Evitar los robos en el campo sin cargarse el rebusco social: Agricultura intenta resolver la ecuación
La Consejería de Medio Ambiente y Rural ha publicado para su consulta pública un proyecto de decreto sobre el seguimiento de los productos de cosecha agrícola, con el objetivo declarado de intentar acabar con los robos en el campo a gran escala, bajo el principio de seguridad alimentaria regulado por leyes y directivas españolas y europeas fundamentalmente desde 2011.
La medida principal es que todo transporte de productos agrarios primarios (sin transformar) de más de 25 kilos de peso debería ir acompañado de una extensa documentación que incluye hasta 12 datos.
Desde la identificación del titular de la explotación de la que proviene el producto, la numeración de la parcela agraria según el registro cartográfico Sigpac, o la inscripción obligatoria en el registro general de productores agrarios, hasta la autorización de traslado por parte del productor original, tipo-variedad-peso de la mercancía, o la identidad del establecimiento de destino.
Además de obligar a extender documentación al agricultor productor, y al titular del transporte, el proyecto de decreto aborda con pretensión profunda la regulación de los almacenes intermediarios, que deberán informar a cada Ayuntamiento con antelación del inicio de actividad para poder ser inscritos en un registro obligatorio.
Estos almacenes –algunos popularmente denominados “puestos”- quedarían también obligados a rellenar documentación y estar perfectamente identificados con la comunicación de las coordenadas geográficas del lugar donde realicen la actividad.
Dos posiciones
La normativa propuesta cuenta con el apoyo en general de organizaciones agrarias y cooperativas, pero levanta ampollas en eslabones más débiles y tradicionales de la cadena como son los almacenistas intermediarios, o asociaciones sociales defensoras de la actividad tradicional del rebusco con la que algunas familias alivian su economía al recoger los restos de cosecha, sobre todo en zonas de gran extensión de viña y olivar, entre ellas la comarca de Tierra de Barros.
Juan Luis Sánchez, presidente de la recién creada Asociación de Puestos de Acopio en esa comarca, cree que la normativa ha sido redactada por alguien sentado en un despacho y desconocedor por completo de la realidad, y la necesidad de las pequeñas economías locales.
“Si se aplica a rajatabla, de un plumazo se cargarían una producción agraria de muchos millones de euros, y miles de jornales sociales”.
Es decir, restos de cosechas o producciones sin valor comercial estándar pero que son aprovechadas por las poblaciones y empresas locales aunque sea de forma alegal, pero con su consiguiente trascendencia económica y social.
Y es que, “con esto en la mano, necesitas un patrimonio mínimo de seis millones de euros para tener una empresa agraria que pueda pagar un administrativo, que es lo que se necesita para poder rellenar tanto papel”, asegura Sánchez.
Alto con los melones
Según la letra del proyecto “si tienes un huerto y te llevas seis melones a casa te puede denunciar la Guardia Civil porque pesa más de veinticinco kilos pero no tienes papeles”.
En su opinión la aplicación literal es inviable, y los titulares de puestos de acopio van a intentar presentar alegaciones.
Juan Viera, de la Asociación para la Defensa de lo Público en Villafranca de los Barros, sostiene que esta normativa acabaría con el rebusco pero no con los robos. “Veinticinco kilos es muy poco como para a partir de ahí tener que llevar tanto papel y cumplir tanta burocracia”.
Por otro lado los hurtos a gran escala “van a seguir produciéndose, seguirán haciéndolos de noche y ya se buscarán artimañas para sortear esta normativa si es que llega a aprobarse”.
Y es que el daño a los agricultores en sus cosechas mediante el robo “no es cosa de una persona que se lleve cien kilos, es algo a gran escala, muy bien organizado por redes bien preparadas”, apunta Sánchez de la asociación de puestos de acopio, que señala además a que algunos agricultores también compran mercancía a bajo precio, sin preocuparles la procedencia, para llevar a la cooperativa.
Los robos son competencia del Gobierno
Al respecto de este proyecto la consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García, ha subrayado que que la normativa para evitar los robos en el campo aún no está publicada y ha añadido que los que se producen son competencia de la Delegación del Gobierno.
La normativa “será para que la gente honesta no tenga ningún problema”.
El pasado 2 de agosto hubo una reunión con las organizaciones agrarias para delimitar los anexos de los documentos que tienen que llevar los agricultores para el transporte desde sus parcelas a los centros de recogidas o cualquier otro lugar.
“Todo esto lleva un trámite de comisión jurídica y será presentada desde la Presidencia de la Junta de Extremadura, ya que esto es un trabajo de todos”.
Pero ante todo “son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que tienen investigar ya que la Junta de Extremadura no puede actuar contra los que roban en el campo”.
