Los funcionarios advirtieron al alcalde de Mérida que la adjudicación de unos terrenos era ilegal, pero continuó
El objetivo era adjudicar a un empresario terreno municipal por un valor 50 veces inferior al real. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, del Ministerio de Hacienda, tumbó la adjudicación hasta en dos ocasiones porque ofrecía 16 hectáreas por 6.300 euros al año.
A su vez el ayuntamiento que preside Pedro Acedo licitó hasta dos veces en un año el proyecto de la finca de Royanejos, aunque finalmente tumbó el proyecto el ministerio.
IU Mérida dispone de un documento que demuestra que los informes de los técnicos de la delegación de Contratación advirtieron a Pedro Acedo y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local sobre las ilegalidades presentes en la licitación del derecho de superficie para la instalación de un área de estacionamiento y servicios de vehículos pesados de 15 hectáreas en la finca municipal de Royanejos, que se inició el 14 de agosto de 2014.
Según explica el concejal de IU Mérida, Álvaro Vázquez, esto implica que tanto el delegado de Contratación, Daniel Serrano, como la de Urbanismo y Vicealcaldesa, Raquel Bravo, así como el alcalde, eran conocedores de que el procedimiento de licitación era nulo de pleno derecho, a pesar de lo cual continuaron con su tramitación.
“Debemos señalar que una vez que el procedimiento fue declarado nulo, Pedro Acedo llegó a afirmar que la anulación del procedimiento fue responsabilidad de los errores de los técnicos municipales, declinando cualquier tipo de responsabilidad sobre su persona”, según explica la formación. Ahora, la documentación que dispone IU Mérida confirma que estas afirmaciones eran falsas.
Explica igualmente que los propios técnicos requirieron por escrito a la delegada de urbanismo para que subsanara los errores, “sin que la delegación dirigida por Raquel Bravo aportase los elementos de juicio suficientes para justificar la tramitación del expediente, motivo por el que dicta en expediente al que estamos haciendo mención”.
Desde IU-Mérida se preguntan cuáles fueron los motivos que motivaron a los responsables políticos del Partido Popular para impulsar y aprobar la tramitación de un procedimiento en estas circunstancias.
“Del mismo modo, resulta especialmente preocupante que tanto el candidato a la alcaldía del PP, como personas que forman parte de la candidatura demuestren un falta de pudor de este calibre a la hora de vulnerar la legislación vigente y obviar los informes de los técnicos municipales”.
