La Junta no va a pedir, por el momento, la disolución del Ayuntamiento de Alburquerque

La Junta de Extremadura considera que aún no ha llegado el momento de contemplar la disolución de los órganos de gobierno de municipio de Alburquerque, por la pésima situación económica que vive esta administración local, ya que hay que esperar a que las medidas adoptadas den sus resultados.

Este es el mensaje que ha lanzado este jueves la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia a petición propia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para abordar las posibles soluciones a la situación que vive el Consistorio de Alburquerque.

Frente a este discurso y el defendido por el PSOE, todos los grupos de la oposición se han mostrado a favor de la disolución del Ayuntamiento albuquerqueño, con una deuda contabilizada superior a los once millones de euros, lo que ha ocasionado que sus trabajadores lleven 10 meses sin cobrar sus nóminas o el pago a proveedores acumule un retraso de dos años.

Esta asfixia económica ha llevado al cierre de servicios municipales, como el de la guardería o la piscina municipal, mientras que la corporación municipal vive una situación totalmente anómala con la dimisión de concejales y con la negativa de la alcaldesa, Marisa Murillo, a dejar el cargo a pesar de estar ya en clara minoría y haber sido expulsada del PSOE.

Pilar Blanco-Morales ha dejado claro que la “legislación garantista” de España a favor de la autonomía municipal, como pilar de la democracia, “nos impide actuar con la celeridad que a todos nos gustaría”.

La vicepresidenta primera ha expuesto todos los requerimientos realizados por el Ministerio de Hacienda, como administración competente, al Ayuntamiento de Alburquerque desde 2017 para que estabilizara sus cuentas, así como la gestiones realizadas por la Junta de Extremadura y por la Diputación de Badajoz para tratar de abordar los problemas que sufre el municipio.

“La Junta de Extremadura actúa y actuará”, ha dicho Blanco-Morales, quien ha aclarado que aún no ha llegado el momento de solicitar al Consejo de Ministros de disolución de los órganos de gobierno del municipio de Alburquerque, una media absolutamente excepcional que solo se ha adoptado en España en 2006 con la disolución del Ayuntamiento de Marbella.

La consejera ha reconocido que la situación que se vive en el municipio pacense solo tiene una causa clara, “la pésima gestión de los responsables municipales” y ha indicado que la negativa de Murillo a dimitir solo puede responder a “intereses inconfesables” y a unos comportamientos que “rayan en lo delictivo”, por lo que deberán ser investigados “cuando así proceda”.

Pilar Blanco-Morales ha destacado que “solo la dimisión de los gestores municipales allanará y dará rapidez al proceso de normalización” en el Ayuntamiento de Alburquerque.

“Quiebra” y “bancarrota”

El diputado del PP Saturnino López Marroyo, por su parte, ha indicado que la “quiebra” de este consistorio alcanza “dimensiones catastróficas”, mientras la democracia está “secuestrada” por la alcaldesa, que se “mantiene en su fortín frente a cualquier asedio”.

López Marroyo ha señalado al anterior alcalde, Ángel Vadillo, como responsable de la situación de “bancarrota” que vive el Ayuntamiento de Alburquerque y ha culpado a la Junta de “amparar, consentir y permitir” todo lo ocurrido hasta llegar a esta “gigantesca bola de nieve”.

A su juicio, lo sucedido en este consistorio no solo sobrepasa todas las líneas rojas, sino “todas las líneas de colores que conforman el arcoíris”, y se ha preguntado cuándo puede aplicarse la ley para disolver un ayuntamiento si no se hace en este caso.

El parlamentario de Cs José María Casares ha expuesto la dramática situación que viven los trabajadores y los propios habitantes de Alburquerque y se ha comprometido a apoyar y a acompañar a la Junta en todo el proceso si se solicita la disolución del consistorio.

Álvaro Jaén, por parte de Unidas por Extremadura, ha dicho que la fase de requerimientos “ya ha vencido”, por lo que ha considerado la disolución como la única medida a este “callejón ya sin salida”.

Por su parte, el diputado socialista Juan Antonio González ha dicho que el consistorio “está de facto intervenido”, pero ha aclarado que “la disolución no es un camino fácil y nosotros no vamos a engañar a nadie”.