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Campamentos Dignidad: Hay familias que tienen dos opciones, ocupar una vivienda social o dormir en la calle

Concentración en Mérida pidiendo pan, trabajo y techo / Campamento Dignidad

Jesús Conde

Darle una patada a la puerta de una vivienda protegida y colarse “no es un antojo para algunas familias, sino una necesidad para evitar dormir en las calles”.

Este es el mensaje que lanzan los Campamentos Dignidad, que aseguran que en la actualidad hay familias con menores a su cargo que no disponen de una alternativa habitacional.

Se trata según explican de familias en paro, sin recursos suficientes para mantenerse mientras sigue habiendo viviendas vacías, algunas de ellas durante más de dos años.

Los campamentos han protagonizado varias concentraciones a las puertas de la Consejería de Política Social, donde han denunciado “la extrema necesidad en la que se ven cientos de familias extremeñas ante las llegadas de comunicaciones de sus próximos e inminentes desahucios de vivienda pública”. Advierte que hay menores y que, si han llegado a ocupar, lo han hecho por la no respuesta de las administraciones.

Los campamentos apuntan al menos a cuatro casos así en Mérida. Se trata de personas a las que ya les habría llegado el aviso de desahucio, pese a tener menores a su cargo y no tener en estos momentos de alternativa si se ven en la calle.

Políticas de la Junta

Semanas atrás, con motivo del Día de la Pobreza, el consejero José María Vergeles detalló que la región combate las elevadas tasas de pobreza, por encima de la media, con planes de empleo social por 48 millones.

Se refiere a la ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que han permitido el acceso a la renta básica de 48 millones en el año 2016, y 35 en 2015. También puso de relieve otros 5 millones al acceso a los mínimos vitales, y que se complementarán con gas el próximo año; junto al programa de atención a las familias (2,6 millones).

Para combatir la privación material severa se han puesto en marcha los espacios educativos saludables por un millón de euros, junto a la minoración al cien por cien del alquiler social de las viviendas para personas en situación de privación material severa.

Vergeles destacó que su departamento en la actualidad “tiene al día el pago de la Renta Básica de todo lo que entra”.

El consejero anunció que la semana que viene mantendrán un encuentro con los representantes de los campamentos para “analizar cuál es la evidencia de retraso que tienen”, porque éste podría referirse, ha dicho, a que todavía no se haya registrado el incremento de trabajadores sociales al que se habían comprometido, informa Efe.

Ha agradecido a los profesionales de la Dirección General de Políticas Sociales su trabajo, porque ahora la noticia sería que no se pagase la Renta Básica, cuando hace unos años era todo lo contrario.

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