Acusan a la Junta de eludir su responsabilidad para la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

La Ley de Memoria Histórica exige a las administraciones públicas la retirada de los vestigios de la sublevación militar de 1936 y la posterior dictadura franquista, pero en el caso de la Cruz de los Caídos de Cáceres se está dejando pasar el tiempo sin una decisión firme que la derribe o la traslade de su actual ubicación en la Plaza de América, como parece ser la intención del Ayuntamiento.

Por este motivo, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha vuelto a solicitar al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que “a la mayor brevedad posible” tome las medidas oportunas para la retirada de esta cruz, como, además, establece la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región, en vigor desde hace dos años.

La asociación memorialista se ha dirigido en numerosas ocasiones al Gobierno autonómico solicitando la desaparición de este símbolo, pero la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha condicionado la actuación de la Junta a la creación de un comité de expertos que aún no existe pero que la legislación extremeña recoge, por lo que es “la propia Consejería la que lo tendría que haber creado hace tiempo” y, por lo tanto, “incumple nuestra propia legislación y es una falta de consideración hacia nuestra asociación y a la memoria de las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres al justificar ahora su no actuación por su propia inacción anterior”.

Amececa entiende que la retirada de la Cruz de los Caídos supone una medida de reparación a las víctimas cacereñas de la represión franquista porque es un monumento “de exaltación de la sublevación militar de 1936 y del franquismo”.

La asociación recuerda que la represión de la dictadura supuso en su aspecto más sangriento el asesinato de al menos 527 personas y la muerte en sus prisiones de otras 150 personas, a lo que habría que sumar “los miles de presos que por razones políticas que sobrevivieron tras su paso por la antigua prisión provincial o en el campo de concentración de Los Arenales”.

En este sentido, la existencia en el espacio público de la ciudad de Cáceres de un monumento de clara simbología franquista supone un “claro desprecio a la reparación de las víctimas de la represión franquista”, considera Amececa, que advierte que “las leyes se promulgan para ser cumplidas por todos, incluidas las instituciones públicas”.