Las subvenciones de la Junta a las empresas estarán ligadas a que pague el salario mínimo

La Junta de Extremadura incluirá, en las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas, que los beneficiarios, tanto si son empresas, como particulares o administraciones públicas, deberán cumplir y acreditar la obligación legal de pagar el SMI al personal que contraten con motivo de la subvención.

Así lo ha aprobado este jueves por unanimidad el Pleno del Parlamento extremeño al dar el visto bueno a una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura (UPE) con una enmienda de adición del PP.

En ésta se plantea que se adopten las medidas necesarias, con previsión expresa en los Presupuestos, para adecuar los importes de los planes y programas de empleo y formación para el empleo o cualquier transferencia a ayuntamientos, que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, a la cuantía del SMI que se establezca en 2020.

El diputado de UPE Joaquín Macías ha destacado la importancia de la subida del SMI en una región como Extremadura, con los salarios más bajos y con los mayores índices de pobreza, pero ha recordado la intransigencia de la patronal agraria para pagar este incremento, una situación que también se da, ha dicho, en otros sectores y en algunas mancomunidades y ayuntamientos.

Justicia social

Por ello, ha defendido esta propuesta “modesta”, pues únicamente “se ajusta a la legalidad”, como “una medida coherente y de justicia social para quienes tienen unas condiciones peores en Extremadura”.

El parlamentario del PSOE Juan Antonio González ha dado la bienvenida al SMI al “postureo de las derechas” y ha recordado que la Administración extremeña fue la primera en dictar un laudo de obligado cumplimiento para que los trabajadores del campo cobrasen esa subida.

González ha instado, no obstante, a Unidas por Extremadura que no generalice sobre los incumplimientos de ayuntamientos y mancomunidades en este ámbito porque “no son ciertos”.

Por parte del PP, Juan Luis Rodríguez Campos, ha justificado su apoyo a la iniciativa de UPE, ya que “no pide ni más ni menos que el cumplimiento de la ley”, mientras que David Salazar, de Cs, ha considerado esta propuesta como “sin sustancia” porque pedirle al poder ejecutivo que cumpla la ley, “es como pedirle a un médico que salve a un paciente o a un forense que certifique su muerte”.