14 funcionarios de Fomento cobraron un mínimo de 1.800 euros por los cursos de las ITV
El consejero de Fomento, Víctor del Moral, no ha despejado este jueves en la Asamblea de Extremadura las dudas que aún existen sobre el extraño círculo formado por funcionarios de esa Consejería que tuvieron parte en la mesa de contratación de nuevas ITV, empleados públicos que en número de 14 dieron luego cursos para formar personal destinado a la empresa concesionaria, y percibieron por ello un mínimo de 1.800 euros, con el añadido final de que en alguna estación entraron a trabajar familiares de al menos uno de ellos.
“Algo huele a podrido”, “nepotismo y enchufismo”, o directamente “un pelotazo de 187 millones de euros” fueron los resúmenes que la oposición hace de este asunto, y por el que el portavoz del PSOE, Francisco Macías, pidió la dimisión del consejero.
Del Moral comparecía a petición propia para explicar el proceso de privatización de este servicio, y los cursos de formación que la Junta acordó con la Universidad de Extremadura para formar a los futuros trabajadores, una vez hecha la concesión administrativa de 10 ITV a la empresa Itevebasa, de Orihuela (Alicante).
En los cursos de formación de la Universidad, que facultaban para trabajar en las 10 ITV privadas o privatizadas, dieron clases 14 funcionarios de la Junta, que cobraban entre 30 y 60 euros la hora. Todos los funcionarios, entre ellos el jefe del servicio, y el jefe de sección de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) tenían permiso de la Consejería de Fomento, para dar clases por las tardes y sábados por la mañana.
Dieron entre 60 y 200 horas de clase, por lo que todos se embolsaron de 1.800 euros para arriba, según esos datos.
La Consejería ha abierto una investigación que todavía no ha terminado, explicó del Moral. Tampoco la iniciada por la Universidad de Extremadura, en cuanto al comportamiento del profesor director de los cursos, ha dado aún resultado según un portavoz de la misma: “Estamos haciendo una inspección exhaustiva por parte del servicio de gestión económica, analizando todos los documento de gestión por si hay responsabilidades, y para que no vuelva a ocurrir”.
El consejero asegura que todo el proceso de adjudicación fue limpio y transparente, público, y que como ninguna academia privada se lanzó a hacer la formación necesaria, la Junta acudió a la Universidad, que fue según él la que de acuerdo a sus normas seleccionó al profesorado y estableció las tasas a pagar por los alumnos, que fueron de entre 800 y 1.200 euros.
Del Moral sostiene que la ampliación de la red de ITV era necesaria para dar servicio a las localidades alejadas de las principales ciudades, y explicado que Itevebasa fue la adjudicataria de los dos lotes porque ofreció las mejores condiciones económicas en cuanto a canon anual a pagar a la Junta por cada estación, y porcentaje de facturación por tasas.
Un “pelotazo” usando además a los parados
Para Francisco Macías (PSOE) se trata por el contrario de un “pelotazo” de 187 millones de euros en concesión administrativa, en el que se ha jugado con la necesidad de los parados para beneficiar a una empresa en la que luego acabaron trabajando familiares del jefe de servicio de ITV, pero la responsabilidad “no es de los funcionarios sino de usted”.
“Aprovecharse de los parados, convirtiéndolo todo en mercancía, demuestra un nivel muy bajo ético y moral”.
En su opinión no había ninguna necesidad de privatizar el servicio ya que las ITV públicas tienen un superávit anual de tres millones de euros; predice que al final toda la red acabará privatizada, con los trabajadores cobrando menos y los automovilistas pagando tasas más caras.
Del Moral le respondió que también el PSOE privatizó, con la empresa Intevexsa, las estaciones de Almendralejo y Olivenza, colocando allí a “enchufados sin formación técnica”.
Víctor Casco, de IU, que reclama una investigación seria, contundente e inmediata, cree que nunca debería haberse privatizado parcialmente la red, y critica el “enchufismo y nepotismo” de funcionarios de Fomento de tener familiares trabajando en las estaciones. “Los cursos los podría haber organizado gratuitos el Sexpe, o la empresa, pero no, con dinero de los parados le han organizado los cursos a la concesionaria, y además participando funcionarios que estaban desde el principio en la adjudicación y han recibido beneficio directo”.
“En la opinión pública está el que algo huele a podrido, algo no se ha hecho bien o no se ha explicado bien”, ha sentenciado el regionalista Damián Beneyto.
