El nuevo control horario reduce las horas extras impagadas, aunque sigue el fraude

Han pasado tres meses desde la entrada en vigor del nuevo registro diario obligatorio en las empresas. Se puso en marcha para evitar posibles fraudes y horas extras impagadas y el balance resulta algo ambiguo.

La medida ha supuesto una llamada de atención para el empresario, lo que supone un punto de partida para ordenar y regular las horas extraordinarias. Sin embargo los sindicatos denuncian sigue habiendo un exceso de horas extras, fuera de control.

UGT Extremadura advierte que hay empresas que han puesto en marcha la medida, y efectivamente la obligatoriedad de apuntar los horarios de entrada y salida ha acabado con la práctica de las horas impagadas. Pero en otros casos no ha sido así y continúa el fraude.

Días atrás se conocían unos datos del INE que señalaban que en el segundo trimestre del año las horas extra pagadas cayeron un 19% a nivel estatal. Se puede concluir que control horario comienza a surtir su efecto, y que efectivamente se está reduciendo esta práctica.

Desde UGT Extremadura María José Ladera advierte no obstante que se está hablando en todo momento de las horas extras pagadas, no de las que no se cobran, que son bastante frecuentes.

Alerta de que hay casos en los que el control de entrada y salida no está garantizando la legalidad. “El papel lo aguanta todo, y resulta tan fácil como manipularlo, sin más”. A su juicio está quedando en evidencia que el control horario ha creado una laguna, y que resulta muy sencillo hacer a un empleado firmar una tabla horaria que en realidad no se ajusta a la realidad.

Se trata de una cuestión que comparte el sindicato CCOO Extremadura, que ha venido advirtiendo de manera reiterada que existe un problema esencial de fondo, porque las tablas de registro están en manos del propio empresario, de modo que los trabajadores están en desventaja.

“Si te encuentras el papel relleno cuando llegas al trabajo por la mañana, y tienes un contrato temporal, tu capacidad de denuncia es muy limitada”. Abogan por que el registro recaiga en el comité de empresa, los sindicatos y el delegado de personal.

A ello suman unas sanciones muy reducidas, de entre 600 y 6.000 euros, de modo que a algunos empresarios les puede salir más rentable asumir la multa y seguir cometiendo el fraude.