El Ayuntamiento de Mérida dejó sola a la Fiscalía, cuando perseguían un delito de malversación
Los a veces criticados fiscales han conseguido, siguiendo con la acusación en solitario, la condena de un ex alto cargo en el Ayuntamiento de Mérida, que se redactó un segundo contrato a su medida para subirse el sueldo y blindarse el puesto ante la llegada de un nuevo partido de gobierno, como así sucedió. La Audiencia Provincial de Badajoz acaba de condenar a Prudencio González a 4 años y 6 meses de cárcel, y a devolver 56.723 euros indebidamente cobrados, además de a ocho años de inhabilitación.
Los jueces establecen que como gerente de la empresa municipal de autobuses de Mérida cometió un delito de malversación de caudales públicos, y otro de simulación de documento.
Pero casi tan destacable como la conducta de esta persona, que tiene derecho a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es la relación de hechos desde que fue nombrado por un alcalde y senador del PP, Pedro Acedo, durante cuyo mandato cometió los delitos; cuando en 2007 perdió las elecciones y entró un nuevo alcalde del PSOE, este llevó el comportamiento del gerente de autobuses a la Fiscalía y el Ayuntamiento se personó como acusación particular por el presunto daño sufrido; pero cuando en 2011 Acedo volvió a la alcaldía, el Consistorio se retiró de la causa.
“Estrategias de partido”
Los fiscales siguieron adelante y en solitario con la investigación y la acusación, y ahora han conseguido la condena del ex alto cargo municipal, después de una instrucción larguísima (siete años) que ha obligado a aplicarle por ello un atenuante, y a través de declaraciones judiciales contradictorias de los protagonistas del caso, todos del PP, en las que se ha llegado a afirmar que en principio dijeron una cosa y al final otra por “estrategias de partido”.
La sentencia de fecha 28 de octubre, de la sección de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida, básicamente viene a concluir que el exgerente elaboró un añadido a su contrato original, un añadido que le subía el sueldo de forma retroactiva desde tres años atrás, y además endurecía las cláusulas penales y económicas por si le despedían después de las elecciones de 2007; ese añadido lo incorporó a un acta de un consejo de la empresa municipal de autobuses celebrado con anterioridad, donde no ha quedado claro en el juicio que ese asunto se tratara, y consiguió mediante engaño que el acta y el añadido lo firmara el presidente del consejo y concejal del PP. Posteriormente ordenó a una funcionaria que se le pagaran los más de 57.000 euros.
Al entrar tras las comicios un nuevo equipo de gobierno y de otro partido, el PSOE, y descubrirse el asunto del contrato modificado, le despidieron; consiguió una indemnización laboral de 36.000 euros pero los socialistas llevaron el fondo del asunto a la Fiscalía, con el resultado ahora conocido.
Miradas sobre el alcalde
Los partidos de la oposición municipal, PSOE e IU, volvieron ayer sus ojos contra el alcalde, Pedro Acedo, a quien ahora más que nunca le piden explicaciones, que sigue sin dar, de por qué cuando regresó al sillón en 2011 el Ayuntamiento renunció a seguir como acusación particular.
A juicio de los socialistas Acedo lo hizo “en la confianza de que el asunto terminara archivado y no se persiguiera a los miembros de consejo de administración de la empresa municipal, concejales del PP, que apoyaron la gestión del gerente”.
Le exigen que asuma su responsabilidad política. “Fue él quien nombró a su amigo, gerente de transportes urbanos, con un traje a medida; fue él quien nombró a los miembros del consejo; fue él quien pese a la infinidad de denuncias y críticas presentadas mantuvo al gerente y al consejo; fue él quien avaló en definitiva tanto a P.G. como al consejo que cerraba los ojos ante la evidencia: la empresa municipal de transportes se gestionaba para beneficio propio y no para beneficio del ayuntamiento”.
