Luz verde al decreto con sanciones de hasta 600.000 euros por incumplir las medidas de seguridad frente a la covid

La Asamblea ha convalidado, con la única abstención del PP, el decreto-ley impulsado por el Ejecutivo regional que sanciona hasta con 600.000 euros aquellas infracciones consideradas como muy graves y que pongan en riesgo la salud, y considera al personal sanitario como agente de la autoridad.

“Con este decreto podemos luchar mejor contra la pandemia”, ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en su intervención en el pleno. Se ha abordado en la Cámara a través del debate político este decreto-ley, el cual modifica la Ley 7/2011 de Salud Pública de Extremadura en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas contra el Covid-19.

Tres tipos de infracciones

Las infracciones que contempla se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con la incidencia y el menor o mayor riesgo que estas tengan en la salud pública, con sanciones de hasta 3.000 euros, en el caso de las primeras; de 3.000 hasta 60.000 euros, en el caso de las segundas; y de 60.000 hasta 600.000 euros, en el caso de las muy graves.

Frente al respaldo de PSOE, Cs y Unidas por Extremadura, el PP se ha abstenido por entender que este decreto-ley “llega tarde y mal, y es insuficiente”. Además, a su juicio carece de un procedimiento adecuado de coordinación entre las autoridades.

“Ustedes -dirigiéndose al Ejecutivo regional- exigen a los ciudadanos lo que ustedes incumplen como administración”, ha expuesto el PP en referencia, según han dicho, a las imágenes ofrecidas por el Festival de teatro de Mérida en su estreno.

Campaña de sensibilización

Tanto Unidas por Extremadura como Cs han coincidido en solicitar que este decreto-ley venga acompañado de campaña de sensibilización en el uso obligatorio de las mascarillas, así como el reparto de las mismas a las familias con menos recursos.

“El régimen sancionador debe ser el último recurso, mientras que la concienciación debe ser el primero, y para ello la información y la sensibilización desde las administraciones es imprescindibles”, han expuesto desde Unidas, que también ha pedido “no estigmatizar” a la juventud, pues la gran mayoría “está cumpliendo” con esta obligación.

Este decreto-ley de carácter sancionador recoge la posibilidad del cierre cautelar de establecimientos públicos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, por ejemplo, exista un riesgo inminente de transmisión vírica.

En ese sentido, Vergeles ha puesto como ejemplo que no ponerse la mascarilla puede suponer una sanción leve, de 100 euros, si se está al aire libre y se respeta la distancia de seguridad, pero puede recibir una consideración distinta si el incumplimiento se detecta en un local de ocio nocturno sin tener en cuenta el necesario distanciamiento.