Extremadura elevará una proposición al Congreso para reducir la carga fiscal de las eléctricas

La Asamblea de Extremadura ha acordado elevar al Congreso una proposición de ley presentada por Vox, y respaldada por el PP, dirigida a reducir la denominada 'tasa Enresa', que abonan las eléctricas titulares de las centrales nucleares para financiar la gestión y almacenamiento de los residuos, al objeto de dar viabilidad a las mismas para la continuidad de estas instalaciones.

Sin embargo, al tiempo que el PP pide que se rebajen impuestos y tasas a las multinacionales eléctricas, se niega a renunciar al cobro de la ecotasa en Extremadura, la tasa que grava las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La Junta de Extremadura prevé ingresar este año 84 millones de euros de la central nuclear de Almaraz por este concepto. Pero no solo eso, el Ejecutivo de María Guardiola también reclama una compensación fiscal por ser una de las comunidades que más electricidad genera.

PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra de esta proposición de ley para su remisión al Congreso de los Diputados, que está dirigida a modificar la disposición adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Una vez que ha obtenido el visto bueno, el pleno ha designado, ante la falta de propuesta conjunta, a los tres diputados que defenderán esta iniciativa en la Cámara Baja, lo que se ha realizado en votación secreta por papeletas mediante llamamiento por orden alfabético. Los tres diputados elegidos han sido José María Vergeles (PSOE), con 27 votos; Abel Bautista, con 14 votos, y José Ángel Sánchez Juliá, con 13 votos, ambos del PP; mientras que el proponente Óscar Fernández (Vox) ha tenido cinco votos y ha habido cuatro votos en blanco.

Dicha proposición ha llegado a este pleno con el texto original, y una enmienda del Grupo Popular, rechazada por el resto de formaciones, tras un recorrido parlamentario que incluye enmiendas de totalidad de PSOE y Unidas por Extremadura, su debate en la Comisión de Hacienda, con 16 comparecencias, y denegación de enmiendas parciales de los socialistas (5) y de la coalición (2).

El diputado de Vox Óscar Fernández ha señalado que el objetivo es reducir la “abusiva” carga impositiva que soporta el sector, con “un aumento del 70 % en los últimos cinco años”, lo que hace “insostenible” su viabilidad económica. La formación, que plantea reducir de 1,036 céntimos de euros por kWh a 0,669 la tarifa fija unitaria, ha subrayado la necesidad de que la central nuclear de Almaraz, de la que dependen 3.000 familias, siga funcionando para aportar riqueza y empleo a la comarca, y Extremadura, para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico y a la soberanía energética.

A los socialistas, “huestes del futuro preso Gallardo”, les ha recriminado su “engaño masivo” con lo que dicen y luego hacen, pues el Gobierno central socialista “quiere cerrar Almaraz” y es lo que votan“ los diputados extremeños del PSOE; y al PP le ha pedido su apoyo a la proposición y que aplique la rebaja de la ecotasa autonómica.

El diputado del PP Hipólito Pacheco ha explicado que su enmienda parcial responde al hecho de que no ven necesario acotar en una ley una cantidad concreta para la tasa Enresa, la cual sí hay que blindar por ley ante un Gobierno que “intenta expulsar a la energía nuclear del mix energético por una ideología radical y trasnochada”.

Tras señalar que el PP defiende que tanto ciudadanos como empresas tienen que pagar impuestos, ha lamentado la “deslealtad” del Gobierno al “romper” el acuerdo alcanzado con las eléctricas en 2019 que fijaba el precio en 0,798 euros k/h que es lo que quieren “recuperar”.

Pacheco ha coincidido con Vox en afear al PSOE que “traicione a los extremeños” en el Congreso y ha aseverado que hay “tres socialistas extremeños que ”van a cerrar Almaraz“, refiriéndose a los exconsejeros en la Junta José Luis Navarro, Olga García (expresidente de Enresa y la actual responsable) y Pilar Lucio (vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear).

El diputado del PSOE José María Vergeles ha lamentado el “cinismo político” de PP y Vox porque se está hablando de “perdonarle a las eléctricas la contaminación por generar residuos radioactivos” cuando “quien contamina, paga”, además de tratarse de una iniciativa que es una “chapuza” y que nace “muerta” por no ser “competencia regional.

Desde Unidas por Extremadura Irene de Miguel entiende que si esta proposición de ley sale adelante sería “una vergüenza para Extremadura, saqueada por las grandes eléctricas”, de las que el PP y Vox se comportan como “mayordomos”: “hay que freírles a impuestos, no perdonarlos”, a la vez que ha advertido de que esto lo acabarían “pagando los consumidores en la factura de la luz”.