La activista extremeña Paca Blanco denuncia “maltrato institucional” tras la paralización provisional de su desahucio: “Son unos canallas”
Activista histórica en las luchas por el ecologismo, los derechos sociales y la memoria de la represión franquista, Paca Blanco ha vivido durante más de una década en una vivienda pública adjudicada originalmente a su hijo. Tras años intentando regularizar su situación contractual y pagar el alquiler social, lo que ha hecho de forma continuada durante el último año, se enfrentó a una orden de desahucio prevista para el 23 de febrero que finalmente ha sido suspendida. Sus declaraciones reflejan la angustia y el desgaste institucional y emocional que supone vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar a los 77 años.
La extremeña denuncia el “maltrato institucional” sufrido y la ausencia de una comunicación oficial clara sobre su situación: “Para ellos soy una ocupante ignorada, una persona que no existe”. Y eleva el tono cuando habla del trato a las personas mayores: “Nos tienen viviendo con estrés, con ansiedad, con angustia constante. Son unos canallas”. A su edad y con un 66% de discapacidad, insiste en que solo reclama “una solución habitacional digna” y advierte: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Yo pienso seguir luchando hasta que mi cuerpo aguante”.
Blanco, que utiliza un andador y padece movilidad reducida, ha dedicado décadas a causas sociales, ecológicas y feministas y es conocida por denunciar la represión franquista en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, donde fue internada en su juventud, y por oponerse a megaproyectos como el resort de lujo en Marina Isla de Valdecañas, y a las nucleares, especialmente la de Almaraz.
El conflicto actual se originó cuando la empresa municipal de vivienda de Madrid (EMVS) decidió iniciar un procedimiento judicial para desalojarla, argumentando incumplimientos contractuales por lo que ella misma define su situación como “ocupación ignorada”. Blanco había entrado en la vivienda con las llaves que le entregó su hijo, al que originalmente se adjudicó el piso y que ahora reside en Brasil, y desde entonces ha intentado regularizar el contrato sin éxito.
A pesar de haber pagado alquiler durante el último año, y de solicitar formalmente la subrogación del contrato, algo que la normativa actual no permite del hijo a padres, pero sí al revés, la EMVS no ha reconocido su derecho a permanecer en el hogar que ha sido suyo durante más de una década.
Movilización social y paralización del desahucio
La alarma ante su posible expulsión ha motivado la firma de un manifiesto por parte de más de 150 colectivos como sindicatos, movimientos de vivienda, asociaciones vecinales, plataformas de pensionistas y ecologistas, que califican la medida como “una injusticia especialmente grave” y un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a miles de personas en España.
Gracias a esta presión y al apoyo de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, el desahucio programado para el 23 de febrero fue suspendido de forma temporal. Pero Blanco advierte de que esa suspensión es una tregua, no una solución definitiva, y que sigue en riesgo inminente de perder su hogar si no se reconoce su derecho a un alquiler social acorde a sus recursos.
El relato de una vida en lucha
Por su parte, Blanco relata con claridad a elDiario.es, como siempre ha hecho, la enorme carga emocional y física de esta experiencia: meses viviendo entre cajas con sus recuerdos, angustia constante y la incertidumbre de no saber si su casa seguirá siendo suya. Su caso se ha convertido en una denuncia pública del trato institucional hacia los mayores, especialmente cuando sus ingresos y su condición de salud los colocan en una posición de vulnerabilidad.
Blanco ha rechazado también ofertas de alternativas habitacionales como residencias gestionadas por órdenes religiosas, precisamente por su experiencia pasada en instituciones similares durante los años del franquismo.
Un caso que trasciende lo personal
Expertos y colectivos señalan que el caso pone foco en la crisis estructural de vivienda en España, donde la falta de vivienda social asequible, las limitaciones del llamado escudo social y la presión de los mercados inmobiliarios empujan a personas mayores, familias vulnerables y sectores precarizados a situaciones de exclusión residencial. El respaldo a Blanco se lee, en este sentido, como un llamado más amplio a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.