Las empresas extremeñas empiezan a recibir respuesta a las solicitudes de los fondos Covid

Las empresas de hostelería y turismo de Extremadura han recibido entre el 6 y 10 de agosto las resoluciones de abono de ayudas por importe de 28,6 millones de euros incluidos en los 106,5 millones asignados a Extremadura por el Gobierno correspondientes a los llamados fondos Covid.

Así lo asegurado a Efe la vicepresidenta de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (CETEX), Pilar Acosta, que confía en que a principios de septiembre se hayan hecho efectivas estas ayudas, que en su mayoría se destinarán a abonar las deudas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Según ha señalado, aunque desde el sector se ha sido crítico con estas ayudas, “que han tardado en llegar”, es de justicia reconocer que Extremadura está siendo una de las primeras CCAA en recibir las notificaciones de las ayudas, que van desde los 3.000 euros a los 200.000.

Pilar Acosta ha explicado que la mayoría de ese dinero se destinará a devolver los créditos ICO, lo que supone que en lugar de quedarse en el mercado “va de nuevo a los bancos, pero por lo menos nos quitamos deuda”.

El pasado 9 de junio el Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley que regulaba las ayudas directas a autónomos y empresas que aprobó destinar el Gobierno de España para Extremadura.

El objetivo de las ayudas, que se suma a las concedidas por la Junta de Extremadura, es la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.

Las ayudas, de carácter finalista, se destinan a satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos en que hayan incurrido las personas trabajadoras autónomas y empresas que puedan optar a las ayudas.

Para obtener la condición de beneficiarios, las empresas, autónomos y profesionales debían acreditar haber sufrido en el año 2020 una disminución de más de un 30 % en el volumen de operaciones en comparación con el volumen de operaciones de 2019, o bien haber aplicado el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2019 o 2020.