28.000 personas dependientes atendidas, 7.000 esperando valoración y otras tantas aguardando la prestación

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha acusado al PP de tener “el corazón de piedra” por “el golpe casi mortal” y los “mayores hachazos” que aplicó a la ley de dependencia durante sus gobiernos, mientras que la diputada autonómica popular Consuelo Rodríguez Píriz le ha afeado su “desastre” de gestión.

Vergeles ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación actual de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia de Extremadura, en la que hay “28.237 personas atendidas, 7.000 esperando ser valoradas y 7.000 pendientes de recibir la prestación”.

Todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar la “demora” en la tramitación de los expedientes y lo censurable de que se produzcan situaciones como que personas con derecho reconocido fallezcan sin haber recibido la prestación.

“Los extremeños pueden estar tranquilos que están en buenas manos, ahora sí”, ha indicado Vergeles, para quien “frente al sufrimiento y desesperanza que ofrece la derecha a personas en situación de dependencia, nosotros ofrecemos seguridad, compromiso y confianza”.

El consejero se ha felicitado de la voluntad del Gobierno central del PSOE de asumir de nuevo el 50 % de la financiación (ahora la comunidad asume el 80 %) porque “cree” en esta ley, a diferencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy que con sus reales decretos y en concreto el “fatídico” que “retrasaba” la incorporación de los dependientes moderados, “acabó” con este sistema, “disminuyendo” su financiación.

Ha reprochado al PP su “falta de patriotismo social” por además de lo citado, votar junto a Cs y nacionalistas, en contra de los presupuestos del Estado que hubiesen “aportado a Extremadura entre 12 y 24 millones para salir de ese estrangulamiento” y rechazar igualmente las cuentas regionales que aumentaban fondos para este fin.

En relación a la legislatura del Gobierno de José Antonio Monago, el PSOE ha aumentado de “292 a 342 millones” el presupuesto del SEPAD, ha recuperado la interoperabilidad y funcionalidad de sistema de información y ha invertido “de forma clara” en los centros de atención a la dependencia municipales, con la previsión de “disponer en un plazo razonable de 954 plazas públicas más en centros de atención a personas dependientes de grado 2 y grado 3.

También se ha revocado “la política de chinchetas” en la concertación de plazas residenciales, el sistema ha absorbido a “8.000” de los “10.000” dependientes de grado 1 que dejaron fuera y se han implantado medidas para agilizar los plazos como el centro de llamadas y la visita única, que ha llevado “en estos últimos meses a valorar alrededor de 2.000 personas más”.

Confianza

La “mayor confianza” en el PSOE, según Vergeles, ha hecho que haya “56.883 solicitudes en 2019 frente a 49.000 de junio de 2015, un total de 7.843 solicitudes más”; “49.654 dictámenes frente a 45.743, esto es, 3.911 solicitudes resueltas más” y un total de “28.237 personas atendidas frente a las 21.741 de junio de 2015, 6.496 más”.

Por el contrario, la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha denunciado el “desastre” en el que se encuentra sumido el sistema de dependencia en la región, que es “la tercera por la cola en el porcentaje de personas valoradas con respecto al número de solicitudes” y “la penúltima en ratio de prestaciones por personas beneficiarias”.

Según ha dicho, hay 7.229 personas esperando ser valoradas en Extremadura, el 12,70 % de las solicitudes; 7.206 personas esperando prestación, el 20,33 % de las que tienen reconocido este derecho.

Además, ha advertido del “modelo exclusivo” de la región basado en las prestaciones económicas vinculadas al servicio y la “muy escasa” incidencia del servicio de ayuda a domicilio, donde “apenas alcanza el 3,2 %”, en lo que considera “una atípica y particular carteras de servicios” con respecto al resto de comunidades, según dice de acuerdo a afirmaciones del Observatorio de la Dependencia.

Para Píriz, el modelo de la Junta es el de “vuelva usted mañana”, donde la administración “tarda dos años en valorar y dos años en empezar a pagar”, y son “los reyes del copago, el más alto de toda España y las prestaciones mas bajas”.

Ante esto, “lejos de proponer un plan de choque efectivo”, la Junta “se saca un as de la manga” que es el de “acogerse a las ayudas del fondo de garantía social (renta básica, de apoyo para contingencias y mínimos vitales), que ”se han reducido“, ”en tanto se resuelve el expediente“.

Por parte de Ciudadanos, la parlamentaria Encarna Martín ha manifestado que la atención de las personas dependientes es “un reto ineludible para los poderes públicos” y requiere “una respuesta firme” que garantice a todas las personas este derecho subjetivo, algo que, a su juicio, no se está cumpliendo ni en España ni en la región.

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha subrayado que la dependencia, cuarto pilar del Estado de bienestar, fue objeto de profundos recortes durante la crisis económica por parte del Gobierno central, pero ha señalado que esto “no justifica los malos datos” de Extremadura, que tiene que “mejorar” la gestión de la misma aunque ello implique “endeudarse más”.