La mitad de la lista de espera supera los plazos legales, y esos pacientes tendrán ahora prioridad
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado hoy el mantenimiento del Plan de Choque contra las listas de espera sanitarias con la misma cuantía que en 2015, pero con gestión diferente y dando prioridad a los pacientes que estén fuera de la garantía que establece la Ley de Tiempos de Respuesta.
El consejero ha comparecido este jueves en la Asamblea de Extremadura, para informar sobre la situación de las listas de espera sanitaria, que a fecha de junio de 2015 ascendía a 189.979 solicitudes, de las que 99.982 estaban sin cita.
Además, de total de la lista de espera, 87.089 están fuera o se prevé que superen los tiempos de espera que marca la ley de 2005, que es de 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas y 30 para pruebas complementarias.
En la lista de espera quirúrgica el tiempo medio de espera es de 121 días y 4.729 solicitudes están fuera de garantía, de las que 1.594 llevan esperando más de un año.
En consultas externas, hay 82.240 solicitudes en espera, de las que 36.922 están sin fecha asignada y 36.611 tienen que esperar más de los 60 días marcados para que se les atienda, mientras que para pruebas complementarias hay 25.546 solicitudes en espera, de las que 14.536 sin fecha y fuera de garantía 6.433.
Como ejemplo, ha citado que el tiempo medio para un TAC es de 63 días, para resonancia magnética nuclear 64 días, para ecografías 95 días y mamografías 140 días y 180 días para endoscopia
La espera es normal, pero no esto
Vergeles ha reconocido que los sistemas públicos tienen de forma consustancial listas de espera, pero ha añadido que a los responsables políticos se les exige “que sea sanitaria y socialmente sostenible”, y ahora no se encuentran dentro de esos limites, por lo que hay que actuar de forma decidida.
Por ello, ha anunciado que se “rescatará” la oficina central de listas de espera, formada por profesionales de los servicios centrales del SES y en las ocho áreas de salud para monitorizar permanentemente esas listas y poder facilitar los datos necesarios al grupo de trabajo propuesto en la Comisión de Sanidad del Parlamento.
Vergeles ha asegurado que se tendrá un especial control con los pacientes que estén fuera de garantía y los que se prevea que lo estarán y ha añadido que en los contratos de gestión que se firmarán con los distintos servicios y unidades clínica, de tal modo que los profesionales sean corresponsables con los gestores de la sanidad de la listas de espera.
Además, las áreas trabajaran para aumentar la actividad en los servicios que estén por debajo de los indicadores y, entre otras medidas, se agilizarán los procesos que sean necesarios, para que lo que pueda ser intervenido se haga en los Centros de Alta Resolución o centros que dispongan de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Ha asegurado que habrá una especial dedicación con los pacientes que no tienen cita y a los que incluso se llamará para conocer su situación y priorizar, y para ello pide la colaboración de todos los ciudadanos
PP: “En petit comité nos felicitan”
Por su parte, el portavoz del PP, José Angel Sánchez Juliá, ha insistido en que el Ejecutivo quiere dibujar “un escenario caótico” sobre la gestión que hizo el gobierno de José Antonio Monago, y ha criticado que el actual gobierno ponga en duda unos datos que se desprenden del sistema informático JARA y de una ley, que ellos pusieron en marcha.
Ha defendido la reducción de listas y tiempos de espera entre 2011 y 2015 con el gobierno del PP, una circunstancia que, ha añadido, “no es triunfalismo, sino datos oficiales” que, según asegura, “en petit comité” se califican como buenos por el actual gobierno.
Además, ha preguntado como es posible que si hay tantas solicitudes de pacientes en lista de espera se ponga en riesgo el futuro laboral de 160 profesionales del plan de choque y si no hay dinero cómo aumenta el personal directivo.
“Quieren desmontar todo lo que huele a PP y están perdiendo el tiempo”, ha dicho el diputado del PP, y ha añadido que si lo que desean es mejorar la asistencia en lugar de crear alarma “tendrán a su lado al PP”.
Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha dudado de la fiabilidad de estos datos y considera que el problema real es que falta inversión y coordinación en el sistema y entre las distintas estructuras.
En este sentido, ha demandado la contratación de nuevos sanitarios, afectados por el 22 por ciento que se ha recortado, y ha recordado que compromiso del consejero de cumplir con lo recogido en la Ley de Tiempos de Respuesta, ante el que estarán vigilante.
La diputada socialista Estrella Gordillo, por su parte, ha denunciado que la situación de esas listas “es caótica, las cifras que arrojan son ya insostenibles, inasumibles e inaceptables porque detrás de esos números lo que hay son personas esperando a que se les atienda”.
