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La Junta Electoral de Mérida archiva la denuncia de los votos por correo y el PSOE eleva la denuncia a la Provincial

Pablo Sánchez / Pablo Sánchez

A las puertas de las elecciones locales y autonómicas del domingo, el escándalo del voto por Correos en Mérida y Calamonte sigue. Ha transcurrido casi una semana desde que se presentó la primera denuncia por parte del PSOE ante la Junta electoral de Mérida y a estas alturas se desconoce el número de votos tramitados, qué personas han participado en esta actividad, si hubo médicos y notarios por encargo del PP en residencias de ancianos y ni siquiera se conoce a qué dirección se han dirigido las solicitudes de voto tramitadas durante los últimos días.

El único avance en las últimas horas ha llegado por vía de la Junta Electoral de Mérida que ha decido dar carpetazo al caso, archivar la denuncia señalando que “no se aprecia irregularidad, infracción o indicios de delito electoral” en relación con la denuncia del PSOE por una posible usurpación de decenas de votos de personas ingresados en el Psiquiátrico y en varios centros de mayores.

El alcalde de Mérida y candidato a la reelección, Pedro Acedo, ha dado a conocer el fallo de la Junta Electoral y ha manifestado que este caso ha sido “un intento -del PSOE- de manipular a la opinión pública con una denuncia falsa”, según recoge la agencia EFE. Acedo también ha anunciado que ha interpuesto denuncias contra dirigentes socialistas por calumnias tras denunciar esos hechos.

Faltan explicaciones

Atacar al que denuncia es una estrategia muy antigua, ha respondido el secretario provincial del PSOE Rafael Lemus a las valoraciones de Acedo. En opinión del dirigente socialista, su partido y los ciudadanos necesitan más explicaciones sobre estos hechos.

Hay dos preguntas claves cuya respuesta que el PSOE quiere escuchar de boca del PP:

1/ ¿A qué dirección han ido los votos tramitados en los últimos días? En el PSOE sospechan que muchos, la mayoría, podrían haber ido a una misma dirección, a un local, situado en la calle Adriano de Mérida, según indica Lemus. En esa calle, hay una consejería de la Junta, varios establecimientos comerciales, viviendas y la sede regional del PP.

2/ ¿Qué relación tiene n las personas que firmaron su solicitud de voto por con el médico que ha hecho los certificados acreditando su incapacidad para ir a votar personalmente?

Tras formular públicamente esas dos preguntas en una rueda de prensa, Lemus ha dado un plazo de 24 horas al PP para que responda a las mismas. En caso, el PSOE seguirá adelante con este asunto, acudiendo primero a la Junta Electoral provincial y, si así lo estiman, a los tribunales ordinarios de justicia.

Extrañeza por la investigación

El secretario provincial del PSOE no ha entrado en demasiados detalles sobre el desarrollo de este asunto en la Junta Electoral de Zona de Mérida, aunque ha desvelado que no se han pedido vídeos a la oficina de Correos para analizar los hechos, a pesar de que hay un amplio sistema de vídeo cámaras en el centro. Según Lemus, la Junta Electoral ha tomado declaración a una funcionaria de Correos y no ha pedido más pruebas.

“Respetamos esa decisión, pero creemos que hay que seguir investigando, hay más indicios, y creemos que algo huele a podrido en todo esto”, señala Lemus.

Más casos en Calamonte

Por otra parte, en la vecina localidad de Calamonte siguen produciéndose escenas en las que también hay sombras de duda en la tramitación del voto por Correos.

Ramón Ledo, el vecino de Calamonte que contó a eldiarioex que a su madre le “habían robado el voto” tras enterarse que había sido conducida a la sede de Correos de Calamonte por una concejala del PP con objeto de tramitar su solicitud de voto, ha acudido ante la Junta Electoral de Zona de Mérida para intentar anular esa solicitud de voto. “Me han dicho que ya es muy tarde y que no puede ser; que tengo que ir a Correos y hacer otra solicitud, eso haré y sigo manteniendo todo lo que he dicho, pese a las barbaridades que están diciendo de mí”, ha señalado Ledo

El secretario provincial del PSOE ha indicado que están estudiando las denuncias de Calamonte y no descartan nuevas acciones.

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