La discapacidad de la afectada consigue paralizar por segunda vez un desahucio en Badajoz
Campamento Dignidad, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos sociales han conseguido paralizar de nuevo el desahucio de la calle Uruguay de Badajoz. Su escudo de batalla ha sido una orden del juez que lleva el proceso por la que el desalojo quedará aplazado hasta que la afectada, Manoli, pueda recoger todas sus pertenencias, para lo que tendrá un plazo máximo de 20 días. Esta decisión ha sido tomada después de que la mujer presentase en los juzgados documentación acreditativa de su grado de discapacidad que atestigua el porqué no ha podido sacar sus enseres de la vivienda en los cinco días que consideraba el primer plazo.
El portavoz de Campamento Dignidad Badajoz, Antonio Chacón, cuenta que en torno a las nueve de la mañana del día de ayer, llegaban al domicilio los nuevos propietarios de la casa junto a un par de agentes de policía y un cerrajero. “Miembros de la PAH les dijeron que tenían orden del juez de que Manoli tendría entre 10 y 20 días más para recoger todo con tiempo”.
Chacón comenta que la “grave” discapacidad que sufre la afectada y “las visitas al hospital donde está su madre ingresada” le ha impedido sacar todos sus enseres de la vivienda.
Recurso contra su ex pareja
El portavoz recuerda que el ex marido de Manoli –titular del préstamo hipotecario- había dejado de pagar las mensualidades en 2013 sin comunicárselo a la mujer a pesar de que ella abonase el 50% de esta cantidad.
Ante esta situación, los distintos agentes sociales estudian con varios abogados qué puede hacer la afectada en contra de su ex pareja ya que “es una falsedad y un maltrato económico”, denuncia Chacón. Él mismo asegura que la mujer ha abonado el 50% de cada pago, por lo que también reivindicarán “el dinero que ha perdido”.
En cuanto a la vivienda, durante la primera paralización, los miembros sociales aseguraron que buscarían una alternativa para Manoli, “bien una vivienda social o del propio banco”. No obstante, en estos momentos, los representantes legales de la mujer se encuentran en plena investigación de “cómo demostrar que todo ha sido un fraude y que han suplantado su identidad durante la nueva venta” y que la afectada pueda recuperar su vivienda.
