puede cerrar de la noche a la mañana una industria, es absolutamente absurdo”.
Ahora los alcaldes se reunirán con el comité de empresa para ver las acciones a realizar.