Acuerdo PSOE-C’s para el canon del agua
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha instado por otro lado a la Junta a eliminar el denominado canon del agua, y a elaborar un reglamento sobre el suministro domiciliario de agua en la comunidad que regule los derechos y deberes de los suministrados, y las responsabilidades de las empresas de agua.
Este reglamento debe recoger también las inspecciones de la administración, además de evitar los cortes a familias en riesgo de exclusión social, según la propuesta de impulso presentada por Ciudadanos, que ha sido aprobada con el voto a favor de PSOE. El PP ha votado en contra y Podemos se ha abstenido.
El texto incorpora una enmienda socialista donde se establece “regular el canon del agua con criterios de progresividad y equidad fiscal, además de garantizar el destino finalista hasta la definitiva eliminación del mismo”.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha recordado que el anterior Gobierno regional de José Antonio Monago comenzó a gravar en agosto de 2012 el consumo de agua de uso urbano en toda la región, con el llamado canon del agua, tras la aprobación de la Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego.
Según el decreto que lo regula, este impuesto tiene carácter finalista pero -ha dicho- a día de hoy se desconoce en qué infraestructuras hidráulicas se ha invertido la recaudación. “No se ha invertido un solo euro” a este fin, ha apostillado Domínguez.
Asimismo, ha criticado que el anterior Gobierno del PP se comprometiese a llevar a cabo la reducción progresiva del canon antes de las elecciones y, por tanto, de “manera electoralista”.
Respecto a una enmienda del PP en la que se precisaba que la eliminación del canon sea efectiva a partir del 1 de enero de 2016 y que se ha rechazado, Domínguez ha señalado que “no se puede poner fecha” por “el desaguisado presupuestario” que ha dejado el anterior Ejecutivo.
Por su parte, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha justificado que se establezca una fecha porque las circunstancias económicas han cambiado respecto de cuando se estableció. Según Carrón, la región entró en “la senda del crecimiento” en 2014, la cual se está “consolidando” en 2015.
Además, lo hacen por “coherencia” con lo anunciado por Monago en el debate del estado de la región de 2014, donde planteó una hoja de ruta para una eliminación “programada”; no en vano, “desde este año se está eliminando el 50% de la cuota fija”. También le ha indicado a Domínguez que las inversiones en infraestructuras hidráulicas pueden verse en los presupuestos.
El diputado socialista Jorge Amado Borrella ha subrayado que “a pesar de la penosa situación que ha dejado Monago”, pero “conscientes de la injusticia” que supone este impuesto, se regulará de forma progresiva hasta su supresión definitiva.
Para Borrella, el anterior Ejecutivo regional del PP se dedicó a “subir y crear impuestos para seguir haciendo recortes” en “una política sin alma”, que ha provocado “una expansión sin límites de la pobreza y la desigualdad” en la comunidad.
Ha asegurado que la herencia de su gestión es una deuda de “2.000 millones de euros” y unas cuentas con “ingresos intencionadamente inflados”, al tiempo que ha lamentado la “desfachatez” que, a su juicio, supone que el PP exija la supresión del canon que él creo.
El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha defendido garantizar el suministro de un recurso básico como es el agua a todo el mundo. Jaén ha aprovechado su intervención para criticar que el PSOE presentase una iniciativa antes de que acabase la legislatura para la supresión del canon, algo que defendió en campaña electoral, y ahora no lo haga de forma inmediata, lo cual es una “decepción” más.
Que el Gobierno cumpla
Los diputados han aprobado, con los votos a favor del PSOE, Podemos y Ciudadanos, una propuesta de impulso socialista por la que se insta al Gobierno central a realizar las inversiones complementarias, equivalentes al 1% del PIB regional, que contempla el Estatuto de Autonomía.
El PP se ha abstenido en la votación de esta iniciativa, aunque dos diputados de su grupo han votado en contra.
El defensor de la iniciativa, el diputado del PSOE Jorge Amado ha lamentado que el Gobierno haya incumplido la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto de Autonomía, en vigor desde 2011, que contemplaba inversiones adicionales equivalentes como mínimo al 1% del PIB regional, lo que supone que la región haya sufrido una merma en las inversiones públicas estatales que superan los 1.000 millones de euros.
A todo esto se suma, según Amado, la “considerable disminución” que ha sufrido Extremadura en cuanto a las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado desde que accedió al Gobierno Mariano Rajoy, lo que conllevaría una pérdida de otros 1.019 millones.
