El Gobierno flexibiliza el objetivo de déficit, pero evita devolver el IVA

El Ministerio de Hacienda ofreció este viernes a las comunidades descontar del déficit autonómico de 2019 la liquidación del IVA de 2017, unos 2.500 millones de euros, según los gobiernos autonómicos, que el Ejecutivo ha descartado devolver.

Asimismo el objetivo de déficit para 2020 se flexibiliza en dos décimas al 0,2 por ciento del PIB para dar más margen a las comunidades autónomas.

Las comunidades del PP han mostrado su disconformidad con la oferta de Hacienda de compensar el impago de 2.500 millones de liquidación del IVA de 2017 con una relajación de la senda del déficit, mientras que las socialistas la han aceptado a regañadientes y han considerado que se trata de “un parche”.

Así lo expresaron las comunidades al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra María Jesús Montero les ha ofrecido como ‘medida paliativa’ suavizar el objetivo de déficit ante la “imposibilidad” de devolver el IVA.

En concreto la oferta del Gobierno pasa por fijar para 2020 un objetivo de déficit del 0,2 por ciento del PIB, del 0,1 por ciento para 2021 y equilibrio presupuestario para 2022 y 2023, al tiempo que las comunidades podrán acogerse a un mecanismo extra del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a un cero por ciento de interés.

Respuesta de Extremadura

La Junta de Extremadura ha valorado el esfuerzo del Gobierno para aumentar en un 0,2 % el objetivo de déficit para 2020.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración, Pilar Blanco-Morales, señala que se trata de un paso previo a la reforma del sistema de financiación autonómico, una reivindicación que Extremadura mantiene desde hace varios años, según recoge un comunicado del Ejecutivo regional.

Blanco-Morales ha destacado la voluntad de un Gobierno que en tres semanas se ha puesto a trabajar para contar con unos Presupuestos Generales del Estado, un recurso indispensable para que Extremadura disponga de los fondos suficientes para ejercer las competencias que tiene asumidas, que son las que sostienen el Estado del Bienestar.

Un primer paso, ha asegurado la titular de Hacienda, para un problema, el de la liquidación del IVA, que se creó en 2017, que posteriormente se intentó arreglar en 2019 y que ahora cuenta con una respuesta por parte del Gobierno de la nación. La vicepresidenta ha mantenido que aún queda por resolver el problema de la financiación de las comunidades autónomas a través de un nuevo modelo de financiación autonómica.

A su juicio las regiones necesitan recursos para financiar la sanidad, la educación, la dependencia o las inversiones productivas que hagan crecer la economía, que permitan acabar con el desempleo y que el trabajo que se cree sea de calidad.

Sobre el nuevo modelo, Extremadura mantiene que debe aportar recursos para que las comunidades puedan ejercer cabalmente sus competencias, valorar adecuadamente lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada una de las regiones, y proveer los recursos para ellos.

Además de postular la equidad y la solidaridad, así como tener en cuenta factores como la despoblación o la dispersión. Ante ese debate, Extremadura mantendrá su reivindicación de que se cumpla el Estatuto de Autonomía en lo referido a las inversiones extraordinarias y la deuda histórica.

Otras CCAA del PSOE

La medida propuesta por el Ejecutivo central ha sido criticada por varias comunidades socialistas que la han visto como un “parche y un préstamo” que solo supone, opinan, más deuda.

Así, el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha acogido la flexibilización del déficit con satisfacción ya que permitirá alcanzar el equilibrio presupuestario “de manera suave” pero ha considerado “absurdo” que el Estado compense el dinero que debe a las autonomías “con un préstamo” que finalmente incrementará el nivel de endeudamiento.

Este consejero no ha descartado, en línea con las comunidades del PP, emprender acciones en los tribunales para la devolución del IVA, tal y como ya ha anunciado el Ejecutivo autonómico. En la misma línea la consejera de Baleares Rosario Sánchez Grau ha reprochado a Hacienda la medida, igual que el consejero valenciano Vicent Soler, que ha recibido bien la propuesta y, aunque ve que no es “la mejor”, sí “la que tiene más imaginación”.

Para compensar, ha dicho, “las políticas austericidas” de la legislatura de Mariano Rajoy. Todas las comunidades socialistas han urgido al Gobierno a la reforma de la financiación autonómica. Reforma a la que se ha comprometido la ministra Montero.

Comunidades gobernadas por el PP

Las comunidades del PP, que ya habían avanzado estos días su descontento con el impago del IVA, han rechazado la propuesta en el Consejo celebrado en la tarde de este viernes.

En concreto, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que la solución aportada por la ministra le parece insuficiente porque “no se trata de tener menos deuda sino de tener más liquidez”.

Desde Galicia, el consejero de Hacienda, Valeriano Martínez, se ha sumado a las críticas, igual que Juan Bravo, responsable de Hacienda de Andalucía, a quien tampoco le convence la propuesta del Ministerio, y la ha calificado de “préstamo” que perjudicará a la comunidad.

Por su parte, Cataluña, que ha enviado a la secretaría de Economía de la Generalitat catalana, Natàlia Mas, en lugar de al consejero y vicepresidente, Pere Aragonès, ha tildado la medida de “deshonesta” y ha considerado que la negativa del Gobierno de liquidar la deuda pendiente pone en riesgo partidas destinadas a servicios sociales como la dependencia.